A poco más de un mes de la decisión del gobierno de Javier Milei de prohibir la inclusión de tasas e impuestos provinciales y municipales en las facturas de los servicios públicos, el intendente Guillermo Montenegro derogó un gravamen que estaba fijado en la ordenanza impositiva desde 1999 y que se cobraba sobre el consumo de gas de red de uso doméstico. La decisión deberá ser convalidada por el Concejo Deliberante.

El decreto en cuestión es el 2427/2024 que fue firmado por Montenegro y publicado en los últimos días en el Boletín oficial. En él dispone ad referéndum de su aprobación por parte del Concejo Deliberante “derogar el artículo Nº72 de la Ordenanza Impositiva vigente” que establece que un porcentaje “para gravar los consumos de gas de redes de uso doméstico” y dispone que sea del 4%.

“Lo recaudado por este concepto será afectado a la realización de obras, cuyo listado será elevado para su aprobación por el Concejo Deliberante”, sostiene el artículo que hasta ahora estaba vigente y que fue derogado.

El decreto de Montenegro reseña que en junio de 1999 el Municipio suscribió con la empresa distribuidora de gas Camuzzi un convenio por medio del cual la firma “asumió el compromiso de liquidar y percibir aquel gravamen de parte de los usuarios del servicio”.

Y repara en la resolución adoptada el pasado 11 de septiembre por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación que determinó, básicamente, que no se podrán sumar impuestos y tasas en las facturas de los servicios públicos ya que las mismas sólo deberán referirse “al bien o servicio contratado por el consumidor y suministrado por el proveedor no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”.

A su vez, plantea que en base a esa resolución el pasado 4 de octubre el Ente Regulador del Gas (Enargas) emitió una propia disposición en la que dejó sin efecto “todas las autorizaciones para percibir tributos que fueron otorgadas bajo su vigencia, dando de baja los códigos de facturación del Sistema Automático de Remisión Informática (SARI)”.

Cuando se conoció la resolución del gobierno nacional, que previamente se había difundido a través de una declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, desde el gobierno municipal habían asegurado que empezarían a analizar detalladamente lo resuelto ya que era “mucho más amplio” de lo que se desprendía de las primeras declaraciones respecto a la medida.

Tras esta primera medida, todavía no se conocen definiciones sobre qué ocurrirá en el caso de las boletas de la empresa municipal Obras Sanitarias. Es que con ella se cobra la tasa Girsu –con un impacto mucho mayor en el monto final a pagar- que se creó en 2013 en Mar del Plata a través de la ordenanza fiscal.

Bajo el nombre de “Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano” su recaudación apunta a financiar por parte del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) la “gestión integral de los residuos sólidos urbanos, el funcionamiento de la planta de separación final de residuos, la comunicación y educación ambiental y sustentabilidad del ambiente natural y urbano”.

A su vez, desde 2015 el 7% de lo recaudado con esa tasa debe destinarse a financiar el “Programa Social del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” con el objetivo de dar “contención social a las familias afectadas por las actividades en el predio de disposición final”, aunque ese destino especificó -después de uno más general- que volvió a redactarse en 2019 es desde hace año motivo de reclamo