La realidad del país es que se ha degradado la administración y, consecuentemente, la jerarquía del funcionario público. En este proceso, la caída de la oferta de cargos en el sector privado fue convirtiendo al Estado en un empleador de última instancia. Un rol que le es ajeno y que no puede sostener.
En las últimas décadas, el incremento del gasto público con respecto al Producto Bruto Interno se duplicó. Esto, claramente, es una muestra del costo de la inflación, en el marco de los desequilibrios macroecónomicos que frenan el crecimiento, obligan al incremento del gasto y ofrecen un escenario favorable para que se multipliquen los abusos de los gobernantes y las designaciones políticas para tareas irrelevantes.
Es decir, no hay un Estado que, más allá de los cambios de gobierno, logre sostener las políticas públicas de largo plazo. En su defecto, se desarrolló un Estado benefactor, dispendioso, sin sistemas eficientes de auditoría y con un recurso constante al aumento sobre la carga impositiva. Un campo fértil para la demagogia, dentro de la cual abunda la designación arbitraria de cargos políticos, que luego son pasados a planta permanente.
Hay algo indiscutible y aceptado por la mayoría de los argentinos, que es el sobredimensionamiento y la ineficiencia de la administración pública. Incluso, esa condición estimula el clientelismo político. Por ese camino, todos perdemos. Esto lo deben entender los gremios y la dirigencia política. No se trata de desguazar el Estado; lo importante es hacerlo fuerte, dinámico, y ponerse al servicio del desarrollo económico y social, con decisiones acordadas y en las que nadie se paralice por temor al costo político que le toque pagar