Cuando nos preguntamos por qué pasan y se repiten en Santa Cruz determinados acontecimientos y luego vemos que se repiten a lo largo de la corta historia de la provincia; la respuesta es simple: falta justicia, investigación, difusión, persecución de los responsables y castigo.
El puerto de carga de YCRT en Punta Loyola – Foto: OPI Santa Cruz
Cuando nos preguntamos por qué pasan y se repiten en Santa Cruz determinados acontecimientos y luego vemos que se repiten a lo largo de la corta historia de la provincia; la respuesta es simple: falta justicia, investigación, difusión, persecución de los responsables y castigo.
Por esta razón en Punta Loyola desde hace más de 20 años se vienen generando problemas de todo tipo como desinversión, abandono de instalaciones, donaciones de grandes extensiones de tierras a empresas privadas, transferencias del muelle a YPF, luego a CGC, con incumplimiento de contratos, renovación de esos contratos (a pesar del incumplimiento de los anteriores), “instalación” de destilerías truchas y también, debido a la desinversión sistemática, tanto del Estado como de las operadora, se han producido derrames de petróleos que han contaminado el terreno, el mar y el muelle, sin que hasta el momento, ni la Secretaría de Medio Ambiente ni la Justicia, hayan puesto límites ni hayan castigado a los responsables.
Historia negra como el carbón y del petróleo
El muelle del puerto de Punta Loyola, hoy llamado Presidente Illia se construyó en 1974 como puerto carbonero, luego se decidió compartir el 29% de las instalaciones con YPF, tras el emplazamiento de la planta de almacenamiento de crudo.
En el año 2012 cuando el gobierno por Ley 23.696 procedió a la estatización de YPF no reclamó ese 29%, lo que ahora nos cuesta a los argentinos 16 mil millones de dólares y se estima que “algún vuelto” debe haber existido en aquella maniobra, como es común dentro de la corrupción estatal, casi un clásico de la política argentina.
Luego de esto el puerto pasó a manos de Pecom, más tarde Petrobras y luego CGC, quien desde hace varios lo concesiona, lo maneja de forma exclusiva y lo tiene a su cargo actualmente.
Respecto de esta última operadora, existen serias denuncias presentadas por incumplimiento de contratos, de los cuales se solicitaron las rescisión por los motivos, precisamente, que tienen como eje la falta de inversión.
De acuerdo al primer documento que consultó OPI, con más de 20 páginas donde se explica extensamente los detalles de ese incumplimento contractual de parte de la operadora, se puede establecer claramente que al final del año 2022 CGC adeudaba una inversión de 4.3 millones de dólares, sobre un total de 6,5 millones de la misma moneda.
La transferencia
En base a la documentación a la que accedió OPI con fecha 21 de marzo 2015 el Secretario de Minería Jorge Mayoral con la intervención de Atanasio Pérez Osuna, comunicó la transferencia, a partir del 1º de abril de ese año, la transferencia del muelle Presidente Illia de Petrobras Argentina SA a la empresa Compañía General de Combustibles SA (CGC) “...incluyendo la totalidad de los derechos de uso, operación, mantenimiento y explotación de dicho muelle correspondientes a dicha participación”, señala el documento a cuyo pie firman Eduardo Hugo Eurnekián por CGC y Benleid Schettini Frazao por parte de Petrobrás Argentina.
Incumplimientos sin revisión
Esos 2.2 millones que no fueron invertidos, hoy son producto de una investigación periodística de nuestra parte, teniendo como principal hipótesis para facilitar la corrupción, una falta de control ex profeso de parte de YCRT
Según los datos obtenidos, lo presupuestado para poner en valor el muelle en el año 2015, estaba estimado en 155 millones de pesos cuando el U$S estaba a $ 9.75.
En la actualidad las cañerías están obsoletas, las instalaciones tiene pérdidas y como quedó claramente demostrado con los derrames de hace unos meses, los ductos transportadores del crudo se encuentran en condiciones deplorables, carcomidos por las sales del mar, sin mantenimiento y ningún tipo de seguridad para resguardar el medio ambiente. Esto responde a una realidad: no hubo cumplimiento a la inversión comprometida.
Recordemos que el último barco de bandera griega (Fourni) que cargó crudo en el muelle Presidente Illia, CGC completó la carga del buque, aún cuando los derrames seguían produciéndose, incluyendo por fallas en una válvula del muelle, donde el hidrocarburo caía al agua y se sumó a los derrames previos en tierra firme. Por esta razón, la justicia federal allanó las oficinas de CGC y dejó fuera de operatividad al muelle de carga Presidente Illia.
En nuestros próximos informes, vamos a detallar minuciosamente los aspectos técnicos de la denuncia por desinversión de la petrolera en Punta Loyola, que el gobierno de Alicia Kirchner desconoció, YCRT ocultó y el actual gobierno provincial e Intervención del yacimiento, silencian. (Agencia OPI Santa Cruz)