En el Congreso comenzó el debate de fondo –y de fondos– entre la Nación y las provincias. Hay un esquema de reparto de recursos y responsabilidades que caduca con la gestión libertaria y todavía no se vislumbra otro horizonte que el conflicto institucional.
“El jardín de senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza, o parábola, cuyo tema es el tiempo”, se lee en el cuento de Jorge Luis Borges que justamente lleva por título El jardín de senderos que se bifurcan. En la Argentina de Javier Milei la mayor adivinanza es el presupuesto 2025 y el tema es la plata, pero también el tiempo: el ajuste a lo bruto que aplicó en su primer año el Gobierno libertario difícilmente pueda reiterarse en el segundo sin un conflicto institucional con las provincias.
Parece inevitable que los senderos del Presidente y de los gobernadores se bifurquen. Aún cuando sean gobernadores dialoguistas como Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.
El Congreso ya inició el debate en comisión de ese proyecto de presupuesto 2025 que no repara las pérdidas de los jubilados, no incluye los fondos que esperan las cajas jubilatorias provinciales, minimiza al extremo las partidas para obras públicas y a las universidades nacionales les otorga la mitad de lo que pidieron los rectores. Ese debate llevará varias semanas y nadie sabe qué saldrá de ahí.
El Presidente amenazó con vetar cualquier cambio que altere el equilibrio fiscal y dijo que para él no es problema gobernar por segundo año consecutivo sin presupuesto: esa opción le da discrecionalidad casi absoluta, aunque es objetable legalmente, además de ser una pésima señal institucional. Lo real es que Milei no tiene los votos para imponer el presupuesto que envió al Congreso.
La oposición puede aplicar cambios a ese proyecto, pero después le resultará muy difícil resistir un veto. Además, entre los opositores hay posturas muy distintas: para el kirchnerismo el equilibrio fiscal no es prioritario y entre los “dialoguistas” que coinciden en la necesidad de no gastar más de lo que ingresa, tampoco es tan sencillo el acuerdo respecto de qué hay que recortar para gastar más en otra cosa. La encerrona del debate presupuestario es una verdadera parábola de la política argentina.
Cordobesismo presupuestario
La mayor parte de los legisladores por Córdoba coincide en que el proyecto de Milei debe garantizar los recursos para la Caja de Jubilaciones y para que el sistema universitario supere el conflicto permanente que amenaza con dejar sin clases y sin mesas de exámenes a dos millones de estudiantes. No se trata de una meta muy ambiciosa: ya se dieron por perdidos para siempre los subsidios al transporte del interior, el Incentivo Docente, todo envío no automático y numerosos programas sociales y sanitarios que se cortaron cuando asumió Milei.
El Gobierno de Martín Llaryora coincide en esos objetivos y agrega el pedido de que la Nación cumpla con las partidas comprometidas por Milei para terminar la autovía a San Francisco y otros dos tramos en el interior. En el Panal piden poco y esperan menos. Después de escuchar al titular de la Anses desconociendo que la Nación tenga responsabilidades con las cajas provinciales, asumieron que mientras la Corte Suprema de Justicia siga mirando para otro lado no llegará un peso.
En el Panal aseguran que las cuentas provinciales siguen siendo superavitarias, pero se preparan para un 2025 muy complicado. Este año la reducción de la inversión en obra pública fue abrupta, la pérdida salarial de los estatales fue permanente, se reimplantaron los diferimientos en la Caja y ya se aplica la actualización de los impuestos patrimoniales por inflación.
La oposición provincial reiterará en breve que es hora de achicar la amplia estructura de 24 bocas, sumando los 14 ministerios y las 10 agencias provinciales. Es improbable que haya voces en contra de esa propuesta –en especial, dada la bajísima performance de alguna de esas carteras– pero el impacto de esa decisión es más político que económico.
El clima de época tampoco admite nuevos impuestos –en el pasado el corte de los envíos a la Caja se compensó con una tasa vial que se cargaba al combustible–, la profunda crisis no permite recortes en materia social y el discurso político de Llaryora exige un Estado presente que cuesta mucho. Es un verdadero desafío para la cartera de Guillermo Acosta sostener ese esquema sin reactivación económica y afrontando con recursos del Tesoro todo el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Como si no hubiera Nación
La instrucción de Llaryora es hacer de cuenta que la Nación no existe. Reitera en las reuniones de Gabinete que para Milei el Estado nacional no tiene ningún compromiso con la gente de a pie y que procurará traspasar todo a las provincias y a los municipios, para ocuparse tan solo de la macroeconomía –sin protección alguna y sin un plan de desarrollo, reprocha el gobernador–, de la Defensa y de la Justicia federal. En el Panal interpretan que detrás del desfinanciamiento de las universidades nacionales empieza a insinuarse la voluntad de transferirlas a las provincias, y también desconfían cada vez más del compromiso nacional de sostener las empresas públicas que operan en Córdoba.
“Para Milei, la gente es tema de las provincias y los municipios”, reitera Llaryora también entre los gobernadores. La semana pasada se conformó la Región Litoral, ideada por los gobernadores Pullaro y Frigerio, junto al correntino Gustavo Valdés, el chaqueño Leandro Zdero, el formoseño Gildo Insfrán y el misionero Hugo Passalacqua. Córdoba está lejos del río Paraná, pero Llaryora ya anunció que se sumará a ese bloque con toda la Región Centro.
En simultáneo, desde Córdoba estrechan lazos hacia el norte y hacia Cuyo. Los argumentos en materia de gestión y de integración regional son institucionalmente elegantes, pero lo real es que la mayor parte de los gobernadores se empiezan a preparar para una batalla política de fondo: un debate trascendental sobre las responsabilidades de cada estamento del Estado y los recursos para atenderlas.
Está claro que Milei tiene puntuales intereses en la macroeconomía, la Defensa y la Justicia federal.
Lo que no está claro es cómo financiarán las provincias todo el resto de las prestaciones, sobre todo en vistas de un esquema presupuestario que los obliga a ajustar más. Y considerando que las personas nacen, viven y mueren en las provincias.