La medida busca garantizar la transparencia en los cobros y el derecho de los consumidores a elegir. Según la normativa vigente, estos recargos no pueden formar parte de la factura del servicio contratado
El Banco Nación anunció que ofrecerá a sus clientes la opción de cancelar sus boletas de servicios públicos “sin incluir las tasas municipales ilegalmente agregadas en las boletas”, señaló la entidad en un comunicado.
Concretamente, los usuarios de la entidad, tendrán la opción desde la app BNA+ de pagar las boletas de servicios sin tasas municipales en aquellas jurisdicciones donde los intendentes resisten la prohibición de sumarlas.
Todos los bancos del país, a través de sus plataformas de pago, están en condiciones de ofrecer a sus clientes esta misma opción.
“La iniciativa del Banco Nación promueve la libertad de elección ya que nuestro ordenamiento jurídico posee rango constitucional y es una forma de dejar atrás el trato indigno a los consumidores, especialmente los más vulnerables”, explicó el presidente del BNA, Daniel Tillard.
Qué dice la normativa vigente
La resolución 267/2024, publicada el 10 de septiembre en el Boletín Oficial, establece: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.
De esta manera, la normativa aclara que las boletas de servicios públicos “no pueden contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”. En consecuencia, la resolución deja en claro que “el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto” por la ley.
Así, se especificó cuáles son los recargos que pueden estar incluidos en la boleta que le llega a cada usuario y no el cobro en sí de esos recargos. Esto es algo que la Nación no puede prohibir, debido a que las provincias y municipios tienen autonomía para este tipo de decisiones recaudatorias. Por esto mismo, la medida, entonces, busca “transparentar” ante el cliente cuál es el nivel de cobro de provincias y municipios por los servicios.
En su considerando, el Gobierno alega que, “con el transcurso del tiempo se ha ido transformando en una práctica generalizada, para una gran cantidad de proveedores en el mercado, la inclusión y facturación, dentro de la documentación comercial emitida a los consumidores por el suministro de bienes y servicios, conceptos ajenos a aquellos contratados por el consumidor”.
En ese sentido, consideraron a esta práctica como una “violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores”, así como una falta a la “libertad de elección del mismo”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció recientemente en su cuenta de X cuáles son los recargos impositivos municipales que ya no podrán ser incluidos en el costo del servicio. Entre ellos se encuentran: tasas de seguridad e higiene, cuota social, Bomberos, una asociación cooperadora para un hospital y otras ordenanzas. Santiago Migone, funcionario de la Secretaría de Industria y Comercio, anticipó que “la resolución abarcará, además, a los impuestos provinciales no relacionados con el servicio”.
Los reclamos empresarios
El cobro de las tasas municipales afecta a varias actividades, pero las que más padecen los incrementos exorbitantes del último año y la creación de nuevas que no tienen una contraprestación clara son los supermercados, los bancos y los hoteles. Es una realidad que los mayores aumentos sucedieron durante los nueve meses que lleva el actual gobierno debido a la fuerte reducción que hizo de los fondos.
Las provincias y municipios no sólo perciben menos fondos propios por la merma de actividad, sino que también reciben menos coparticipación y, naturalmente, menos transferencias discrecionales. Es por eso que los intendentes de todo el país, pero especialmente los bonaerenses, empezaron a echar mano a la suba de tasas ya existentes y a la creación de otras nuevas.
“Las alícuotas de Ingresos Brutos y tasas municipales están en los niveles más altos históricos, por lo que la presión tributaria actual es insostenible en el tiempo. Esta situación provoca la erosión de la poca rentabilidad del supermercadismo, pudiendo en algunas plazas transformarla en rentabilidad negativa”, había dicho a Infobae el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.
También se había expresado el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, al manifestar que en los últimos años varios municipios comenzaron a cobrar “tasas desproporcionadas, sin relación con los servicios que prestan” y “son una forma de extraer recursos de los usuarios financieros a cambio de nada, lo que les quita legitimidad y torna cuestionable su legalidad”.
“En lo que va de 2024, los aumentos de tasas duplican y hasta triplican la inflación del período, agravando aún más la situación. Inexplicable”, afirmó el directivo ante la consulta de este medio.
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