Comenzó a regir la norma nacional que determina que las facturas de servicios no pueden incluir otros cargos ajenos a la naturaleza del servicio prestado, lo que inhabilita a los municipios a emplear ese recurso como fuente de recaudación.
En febrero de 2020 Alejandro Iturbe, en representación de La Arboleda SA Agrícola Ganadera, promovió una demanda contra la municipalidad de Carlos Casares para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas fiscales e impositivas que determinaban que la Empresa Distribuidora de Energía Norte SA (EDEN) debía cobrar una tasa municipal por “servicios de alumbrado público”.
En noviembre de 2023 el titular del Tribunal Nº 1 Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen, Pablo C. Germain, determinó que en el período reclamado (2016 a 2019) el Municipio de Carlos Casares no prestó el servicio correspondiente a la tasa de alumbrado público, lo que implica que –tal como ya había ocurrido con otras demandas anteriores por tasas de “servicios de inspección en seguridad e higiene” y de “servicios de conservación, reparación y mejorado de la red vial”– el municipio deberá restituir los fondos a La Arboleda de la empresaria Andres Passerini.
“Primero logramos el pronunciamiento que permitió separar el cobro de la tarifa de electricidad de la tasa y luego hicimos el planteo de la ilegitimidad del cobro de la tasa porque la misma comprendía el supuesto servicio de alumbrado en un camino rural, algo insólito”, comentó Iturbe a Bichos de Campo. “Fuimos unos adelantados en la materia porque, con la resolución 267, el tema adquirió relevancia a nivel nacional”, añadió.
El caso de La Arboleda era el epítome del sinsentido porque se trata de una tasa cobrada por un tercero (la empresa de energía eléctrica) que estaba asociada a un servicio diferente al contenido en la boleta y que además no era prestado por el municipio.
Sin embargo, existen en los municipios de las diferentes provincias argentinas casos al respecto de todo tipo y color. La recomendación general es que los empresarios agropecuarios se tomen el trabajo de revisar los cargos contenidos en las facturas de servicios para verificar si están sufriendo una extracción indebida de recursos.
– Con la resolución 267, ¿existe mayor garantía de éxito al realizar un reclamo judicial al respecto?, preguntamos a Iturbe.
– Así es. Ahora no es sólo el planteo de un contribuyente manifestando a un juez que esa clase de actos afectan garantías constitucionales. Ahora se dispone de una resolución del Poder Ejecutivo Nacional que señala eso mismo y, por lo tanto, representa un respaldo al realizar el reclamo. Más allá de factores de índole federal, relativos a cuestiones de autonomía provincial o municipal, no se puede soslayar que una norma de orden nacional tiene una jerarquía superior.