El gobernador busca impulsar de manera acelerada la minería. El principal objetivo no es geológico, sino político. Otra negociación clave con YPF.
Alfredo Cornejo busca promocionar a Mendoza como provincia minera en un tiempo récord. En un año recorrió medio mundo y ejecutó con astucia algunas maniobras políticas adentro y afuera de la provincia que le permitieron ganar algo de ese tiempo. Una de ellas fue sumarse a la Mesa del Cobre, organización que le permite acceder a sitios que de otra manera serían imposible por la escala de negocios, la magnitud de las empresas y los prejuicios que acarrea Mendoza con el tema. La otra, puertas adentro, fue aprovechar toda su estructura política para cambiar normas, adecuar procedimientos e impulsar la actividad casi sin oposición.
Si la minería que hará Mendoza necesita o no procesos químicos se verá mucho más adelante. Pero antes, Cornejo busca una alquimia política compleja: sacar a Mendoza de la zona de prejuicios y de zona roja para desarrollar esa actividad. El proceso es complejo, pues no solo se trata de la misma provincia, sino incluso de los mismos actores que condicionaron años atrás la actividad que ahora promocionan. El ejemplo más tangible fue, como contó MDZ, lo ocurrido con las empresas Anglo American y Río Tinto. Ambas tuvieron experiencias complejas en Mendoza con la minería. Anglo American fue una de las primeras en buscar cobre en el Valle de Uco y tuvo un litigio con el Gobierno de Julio Cobos por la ampliación de la reserva Laguna del Diamante. Todo comenzó en 2003, con los primeros trabajos de exploración. La resistencia de la comunidad de San Carlos terminó con la sanción de dos leyes: una prohibiendo la minería, que fue vetada, y la 7722, sancionada en 2007.
Esa empresa abandonó la provincia y ahora Cornejo, que era funcionario entonces, se reunió con ellos en Londres. Río Tinto fue la empresa que desarrolló Potasio Río Colorado y hasta llevó ambientalistas a Inglaterra para que explicaran allí las objeciones con la minería. Luego el proyecto fue vendido a la brasileña Vale, que comenzó la construcción y dejó todo a medio hacer en 2012. La larga cadena de peajes que esa minera debió pagar fue parte de la decisión. No se consiguieron inversiones fuera de Argentina para resucitar el proyecto, que quedó en manos de Minera Aguilar (de José Luis Manzano) y que debería tener en marcha el plan de inversiones para montar la planta piloto. Para este año la empresa debía contratar a las primeras 60 personas, aunque por la demanda de tareas deberían ser más. El plan de la planta debería estar listo para comenzar a ejecutarse. El contrato exige el cumplimiento de un cronograma, aunque pasaron cosas. Hasta se recomienda contratar e IMPSA, empresa que está hoy en un limbo. MDZ realizó un pedido de acceso a información para que se detallara el nivel de cumplimiento de Minera Aguilar. La respuesta fue escueta: se ha cumplido con el cronograma establecido.
Alquimia política
Lo que ocurrió con Potasio Río Colorado en cuanto a las dificultades para conseguir inversores puertas afuera de Mendoza es lo mismo que le pasó a Cerro Amarillo, a Hierro Indio y a varios proyectos más: no se consiguieron inversiones y hubo que recurrir a fondos propios o al Estado para avanzar.
Cambiar ese esquema es uno de los objetivos de Cornejo con la minería. Es complejo. En Londres hubo otros referentes que tienen conocimiento sobre Mendoza y que soy relevantes para la industria. Entre otros, por ejemplo, estuvieron los representantes de Deprominsa, una de las principales referentes en la exploración y que ha sido vehículo de algunos de los principales proyectos mineros del país. Esa empresa fue la que inició la exploración en Paramillos, hace 20 años. Pero también frenó los trabajos y dejó la provincia por los litigios con Danone, superficiaria del lugar. Ricardo Martínez, titular de la empresa y referente de la Cámara Minera, estuvo en Inglaterra con la comitiva de San Juan.
Con el retorno, el gobernador Alfredo Cornejo enviará a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental del Malargüe Distritro Minero Occidental. Es el primer paquete del mega plan de exploración para buscar cobre. La primera tanda de 34 proyectos llegará con la DIA aprobada, pero con una lista extensa de condicionamientos. La metodología “sui generis” también tiene complejidades difíciles de resolver desde lo administrativo. Los 34 proyectos tienen un informe particular que, como ocurrió con los estudios de Impacto Ambiental, son calcados: las mismas recomendaciones para todos. La Dirección de Protección Ambiental unificó criterios para destacar algunos de los condicionamientos. El principal tiene que ver con el uso del agua. También hay detalles sobre la forma en la que deberán trabajar y las áreas restringidas.
Tras haber quedado enmarcados con el proyecto marco de Impulsa Mendoza, la empresa estatal creada para el plan, ahora cada propietario deberá tener un plan de trabajo específico. La Dirección de Minería puso un listado de 62 instrucciones para cada proyecto donde se resumen algunas de las advertencias marcadas por los organismos técnicos, científicos y políticos que dictaminaron en el expediente. La Dirección de Protección Ambiental hizo lo propio.
La bisagra es importante, pues el negocio pasará de su fase especulativa e inmobiliaria, a la productiva. El Código de Procedimiento Minero pone plazos para ejecutar los planes de inversión. En el camino hay un dato político relevante. El control conjunto de la actividad que ejercen Ambiente y Minería tuvo distintos momentos. A principios de los 2000 era una relación tensa y que terminó bloqueando gran parte de los procesos. Hoy está en el otro extremo: Ambiente quedó subordinado a lo que decida Minería y se promociona el “hacer para ver”; incluso alegando la falta de información (teoría desmentida por organismos oficiales en el propio expediente).
La primera campaña de exploración del Distrito Minero será humilde en cuanto a las expectativas, pues las empresas que inicien los trabajos se encontrarán con varias dificultades. Lo principal será la falta de caminos y logística. El atraso de Mendoza en el tema es enorme y no solo es adjudicable al estancamiento de la minería. Ocurre lo mismo con el petróleo, actividad que tiene más de 100 años de desarrollo en la Provincia y que se ejecutó con una visión netamente extractivista: no se sembraron otras actividades, ni se desarrolló un plan logístico para mejorar las condiciones. Por eso las complejidades para explorar el lado local de Vaca Muerta y también la dependencia de Neuquén para todo.
En su retorno Cornejo también tendrá que tomar decisiones con esa actividad. Es que en octubre vencen los plazos para el traspaso de las áreas petroleras que YPF dejó de lado y desea vender. Aunque se hicieron los anuncios oficiales, no se concretaron las operaciones para pasarle los bloques de Mendoza Norte a Petróleos Sudamericanos, lo mismo con Mendoza Sur a Quintana Energy y TSB. En la industria la situación inquieta.
El traspaso viene de la mano con el cumplimiento de los contratos preexistentes, con los compromisos ambientales incluidos. También con una extensión de las concesiones que la Provincia debería autorizar y un plan de inversiones que también se puso como requisito. Ese camino es tenso. La “paz social” garantizada por YPF, las empresas de servicios y los gremios vence también a fin de mes. La petrolera estatal hizo la selección de las empresas para el traspaso de las áreas según los criterios establecidos junto con el banco Santander. Pero hay otros postulantes cuyas ofertas no fueron descartadas. Para Mendoza es fundamental: las 14 áreas a traspasar producen más del 30% de todo el petróleo y ocupan una superficie gigante. En el caso de Mendoza Norte, es la zona más desertificada por la actividad petrolera y tiene más de 1000 pozos de los que se extrae más de un 95% de agua