La economía argentina depende de su capital natural, lo que exige una gestión sostenible para evitar su degradación. Es crucial un debate estratégico intersectorial para adaptarse a regulaciones internacionales y diseñar políticas basadas en evidencia.
La conciencia sobre la relevancia del manejo sostenible de los recursos naturales ha ido apareciendo en la agenda del debate progresivamente. El cambio climático y sus consecuencias, cada vez más palpables para distintos sectores de la sociedad, ayudaron a instalar una nueva valoración del ambiente como sustento de un equilibrio natural del sistema planetario, clave para mitigar efectos negativos sobre la sociedad y también sobre la economía.
La economía global se basa en el uso de recursos naturales; y en países como la Argentina, en una buena medida, sobre recursos naturales renovables. La gestión de los suelos, el agua y la maximización del uso de la radiación solar para generar alimentos es la base del principal rubro exportador de la Argentina, el Agro. Pero también otras actividades -como el turismo, que en muchas localidades de la Patagonia representa un fuerte motor de la economía local- están sostenidas por la biodiversidad y los ecosistemas naturales. En un paralelismo con la economía ha surgido el concepto de “capital natural” que, aún discutido por algunos sectores ambientales en cuanto a la pertinencia de poner un valor económico a la naturaleza, ilustra con mayor claridad esa vinculación directa del ambiente con la sociedad.
En muchos casos, poner un valor económico a los bienes naturales ha ayudado a una toma de conciencia y también, al diseño de políticas públicas que integren la naturaleza con las personas. Varios países han comenzado a incorporar el valor económico de sus recursos naturales en las cuentas públicas nacionales, lo que ha contribuido a la toma de decisiones -en particular, en el desarrollo de programas, planes y proyectos que pueden generar una afectación a ese capital-.
Las aproximaciones para esta valoración del capital natural son diversas, pero una de las más simples es la cuantificación de la actividad económica que genera, por ejemplo, el turismo en un área protegida. Bajo el supuesto de que una degradación del ambiente en un área turística puede incidir negativamente sobre los ingresos (imaginemos Bariloche sin sus bosques), algunas políticas han priorizado la inversión en la conservación de esas áreas o, incluso, la creación de nuevos parques nacionales u otras áreas protegidas.
¿Invertimos mayores esfuerzos en la lucha contra el fuego y en la preservación de las áreas protegidas en Patagonia, o asumimos el riesgo de perder ingresos futuros derivados del turismo?
En estos términos, el capital natural de la Argentina es inmenso. No sólo sus recursos naturales proveen de bienes para sostener su consumo interno, sino que a través de exportación de productos del agro, proveemos de alimentos para unos 400 millones de habitantes en el mundo. Sumemos a esolos ingresos por turismo internacional que, en buena medida, visita nuestro país para conocer sus riquezas naturales.
Pero este capital natural ha venido sufriendo recortes en forma progresiva. No vivimos sólo con los intereses, sino que estamos sosteniendo parte de nuestra economía, consumiendo gradualmente ese capital, lo cual se torna en una paulatina degradación del ambiente. ¿Cuánto incide la pérdida de bosques y la degradación de pastizales originada por los incendios en Córdoba y cómo afecta a las cada vez más recurrentes emergencias hídricas en la provincia? ¿La deforestación en la región chaqueña para habilitar nuevas tierras agrícolas puede generar cambios en el clima y en la disponibilidad de agua, que afecten a la producción agropecuaria en un futuro cercano? Y frente a estos escenarios, ¿es económicamente más conveniente invertir mayores recursos en la prevención de incendios que remediar las pérdidas con nuevas inversiones en obras hidráulicas? ¿Sería conveniente planificar en forma más ordenada el proceso de expansión agrícola en la región chaqueña, preservando superficies suficientes de bosques nativos que permitan sostener el equilibrio del sistema, o asumimos las pérdidas futuras en productividad y área sembrada? Y en la misma línea, ¿invertimos mayores esfuerzos en la lucha contra el fuego y en la preservación de las áreas protegidas en Patagonia o asumimos el riesgo de perder ingresos futuros derivados del turismo?
Otro derivado de estos nuevos debates, ha sido la mayor injerencia de requerimientos ambientales en las políticas comerciales. Ha dado mucho que hablar la reciente regulación de la Unión Europea que limitará, a partir del año próximo, el ingreso de soja y carne que provenga de áreas de producción donde ocurrieron desmontes posteriores a 2021. O el establecimiento de impuestos al carbono en frontera, que castigan a productos que sean producidos en cadenas de valor que generen altas emisiones de gases de efecto invernadero. Barreras que se vislumbran como un camino progresivo hacia mayores restricciones que distintos bloques regionales o países van imponiendo.
En definitiva, la Argentina, como país altamente dependiente de su capital natural, debe comenzar a dar algunos de estos debates con una mirada estratégica de cómo el mundo se está moviendo y cómo eso puede afectarnos.
Desde Cippec hemos comenzado a promover estas conversaciones, que deben incorporar a todos los sectores en un debate basado en evidencia. Sin duda, Argentina tiene enormes oportunidades en esta nueva agenda internacional. Con un importante capital natural, un sector científico con amplias capacidades para aportar evidencia, y un sector emprendedor innovador, puede sin dudas transformarse en un actor relevante como proveedor de bienes y servicios sostenibles. Pero necesitamos encontrar los ámbitos para construir esta mirada estratégica intersectorial y diseñar las políticas necesarias para hacerlo realidad.
(*) Investigador asociado de Desarrollo Económico de Cippec.
(**) Directora de Desarrollo Económico de Cippec