El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una resolución a favor del municipio, y suspendió la aplicación de la Resolución 267/2024 en el distrito, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

El anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, generó una fuerte controversia que se escenificó rapidamente en la Provincia. Los intendentes denunciaron la intención de desfinanciar a los gobiernos locales y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) se pronunció con un comunicado oficial en el que advertía que la decisión impulsaría una seguidilla de presentaciones en la Justicia.

El amparo que presentó el gobierno de Federico Achaval, advertía sobre los daños que la medida generaría a las arcas municipales mientras que el fallo de González Charvay reconoce que «la medida cautelar no afecta al erario público nacional». Por esa razón, decidió suspender la aplicación de la normativa y pidió informes que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria y Comercio deberán presentar en un plazo máximo de cinco días.

«La resolución dictada no ha medido las consecuencias y los derechos individuales que conculca, tales como el derecho a la vida, la salud, la integridad física», dice el fallo que representa un primer revés a la medida que ya recibió cuestionamientos por parte de la mayoría de los municipios del país.

En su comunicado, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, que es encargado de la regulación en parte de los municipios bonaerenses, había señalado que la Ley provincial 11.769, en su artículo 78, permite la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos.

El mismo gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se había puesto del lado de los municipios al señalar que “lo planteado por el gobierno nacional busca sacar un instrumento que tienen los intendentes para tener mayor cobrabilidad”.

Vale señalar que durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires ya había prohibido la inclusión de impuestos locales en las boletas de luz, una decisión que afectó negativamente a muchas gestiones locales.

Página/12