El cuidado ambiental y el respeto a la ley 7722 estuvo a la cabeza de las explicaciones por parte de los funcionarios. El río Atuel está excluido. Apoyo social al desarrollo de la actividad .
La audiencia de evaluación de impacto ambiental de los 34 proyectos que están dentro del distrito minero Malargüe se realizó en el departamento sureño y los oradores como así también la comunidad en general pudo seguir las alternativas de manera presencial en el Centro de Congresos y Exposiciones o por internet en tiempo real a través de la plataforma Zoom y YouTube.
Entre los oradores, la mayoría se expresó a favor de desarrollar la actividad sin dejar de remarcar que la protección del ambiente debe ser crucial.
Desde que Alfredo Cornejo llegó a Casa de Gobierno para hacer frente a un segundo mandato, inició de lleno el proceso para desarrollar la minería metalífera en el sur provincial.
La estrategia incluyó la creación y delimitación de los 18.000 km2 del Distrito Minero Occidental y la modificación al Código de Procedimiento Minero lo que permitió agilizar los pasos burocráticos para que exista una sola Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que englobe a todos los proyectos de exploración que luego será analizado por la Legislatura.
Antes de que la DIA pase a las Cámaras legislativas, “se decidió realizar la audiencia pública en el territorio sureño y extensiva a toda la provincia por medio de las plataformas digitales.
Para abrir la audiencia, el intendente Celso Jaque se expidió favorablemente por la actividad recalcando que “se puede hacer minería sustentable” respetando “el marco legal vigente”.
Entrando de lleno en la audiencia, los funcionarios mendocinos dejaron en claro que lo que se sometió a debate fue la DIA de 34 proyectos en la etapa de “exploración” y luego explicaron largamente los procesos de control exhaustivos que están previstos desarrollar en caso de que comiencen los trabajos dentro del área delimitada.
A lo largo de la explicación que realizó Jerónimo Shantal, director de Minería, se encargó de remarcar que “no había obligación” de realizar la audiencia pública, y luego mencionó explícitamente que la ley 7722 se cumplirá a rajatabla ya que, son proyectos mineros metalíferos porque “sabemos que el potencial es cobre”.
Además recordó que es la única actividad que deberá actualizar “la DIA cada 2 años” y siguiendo los pasos que dicta la 7722, deberá pasar por la Legislatura.
En tanto, Emilio Guiñazú, gerente general de Impulsa Mendoza, hizo foco en un punto que siempre generó conflictos en el Sur: el agua y en particular el río Atuel.
Para desterrar todo tipo de dudas y cuestionamientos, Guiñazú aseguró que analizaron cuidadosamente la zona y tomaron “una muy importante decisión, no tocamos la cuenca del río Atuel”.
“No queríamos entrar en una discusión que no nos llevaba a ningún lado sobre el uso del recurso hídrico, entonces la decisión fue excluir específicamente la cuenca del Atuel de los límites del distrito minero”, sentenció.
Además indicó que explícitamente están excluidas “todas las áreas naturales protegidas de los límites del distrito minero” como “l parque provincial de la Laguna del Atuel, la Payunia o Llancanelo”.
Licencia social para la minería
Los oradores tenían cinco minutos para defender su postura, tanto en contra como a favor del proyecto minero.
Entre los que hicieron uso de la palabra, se marcó “los puestos de trabajo que va a generar la actividad” como lo dijo un ganadero de General Alvear Gaspar, en la misma sintonía que María Luz Freites, estudiante escuela técnica en Malargüe que pidió que “es muy importante que se abran las puertas a los desarrollos mineros. La minería no solo genera puestos de trabajo directos sino también indirectos, lo que nos permite crecer como y ciudad además la provincia. La minería no es un capricho, sino el futuro de todos”, afirmó.
La diputada provincial (LUM) Jimena Cogo utilizó sus 5 minutos para lanzar duras críticas al gobierno mendocino y hasta dejó en claro que no estuvo de acuerdo con la modificación del Código de Procedimientos Mineros por lo que “me llamaron antiminera”, dijo, pero luego aseguró que está a favor “del desarrollo minero” porque “en Malargüe hay licencia social para hacer minería”.
David Sacarías, licenciado en administración y postgrado en psicología laboral, vive en Malargüe hace 6 años y llegó inicialmente por el tema turístico. También aclaró que tiene una trayectoria de 20 años en el rubro minero. “Nos debemos el compromiso de que esto funcione”, fue una de las frases que lanzó.
Matías Ávalos titular de una pyme alvearense dedicada al trabajo con aluminio sostuvo “que se desarrolle la minería en Malargüe es bueno, se va a genera empleo pero siempre hay que respetar el medio ambiente. Para crecer con nuestro trabajo en donde vivimos, actualmente tenemos que viajar bastante y para hacer una buena venta dependemos del mercado patagónico (Vaca Muerta). Por eso, si Malargüe crece se beneficia todo el Sur de Mendoza. Apoyo todas las actividades que generen desarrollo económico y mano de obra de calidad”.