Polémica con los intendentes y dudas tras la medida de Caputo. Los impuestos a la luz y el gas son más del 30%

«Uno de los conceptos usualmente incluidos es la tasa de alumbrado público, pero también pueden ser otros servicios como el agua, cloaca o sepelio. Además, las facturas suelen incluir impuestos nacionales (IVA), provinciales (Ingresos brutos) y tasas e impuestos municipales», explican.

«¿Y por qué se cobra así? Este mecanismo garantiza recursos a los agentes de recaudación: si no se paga la electricidad/gas, se corta el servicio. Atar el pago de impuestos/tasas a este esquema aumenta el cumplimiento sin mayores esfuerzos de fiscalización», detalla el informe.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dijo ayer a radio AM 1420 que la cobrabilidad del alumbrado público como boleta aparte es del 60% y que ahora, con la crisis, cayó al 55%. En cambio, la factura eléctrica tiene una cobrabilidad superior al 95%.

Por eso, otros líderes comunales advierten que si deben cobrar el alumbrado por afuera de la boleta de la luz, los municipios entrarán en deuda con las distribuidoras eléctricas y «el conurbano puede ser una boca de lobo» si hay cortes en las calles.

Transparencia fiscal vs recaudación

El registro del CEFIP aporta perspectiva sobre la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio, publicada este miércoles 11 en el Boletín Oficial, con la que el Gobierno busca contribuir a la «transparencia» fiscal.

Sin embargo, las provincias y municipios controlados por la oposición reaccionaron y contestaron que, en realidad, Nación avanza sobre su autonomía y podría desfinanciarlos.

La medida oficial apunta a que a mediados de octubre, cuando se cumpla el plazo de adaptación previsto de 30 días, las facturas de cualquier bien o servicio público domiciliario (energía eléctrica, gas natural por redes o agua) estén exentas de cualquier otro impuesto que no sean los nacionales, de manera de lograr una baja incluso nominal en las boletas.

No obstante, la redacción ambigua de la norma abrió la puerta a múltiples dudas. La obligación ahora no será de los intendentes para dejar de cobrar adicionales que no tienen nada que ver con los servicios prestados, sino que las empresas son las obligadas a no computar esos cargos extra en las facturas.

«Es muy difícil interpretar la resolución y nos pone en un lugar incómodo. Les escribimos a los intendentes para adaptarnos y ninguno contestó, deben estar analizando con sus abogados la forma de seguir cobrando sus tasas municipales», explicaron a Clarín desde el sector privado. «Nos veríamos en el medio de una resolución nacional y ordenanzas municipales«, agregaron.

La polémica tomó vuelo a partir de la generalización del cobro de la «tasa vial» o similares en decenas de municipios del conurbano bonaerense y del interior del país, que encarecen los valores de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio con el único fin de financiar las cajas de los intendentes.

Y a partir de que en Lanús el intendente Julián Álvarez incrementó del 2,36% al 6% la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), explotó la bronca de los supermercados, que avisaron que debían aumentar sus precios en igual magnitud.