El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, aclaró la postura de la administración local.
Munisaga explicó que la resolución que prohíbe el cobro de tasas adicionales a los servicios públicos no es aplicable en San Juan. «En San Juan, la resolución dice que se prohíbe el cobro de cargos y tasas que sean de la naturaleza del servicio. Era el mismo caso que vivió la provincia de Buenos Aires, que les cobraba una contribución para el hospital, una contribución para los municipales, una tasa de encargo municipal, que cobraba a los consumidores para pagar en el mismo sistema para que prendan la luz», detalló el intendente.
El monto que la municipalidad debe pagar por el suministro eléctrico es significativo, alcanzando los 120 millones de pesos mensuales, según Munisaga. “Nosotros pagamos más de 120 millones de pesos por mes”, subrayó.
Munisaga también comentó sobre el contexto de la resolución nacional, señalando que la ley nacional establece un marco regulatorio para la generación, transporte, distribución y regulación de la electricidad, así como los derechos de los usuarios. «Lo más grave es que no hay aplicación porque es una resolución que emana de un organismo ejecutivo, en un marco regulatorio de ley nacional. Esto nos da una visión de cómo se regula el sistema, cómo se genera la electricidad y cómo se transporta, distribuye y funcionan los reguladores», dijo.
A pesar de esto, Munisaga aclaró que, dado el sistema federal en el que se encuentra San Juan y su Constitución provincial, la resolución nacional no puede imponer cambios en el marco regulatorio provincial. «Todo eso está en la ley nacional. En San Juan, como estamos en un sistema federal, tiene su propio marco regulatorio provincial, una ley provincial, que también utiliza las mismas condiciones. No puede una resolución de una secretaría hacer obligatoria y aplicable esa prohibición en el territorio», concluyó.
La postura de Munisaga refleja el conflicto entre la normativa nacional y la regulación provincial, y destaca las dificultades que enfrentan los gobiernos locales al intentar equilibrar las demandas de los ciudadanos con las normativas vigentes. (www.REALPOLITIK.com.ar)