En medio de la disputa por la retirada de YPF en las zonas maduras, los diputados le dieron el visto bueno a la iniciativa el titular de la bancada vidalista en la Legislatura, Fernando Españon, que busca garantizar la estabilidad laboral y productiva para el sector hidrocarburífero.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó hoy el proyecto impulsado por el diputado Fernando Españon, que declara la Emergencia Petrolera en la provincia. La iniciativa busca proteger la producción hidrocarburífera y salvaguardar los empleos ante la disminución de inversiones de YPF en los yacimientos convencionales.
En ese marco, el estado de emergencia tendrá una duración de 12 meses e incluye medidas para mitigar el impacto de la baja de actividad en áreas como Barranca Yankowsky y Cañadón León, que representan un 30% de la producción de crudo en la región.
Españon destacó la importancia de crear una mesa de diálogo integrada por sindicatos, empresas, el Poder Ejecutivo, legisladores y expertos en hidrocarburos, con el fin de coordinar acciones que aseguren la continuidad de la producción. Además, la normativa aprobada prohíbe los despidos en los yacimientos afectados, lo que garantizaría la estabilidad laboral de unos 4.500 trabajadores.
«Estamos tomando una medida histórica que, aunque no soluciona todo, envía un claro mensaje de que no permitiremos que Santa Cruz pierda su producción petrolera ni sus empleos», afirmó el diputado y agregó. “No podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras miles de familias temen por su futuro».
La ya declarada Emergencia Petrolera en Santa Cruz encuentra su precedente más cercano en 2017, cuando la Legislatura sancionó por unanimidad una legislación similar con fuertes críticas a YPF. En ese momento, se acusaba a la petrolera estatal de aplicar un ajuste y de no cumplir con las inversiones comprometidas en la provincia. El diputado Gerardo Terraz, de la coalición Unión para Vivir Mejor (UPVM, Cambiemos), señaló que «la inversión de YPF en Santa Cruz es cero, mientras la perforación cayó un 63%, y en el primer trimestre de ese año se registraron 536 telegramas de despido en la provincia».
La ley de 2017, que tuvo vigencia hasta fin de ese año, estableció la revisión de los compromisos de inversión de las petroleras y la suspensión de despidos por 180 días. El proyecto fue consensuado a partir de una iniciativa del comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, quien reunió a los legisladores de la zona norte de la provincia para acordar medidas que dieran respuesta a la crisis del sector. Esta medida buscaba generar una alternativa a la «inversión cero» de YPF, evitando mayores pérdidas para la economía provincial.
A su vez Jorge Soloaga, presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, también presentó un proyecto para declarar la emergencia petrolera, alertando sobre la reducción en la producción de YPF, que pasó de 191.923 metros cúbicos en diciembre de 2023 a 143.384 en junio de 2024. Su propuesta coincidía en varios puntos con la de Españon, incluyendo la necesidad de proteger los puestos de trabajo y frenar el deterioro productivo en Santa Cruz.