Carece de justificación legal
Su aplicación en diferentes municipios del país ha generado una fuerte polémica en el sector y entre los consumidores, pero además llamó la atención de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo que vienen rechazando este polémico tributo, el cual es seriamente cuestionado por los expertos en leyes.
Por Redacción Surtidores
En su momento el vocero presidencial Manuel Adorni había expresado su oposición a la implementación de la tasa vial que incrementa los precios de los combustibles en los municipios donde se lleva adelante y ahora le tocó el turno al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien denunció públicamente esta práctica, acusando a los intendentes de utilizar este cobro extraordinario como un mecanismo encubierto de obtención de dinero público que carece de justificación legal o económica.
“Han creado una estructura de recaudación que oculta lo que realmente cobran“, señaló Sturzenegger, quien alertó que esta situación afecta tanto a los consumidores como a los operadores de Estaciones de Servicio.
En ese contexto, los tributaristas coinciden con la postura del funcionario al considerar que la tasa vial es, en realidad, un impuesto escondido tras un concepto equívoco. Es el caso del abogado Diego Fraga, quien sostuvo en diálogo con surtidores.com.ar que estas tasas locales “no retribuyen ningún servicio en particular y, como tales, son inconstitucionales”. Según el experto, las municipalidades suelen destinar estos fondos a rentas generales, en lugar de usarlos para un fin específico relacionado con el servicio prestado, lo que constituye una violación de los principios tributarios básicos.
Sturzenegger había sido enfático al señalar que los municipios y provincias utilizan estas tasas como una forma oculta de aumentar sus ingresos sin enfrentar directamente a sus ciudadanos. “Uno podría decir que, si quieren cobrar mucho, que lo hagan, y que sea el ciudadano de cada provincia quien se arregle con su gobernador y lo interpele. Sin embargo, observamos algo en las tasas municipales y provinciales: se imponen bajo el paraguas de instrumentos nacionales“, afirmó el ministro, cuestionando la legitimidad de estos gravámenes.
En el mismo sentido Fraga destacó que la tasa vial se presenta como un impuesto que, en teoría, debería estar vinculado a un servicio específico –como el mantenimiento de las rutas–, pero que en la práctica se convierte en una simple herramienta de recaudación sin ningún tipo de contraprestación clara para los contribuyentes. “Son impuestos disfrazados de tasas porque no retribuyen ningún servicio en particular“, enfatizó el entrevistado quien advirtió que esta práctica genera un sobrecosto injustificado en el precio de los combustibles.
UN GOLPE A LA RENTABILIDAD DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Esto no solo afecta a los consumidores finales, que ven incrementado el precio de llenar el tanque, sino también a las expendedoras, cuya ganancia ya golpeada se ve aún más comprometida. “Perjudican no sólo a los usuarios, sino también a los estacioneros del municipio, porque el cliente irá para aquellas ciudades en donde no se aplique“, explicó Fraga.
Ante el aumento de la presión tributaria municipal, tanto Sturzenegger como los especialistas en derecho tributario coincidieron en una revisión profunda de estos mecanismos de recaudación.
“Es necesario exigir mayor transparencia y una justificación clara de cada carga impositiva que se impone a los ciudadanos, porque el consumidor no sabe, por lo general, qué parte del precio que está pagando es por el municipio que se resiste a bajar el gasto político y mantener el actual festival de gasto público“, apuntó Fraga, subrayando la necesidad de que los gobiernos locales se ajusten a prácticas fiscales más responsables.
Vale recordar que según datos de las cámaras representativas de las Estaciones de Servicio, los clientes ya están pagando, en conjunto, 280 millones de pesos adicionales por mes debido a la aplicación de estas tasas