Desde la Cámara de Servicios Mineros
La Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta, que nuclea a los proveedores del departamento, le pidió al Concejo Deliberante que apruebe rápidamente la adhesión al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). En ese marco, desde la entidad manifestaron su «profunda preocupación ante la demora en su tratamiento». El proyecto de ordenanza había sido enviado esta semana por el intendente Sebastián Carbajal, pero el Legislativo municipal decidió mandarlo a comisión para su estudio. Así, los proveedores calingastinos destacaron que «los cuerpos legislativos, tanto a nivel nacional como provincial, han expresado su adhesión al RIGI».
En el debate en la Cámara de Diputados, el diputado por Calingasta, Jorge Castañeda, había votado a favor de la adhesión a nivel provincial en la normativa impulsada por el Gobierno, en la que invitaba a los municipios a que tomaran el mismo camino. Pese a la interna que mantiene con el legislador departamental, el jefe comunal envió la iniciativa para que el municipio adhiriera. Sin embargo, la votación arrojó una sorpresa, dado que los concejales, por tres votos contra dos, decidieron que pase a comisión para su estudio.
De ahí el comunicado de la Cámara de Servicios Mineros calingastina, que, además de pedir «celeridad» en el tratamiento y su aprobación, remarcó «su respaldo» al RIGI, ya que «representa una oportunidad histórica para el desarrollo económico y social de nuestra provincia (…) y contribuirá al crecimiento sostenido de nuestro departamento».
Por eso, le solicitaron al Concejo Deliberante «que actúe con responsabilidad, aprobando las normativas necesarias para que el RIGI se implemente en el departamento. Como representantes de la voluntad popular, los concejales tienen la obligación de tomar decisiones que beneficien a sus comunidades y promuevan el desarrollo local».
El tema no es menor, ya que Calingasta cuenta con la posibilidad de la reactivación del proyecto Casposo y tiene en carpeta las minas El Pachón y Los Azules. El RIGI contempla beneficios impositivos, aduaneros y a la importación de insumos para todas aquellas empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. Al aprobarse la ley Bases, que contempla dicho régimen, ya rigen los descuentos impositivos nacionales, mientras que la adhesión local implica que la provincia no podrá crear nuevos tributos durante 30 años. En el caso de los municipios, una vez que adhieran, no podrán imponer nuevas tasas municipales ni aumentar las alícuotas de las que ya existen y se cobran por prestaciones específicas