En su versión original, el punto 9 del «Pacto de Julio» planteaba textualmente:
«Un frente común por la energía. Argentina está en pleno cambio de su matriz energética (por la maduración de ‘Vaca Muerta’ y otras zonas explorables por medio de fractura). En ese contexto, Concordia debe revisar su estrategia en relación a ese cambio, sus activos actuales y sus posibilidades futuras. La agenda energética debe ser un punto de encuentro para apalancar el desarrollo.»
La mención específica a la técnica del fracking, prohibida en la ciudad y todo el ejido de Concordia por ordenanza municipal, y en todo el territorio provincial por una ley sancionada en 2017, generó una rápida reacción por parte de sectores ambientalistas y ciudadanos preocupados por el ambiente. La alarma se encendió al interpretarse que esta redacción podría abrir la puerta a la flexibilización de las normativas que actualmente prohíben esta práctica en la región.
La falta de una respuesta clara y convincente por parte del Ejecutivo municipal incrementó la inquietud, ya que la referencia a «revisar su estrategia en relación a ese cambio, sus activos actuales y sus posibilidades futuras» sugería una posible reconsideración de la postura de la ciudad frente a la explotación de hidrocarburos no convencionales, conocidas por sus impactos negativos en el ambiente y la salud pública.
Ante la polémica desatada y la preocupación manifiesta de la comunidad, se decidió replantear el contenido del punto 9. La nueva redacción elimina cualquier referencia al fracking y se enfoca en la sostenibilidad energética y la obtención de tarifas justas para la comunidad, retomando una demanda histórica de la región desde la puesta en funcionamiento de la represa de Salto Grande.
El punto 9 modificado del «Pacto de Julio» quedó redactado de la siguiente manera:
*»Ciudad Energéticamente Sostenible: se considera urgente e importante trabajar a la mayor brevedad posible, en este sentido. En el actual contexto socioeconómico, se hace imprescindible atender con inmediatez la coyuntura, pero también no hay tiempo para perder en la adaptación a los nuevos paradigmas energéticos que ya están vigentes en el mundo; definiéndose como prioridades:
A) Por una parte, la coyuntura exige la aplicación de Políticas Públicas que nos permitan obtener una tarifa justa y razonable para toda la comunidad, utilizando los medios realmente disponibles (Excedentes-Regalías-Modalidad de Compra etc.) y que se encuentren contemplados dentro de la normativa tanto nacional como provincial. Cuando se dice Justa y Razonable nos referimos a una tarifa que cubra “los costos eficientes de la cadena” (Generación – Transmisión – Distribución) pero también contemple la disponibilidad de pago de cada uno de los usuarios teniendo en cuenta un uso eficiente de la energía. Esa misma fuente de recursos debería utilizarse también para construir extensiones de redes que garanticen al menos un suministro esencial en condiciones seguras a los sectores vulnerables de la comunidad.
B) En segundo lugar, resulta necesario planificar cuanto antes una “Red de Servicios” inteligente donde la oferta y la demanda interactúen eficientemente teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, tanto en el ámbito de las comunicaciones (Internet de las cosas, Inteligencia Artificial, etc.) como así también las innovaciones en el campo de las energías renovables (recursos energéticos distribuidos). Si bien es cierto que esas interacciones deben ser reguladas por los entes específicos de cada sector el rol del Municipio no es menor, considerando su poder de policía sobre el espacio público ya sea terrestre o aéreo y es necesaria su participación como lo hicieron las comunidades que avanzaron con las ciudades y redes inteligentes (SMART City y SMART Grid).»*