El proyecto de adhesión al RIGI debería servir para organizar el debate sobre la realidad de una gran inversión en un territorio alejado de la capital provincial y con demandas específicas.
Por Jorge Enrique Tejada
Los beneficios directos relacionados con la explotación del litio son exiguos, insignificantes, de naturaleza laboral o de empresas tercerizadas.
Se entiende que la salida y beneficios a los territorios donde se localicen estas grandes inversiones pueden ser: fiscales (tributarias) o de naturaleza productiva.
Ninguna de ellas se advierte que se encuentre implementada para dar respuesta a la demanda de la sociedad fiambalense.
Los tributarios, se profundiza la entrega a cambio de migajas cada vez más espaciadas y, lo realmente llamativo, que no contempla las variaciones del precio del mineral para poder capturar ganancias extraordinarias que beneficien, por lo menos, a la zona de sacrificio. Tampoco se diseñan tasas flexibles y progresivas para ello.
Tampoco se visualizan los posibles y/o potenciales beneficios productivos. Sin integración por parte de empresas tercerizadas para la provisión de bienes y servicios, sin integración a la innovación tecnológica, sin cooperación con universidades y/o centros de estudios locales, sin inversión en infraestructura.
Estamos inmersos en el slogan de los gobiernos de todos los signos políticos en Catamarca, que la localización de una gran inversión minera genera impactos positivos en la comunidad. Los fiambalenses creemos que no es así, sino que el Estado y los que deciden la cosa pública deben generar un marco adecuado de políticas para satisfacer las peticiones de la comunidad.
Tenemos gobiernos que solamente le interesa que un puñado de fiambalense trabaje en el proyecto de litio, que algunas pequeñas empresas locales logren algún convenio, pero se desinteresa en diseñar y llevar a cabo una agenda más amplia de transformaciones productivas. La normativa de Compre Local y Trabajo catamarqueño se cumplen a cuentagotas. No existen controles. Es paupérrima la contratación de bienes y servicios a la pcia. En el medio, pequeñas obras públicas, implementando normativas de fideicomiso, sin alto impacto que beneficien a las poblaciones locales, que siguen su marcha sin desarrollo territorial, sin horizontes.
Resulta que la nefasta ley menemista de Inversiones mineras (24.196) y sus derivadas fueron un lastre donde el saqueo a los recursos naturales era moneda corriente y que tuvo entre otras cuestiones: Incentivos para atraer inversiones extranjeras directas, con amortización rápida, estabilidad tributaria por 30 años, importación directa sin abonar nada a las arcas del país y un tope del 3% de regalías. Bajo de la Alumbrera fue beneficiada con este obsequio del sector dirigencial argentino y catamarqueño.
El actual proyecto de adhesión al RIGI es una mala copia de la ley pcial N°47157 de adhesión en el año 1.993 a la ley nacional de Inversiones Mineras, que la dirigencia política catamarqueña del momento aprobó sin sonrojarse a pesar, que la misma, todavía no se había reglamentado.
Necesitamos que nuestra mirada sobre la explotación del litio y los recursos naturales pueda ser parte del debate sobre la implementación del RIGI en Catamarca. ¿Nos preguntamos porque renunciar a la regulación del mismo; ¿y los pasivos ambientales, y el tema del agua dulce, y la mitigación del mismo?¿Y el desarrollo y las grandes obras de infraestructura para llevar a cabo los perfiles de turismo y producción?
Solicitamos que las comisiones de minería de ambas Chamarras legislativas lleguen a Fiambalá, a la zona de sacrificio a buscar opinión y consenso sobre la futura normativa.