Daniel Salas
Por mayoría del oficialismo, la Cámara de Diputados de Jujuy votó ayer la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi) después de fuertes expresiones en su contra, en las que el bloque del PJ ratificó con dureza lo que había anticipado en la sesión de la semana pasada.
Si bien sabía que por más oposición que fijara no había posibilidad de cambiar la historia, dejó en claro los efectos adversos que dicho régimen generará en la provincia como en el país, ya que favorecería un modelo económico centrado en la extracción de los recursos.
«Se aprobó porque tienen mayoría, nosotros estamos en desacuerdo porque consideramos que las empresas jujeñas deben tener el acompañamiento de todas las leyes», señaló el presidente del Bloque del PJ, Rubén Rivarola.
Ayer «cambió la situación, no estoy de acuerdo con el Rigi ni con los grandes capitales. Primero debemos apoyar al empresariado de Jujuy y después hablemos del resto. Más aún lo rechazo cuando sacan desgravaciones impositivas que afectan a las empresas locales que no tienen las mismas condiciones», aclaró.
Durante la sesión, apuntó que no culpaba «a ustedes» (a los diputados oficialistas) y si al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación «que a veces se equivocan», porque «votan lo que no tienen que votar».
«Y no podemos hacer nada al respecto (agregó luego de la sesión), lo que nos queda es trabajar y seguir apoyando cada empresa de Jujuy».
Aparte se refirió a la aprobación de la Ley N° 6410 que modifica los artículos 14° y 15° de la Ley N° 5185 Compre Jujeño, iniciativa que impulsó.
A través de ella «uno se da cuenta que mi propósito es que las empresas y pymes locales trabajen bien».
La misma establece que la Provincia podrá adquirir productos u otros bienes de origen extraprovincial, siempre y cuando reúnan las condiciones técnicas requeridas y su precio sea inferior en un 10% a los de origen local.
Respecto de la contratación de empresas constructoras o proveedoras de obras y servicios generales, el porcentaje de preferencia no debe superar más del 10% al precio ofrecido por la de menor valor y que cumplan con los demás requisitos exigidos por la ley.
Con la adhesión al Rigi, no dudó en señalar que «veo mal» el futuro de la provincia. «Nos están embargando la Argentina a 30 años, no puede ser que al tercer año se queden con todas las ganancias, no se puede creer que el IVA sea un crédito fiscal para ellos».
Dedujo más adelante que lo que está haciendo el Gobierno provincial es una contradicción «porque dice una cosa y hace otra».
«Fíjese también que el Gobierno nacional dijo que iba a ir contra la casta y está yendo, en cada lugar, por nuestros trabajadores y jubilados», concluyó.
«El modelo no es sostenible ni beneficioso para la provincia»
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, «de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria, es avalado por un Gobierno nacional que no conoce el territorio de nuestro país, fomenta que las compañías que inviertan grandes capitales en el país se les garantice estabilidad fiscal por los próximos 30 años», comenzó su alocución en la sesión de ayer la diputada Daniel Vélez (PJ) antes de votar el Rigi.
«Es una competencia desleal para nuestra industria nacional y local al permitir importaciones sin aranceles. Deja fuera del sistema de inversiones a nuestras pymes y vulnera la autonomía de las provincias y los municipios», agregó.
El régimen «no prioriza el desarrollo de los proveedores locales, lo que fomentará y acrecentará la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de las economías regionales que aún subsisten», prosiguió.
Afirmó también que «va en detrimento de nuestros derechos consagrados en la Constitución nacional, particularmente en materia ambiental y recursos hídricos. En contra del artículo 41, atenta todo principio de no regresividad en materia ambiental, la ley general de ambiente y políticas de mitigación al cambio climático».
Posteriormente aclaró que no podía acompañar «un régimen que deje sin trabajo a miles de personas de nuestro país y de nuestra provincia, que incremente los índices de desempleo y que como consecuencia directa aumente las condiciones de vulnerabilidad de los que menos tienen».
En el mismo sentido también se manifestaron sus pares Claudia Sánchez Cantaberta, Juan Ortega, Martín Fellner, Pedro Belizán y Verónica Valente.
Rechazaron los incentivos fiscales ofrecidos a las grandes empresas, también sostuvieron que el modelo promovido por el Rigi «no es sostenible ni beneficioso para la provincia» además de ser perjudicial, y que promueve un modelo extractivista de los recursos naturales reprimiendo la economía.
«Al contrario no favorece a las políticas que impulsan la industrialización y creación de valor agregado en origen», señalaron