Ante la expectativa por Josemaría
El presidente del Partido Bloquista y de dicha bancada en la Legislatura, Luis Rueda, opinó que tanto la provincia como el departamento Iglesia deben establecer, a través de sus respectivas normas, a qué obras públicas se destinará la plata que entra por regalías mineras. El tema cobra relevancia ante la expectativa del avance que pueda tener el proyecto de cobre Josemaría, el cual tuvo un espaldarazo para contar con inversión tras la fusión de las empresas Lundin y BHP, además de los beneficios impositivos y de importación de insumos que aporta el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
En particular, Iglesia se ha visto beneficiado con millonarios ingresos por regalías desde 2005, cuando empezó la explotación de la mina de oro Veladero. De hecho, la conducción bloquista desde entonces, a cargo de Mauro Marinero (2003 – 2007 y 2007 – 2011) y su hermano Marcelo (2011 – 2015) ha sido blanco de numerosas críticas debido a que los recursos no se han invertido para, por ejemplo, diversificar la matriz productiva del departamento para que pueda prosperar sin la actividad minera ni para obras públicas de gran envergadura.
El timón del municipio continuó en manos bloquistas, a través de Jorge Espejo, quien asumió su primer mandato en 2019 y consiguió la reelección en 2023, por lo que transita su último período. El contacto del jefe comunal con Rueda es escaso.
El presidente del bloquismo sentó su postura en el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento, en el que habló de “trabajar en un proyecto de ley para que las regalías estén reguladas y se determine qué obras tenés que hacer”. Eso en cuanto al ámbito provincial, mientras que, en lo municipal, se mostró a favor de que se “saque una ordenanza”, en base a las “necesidad de la comunidad y la planificación a largo plazo”.
El tema es sensible y representa un camino intrincado. La ley de Regalías Mineras (716 M) establece que, de lo que abonan las compañías que extraen minerales de San Juan, el 70 por ciento va a Rentas Generales de la provincia, el 20 por ciento al municipio en el que “tenga su asiento el yacimiento minero” y el 10 restante al Ministerio de Minería.
Entonces, lo que ingresa a Rentas Generales es manejado a voluntad del gobierno de turno, que destina los fondos a los proyectos, planes, programas, gastos e inversiones de distinta índole, de acuerdo a sus políticas de gestión y de lo que considere prioritario. Es decir, cambiar ese destino implicar modificar la norma. De acuerdo a lo que plantea Rueda, el total o parte de lo que recibe Ejecutivo bajo ese concepto quedaría fijo para determinadas obras públicas. Por un lado, sería una hoja de ruta, pero, por otro, se le marcaría a la cancha a una reserva importante de recursos.
Por otro lado, el 20 por ciento de las regalías que entraría a Iglesia, dado que Josemaría también está enclavado en el departamento, la maneja a discreción el municipio, el cual tiene su autonomía. Por eso, Rueda opinó que lo conveniente sería sacar una ordenanza, dado que fijar por norma el uso de regalías para obras es una decisión estrictamente del Ejecutivo comunal, en conjunto con los miembros del Concejo Deliberante.
¿Es marcarle la cancha al intendente?, se le consultó al diputado, el que respondió que “no, porque así va a evitar las críticas. Si realizó tal obra es porque estaba en un plan estratégico que hicieron todos en Iglesia. Surgió de la comunidad, te saca presión”.
El tema de las regalías en Iglesia ha sido blanco de polémica. Desde la sanción de la primera ley, allá por el 21 de diciembre de 2000, se contemplaba que “los recursos asignados a favor del municipio deber ser destinados a la realización de infraestructura de obra pública a favor del departamento, quedando expresamente prohibida su imputación presupuestaria en el rubro ‘Erogaciones Corrientes – Pago de Personal”. Un párrafo que continuó en una modificación legislativa que se dio el 1 de agosto de 2002.
Sin embargo, luego hubo un decreto del exgobernador José Luis Gioja que abrió la puerta para usar la plata que se recibe de regalías, hasta un 20 por ciento en “gasto social”, leáse, contratos laborales. De hecho, las gestiones de los hermanos Marinero se caracterizó por la enorme cantidad de contratos y becas que se dispusieron para contener a la población.
Por otro lado, una nueva modificación de la norma, en 2020, también estableció que “los recursos asignados a favor del municipio deben ser destinados a la realización de proyectos estratégicos vinculados al desarrollo económico, productivo, industrial, turístico, que brinden condiciones para generar mayor mano de obra; y a la construcción de viviendas en el departamento. En ningún caso pueden ser destinados a gastos de erogaciones corrientes”.
Incluso, en 2008 y 2009 hubo polémica debido a que el intendente de entonces puso el dinero en regalías en plazos fijos y utilizó los rendimientos en intereses para el pago de contratos y becas, de acuerdo a lo que él mismo había reconocido. Marinero interpretaba que la obligación de destinar los recursos a obra pública corría sólo para el capital y no así los intereses. No obstante, abogados civilistas explicaban en esa época que los intereses son accesorios al capital, por lo que deben tener el mismo destino.
En el Tribunal de Cuentas había circulado una opinión técnica en ese sentido, pero nunca llegó a resolverse a nivel de las máximas autoridades del organismo