Casi desconociendo la Mesa del Litio que funciona desde 2021 para para encauzar las ideas, los proyectos y las propuestas vinculadas al recurso y su desarrollo, se propone directamente la creación del Instituto del Litio “como ente descentralizado del Estado Nacional” para “facilitar el desarrollo de la cadena de valor del litio y sus derivados con el fin promover nuevas inversiones, incrementando el agregado de valor local y el fomento de las exportaciones”. Y se avanza en otros aspectos, por ejemplo al proponer que las retenciones sean del 10 por ciento como máximo para compuestos de litio y sus derivados, 4 por ciento para materiales activos que contengan litio y 0 por ciento para celdas de batería. Por último, el proyecto elimina el tope a las regalías y permite que las provincias que adhieran a la ley podrán aplicarlas en función del precio internacional del litio. Esto no es otra cosa que abrir la puerta a las retenciones móviles.
Hecha la presentación, sólo queda por decir que la propuesta en su conjunto es irrelevante y no merece ni siquiera ser considerada o analizada, al margen de todo lo bueno o malo que sugiera en su articulado. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional establece expresamente, desde la reforma de 1994, que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Es un asunto saldado, una discusión que no debería tener lugar y que no puede prosperar por mucho que se insista una y otra vez: lo que se haga con el litio catamarqueño es decisión de Catamarca.
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