El protocolo antipiquetes, la línea 134, y la quita de una herramienta clave fueron algunos de los motivos detrás de la baja, que se dio a pesar del contexto de recesión, inflación y polémicas en Capital Humano
“Lo que hay que asumir es que tenemos menos capacidad de movilización”, se sinceraba un dirigente social a fines de marzo, mientras le explicaba a uno de los suyos cuán difícil se hacía enfrentar al protocolo antipiquetes en las calles.
La medida, implementada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es solo una de las razones detrás del repliegue piquetero de los últimos meses, que derivó en una sustancial reducción en los cortes de calle, pese al contexto de recesión, aumento de los precios de los alimentos y varias polémicas protagonizadas por el Ministerio de Capital Humano. En la ciudad de Buenos Aires, epicentro de las protestas nacionales, los cortes en la vía pública cayeron un 50% con respecto a los primeros seis meses del año pasado, según los registros de Diagnóstico Político, una consultora que realiza un monitoreo mensual de la conflictividad social en las calles desde 2009.
A nivel nacional esa caída se acorta, pero no deja de reflejar el retraimiento de las organizaciones sociales, que siguen siendo el principal motor detrás de las movilizaciones: a lo largo y ancho del país, según el conteo de esta firma, los cortes se redujeron un 22% (3351 contra los casi 4300 de los primeros seis meses de 2023). En su informe de junio, la consultora que dirigen Patricio Giusto y Roberto Chiti registró un total de 575 cortes, lo que representa una caída con respecto a mayo en torno al 6%.
Los movimientos sociales empujaron 124 de esos reclamos. Pese a que el trabajo destaca la “pérdida de terreno” frente a otros grupos de actores como los partidos políticos o los vecinos autoconvocados, las organizaciones (con mejor suerte en la Justicia que en la calles) continúan siendo la principal cara de los cortes en la vía pública.
Los motivos del repliegue
En la Capital Federal, el reclamo por el reparto de alimentos para los comedores comunitarios motorizó la mayoría de las protestas. Buena parte de ellas, sin embargo, por el estricto acatamiento del protocolo en suelo porteño, terminaron confinadas a las veredas. Pero el protocolo fue solo una parte de la receta.
A poco de asumir, el Gobierno le asestó un duro golpe a las organizaciones sociales. En diciembre, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que las Unidades de Gestión donde los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo cumplían con la contraprestación obligatoria –la mayoría de ellas en manos de las organizaciones–, dejaban de funcionar.
De esta manera, la ministra le quitó a los movimientos sociales el control en la asistencia de los beneficiarios a sus lugares de trabajo, herramienta que, se presume, era utilizada de forma extorsiva por algunos grupos para darle mayor volumen a sus movilizaciones.
Sobre esa información, relevada por las organizaciones, el Estado efectuaba las bajas del programa, tal como en reiteradas oportunidades enfatizaron muchos dirigentes, obviando la primera parte del mecanismo, es decir, que eran ellas mismas quienes le suministraban la información al Estado para activar esas bajas.
Como parte de la ofensiva contra los piqueteros, además, el Ministerio de Seguridad habilitó una línea telefónica para que aquellos que se vieran obligados a asistir a las “convocatorias” pudieran hacer la denuncia de forma anónima: la sospecha que sobrevolaba al ex-Potenciar Trabajo es que algunos movimientos sociales –o al menos una parte de sus integrantes– usaban de manera extorsiva ese mecanismo de control para empujar a los beneficiarios a asistir a las marchas. Según el Ministerio, los teléfonos explotaron.
Los llamados derivaron en una investigación del fiscal Gerardo Pollicita, que puso contra las cuerdas a por lo menos tres movimientos sociales. Como parte de esa pesquisa, se intervinieron algunos teléfonos y se realizaron allanamientos. La conversación de marzo que refleja el pesar del dirigente social, surge en el marco de esa investigación. “La verdad que hacer una acción en la 9 de julio, donde tengamos un cuarto de la capacidad que solemos mover –que es lo que estamos moviendo–, es mostrar mucha debilidad”, se lamentaba el mismo referente.
La merma en el poder de convocatoria y la ejecución del protocolo forzó a las organizaciones a diseñar protestas más estratégicas: en algunas ocasiones, eligieron los accesos a la Capital Federal como punto de concentración para eludir el protocolo –que no rige en la provincia– y, a un tiempo, conservar poder de fuego en el reclamo; en otras, las organizaciones sociales anunciaban la movilización sin anticipar hacía donde marcharían.
Con todo, el protocolo de la ministra Bullrich se mostró contundente y desarmó las protestas cuyo despliegue dependía exclusivamente de las organizaciones sociales. En las manifestaciones de mayor amplitud, en cambio, el protocolo exhibió resultados dispares. Así quedó en evidencia durante la masiva marcha en defensa de la universidad pública y la educación, como también durante la protesta contra la Ley Bases frente al Congreso, que derivó en disturbios y represión policial.
La última movilización
La última manifestación con cierto grado de visibilidad se dio hace casi dos meses y evidenció el desgaste de las agrupaciones. En febrero, asediadas por la ofensiva el oficialismo, decidieron dejar de lado sus diferencias, encolumnarse detrás del reclamo alimentario y armar una alianza estratégica en las calles. Pero la investigación del fiscal Pollicita impactó de lleno en aquel ensamble, y las organizaciones, tras los allanamientos, tomaron una distancia prudente unas de otras.
El 23 de mayo, aunque en simultáneo, marcharon cada una por su cuenta sobre distintos puntos de la avenida 9 de Julio. Las organizaciones sociales no pisaron la calle y en ninguno de los tres puntos de la avenida el tránsito vehicular se vio afectado. Si la movilización tuvo algo de entidad fue solo porque ese mismo día, tras un pedido de acceso a la información pública, el Gobierno admitió que almacenaba más de 5000 toneladas de alimentos en los depósitos de Capital Humano.
Un mes antes de ese sacudón, en la primera semana de mayo, el protocolo antipiquetes se puso en marcha para frustrar los planes de las organizaciones sociales que apuntaban a plantar su reclamo por alimentos frente a la Quinta de Olivos. El tránsito estuvo bloqueado, pero a pocas cuadras de la residencia presidencial. Luego de unos momentos de tensión, la policía desarticuló la protesta.
La última movilización sobre la 9 de julio con corte de tránsito fue hace tres meses. Para sortear el operativo, las organizaciones ocultaron los detalles de la manifestación, que se dio a la altura de Moreno, frente al ex-Ministerio de Desarrollo Social. En abierto desafío al protocolo, minutos después de las 11, los manifestantes cortaron la avenida por poco más de una hora. El protocolo se activó y un operativo conjunto entre las fuerzas federales y porteñas que incluyó camiones hidrantes obligó a los manifestantes a desconcentrar.