Se publicó en el Boletín Oficial la adhesión a la ley 10.954. Los plazos se vencen el viernes 26. El análisis debe pesquisar “como mínimo la presencia de cannabinoides y cocaína”.
La Legislatura de Córdoba adhirió de manera oficial a la resolución 467/2024 de la Secretaria General de la Gobernación en la que se estableció la obligatoriedad, al igual que en el Poder Ejecutivo, de un narco test para todos los legisladores. Algunos parlamentarios consultados confirmaron que ya solicitaron turnos para realizarse los estudios médicos.
De esta forma, con la publicación en el Boletín Oficial se estableció que en el ámbito de la Legislatura debe ser “obligatorio la presentación del examen toxicológico previsto en el Título II de la Ley N° 10.954 y su decreto reglamentario N° 181/2024″.
Esta disposición había sido planteada por Martín Llaryora en la campaña y luego reiterada en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura con alcance no sólo para el gobernador y vice, sino también para ministros, directores, subdirectores y secretarios, además de los tribunos de cuentas y los legisladores.
Lo que se conoció de manera oficial ayer fue justamente la adhesión a esta normativa provincial por parte de la Unicameral.
La ley establece la obligación de presentar anualmente “certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales respecto de las personas que desempeñen funciones por elección popular, gobernador, vicegobernador, legisladores y tribunos de cuenta, ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía”.
Presentar certificados
La ley establece que todos los funcionarios deberán presentar los certificados antes del 31 de marzo de cada año “al área de capital humano a la que corresponda cada jurisdicción o a través de los medios digitales que se determinen”.
También se aclaró que los funcionarios que se encuentren hoy en ejercicio de sus cargos “deben realizar la presentación del certificado correspondiente en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la publicación de la citada reglamentación”, y los que hayan sido designados con posterioridad deberán cumplir esta obligación en idéntico plazo, “a partir de su designación en el cargo”.
A comienzos de julio, se informó que el gobernador había concurrido al Hospital San Roque para someterse al análisis.
¿Qué pasa si no cumplen?
En caso de incumplirse el artículo 66, que exige el certificado negativo, o si el test diera positivo, la norma dice que se lo comunicará a la autoridad competente y se dará la intervención correspondiente al Ministerio de Salud para que realice el “abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada”.
Pese a que este lunes se oficializó, los legisladores habían comenzado a recibir, desde la semana pasada, una comunicación en la que se les advirtió que debían realizarse el examen.
Allí, se detalló que “el análisis puede realizarse en instituciones de salud pública o privada, y que debe pesquisar como mínimo la presencia de cannabinoides y cocaína”.
Desde el oficialismo aseguraron que ya pidieron los exámenes, al igual que algunos legisladores de la oposición. “Ya saqué turnos. Nos avisaron por Cidi y por email. Imagino que todos los legisladores estarán haciendo los mismo”, contó la presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero.
“La notificación me llegó el viernes 19 de julio, así que ya saqué el turno. No veo la hora de hacerme el narco test. También se lo harán en el bloque. No hay ningún problema”, agregó el responsable del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich.
El juecista Walter Nostrala también dijo que se realizará el examen y que no hay oposición al tema. “Ya saqué turno para el hacérmelo en el San Roque”, confió el titular de la bancada del Frente Cívico