Es hora de revertir la asfixia que produce a los contribuyentes el constante incremento de impuestos y su grosera superposición entre jurisdicciones
LA NACION
En 1975 se reemplazaron el impuesto a las ventas y el impuesto a las actividades lucrativas –parecido al actual ingresos brutos–, por el impuesto al valor agregado (IVA). Este IVA fue creado con una alícuota del 13% y no gravaba a la producción primaria (productos de la agricultura, ganadería, minería, entre otros) y a ciertos artículos de consumo popular. Fijaba una alícuota más elevada, del 21%, para ciertos bienes como automóviles, televisores y motores, por ejemplo. Para entonces, no existían ni el impuesto PAIS ni los derechos de exportación; tampoco el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios.
En aquella época, la presión tributaria de la Argentina se ubicaba en los 25 puntos del PBI. La población rondaba los 27 millones de personas y el Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, ocupaba aproximadamente 1.600.000 empleados, o sea, el 5,93% de la población era empleado público. Entre jubilados y pensionados totalizaban 1.650.000 beneficiarios, que representaban el 6,11% de la población.
Los años fueron pasando, los impuestos fueron incrementando sus bases imponibles y sus alícuotas. Se creó ingresos brutos, reemplazando a actividades lucrativas, que se había derogado, más todo lo que conocemos, para llegar actualmente a una presión tributaria que excede los 40 puntos del PBI. Esta tan asfixiante como excesiva presión tributaria tiene por objetivo mantener una estructura ineficiente del Estado que emplea a 3.900.000 de personas sobre una población de 45 millones, esto significa que el 8,67% de la población tiene empleo público. Visto desde otro ángulo, cada empleado atiende a 11 personas. Los jubilados y pensionados son actualmente 5,7 millones, lo que representa el 12,67% de la población. Obviamente, esta pirámide poblacional obliga a que se considere incrementar la edad jubilatoria.
Si actualmente se pretendiera unificar el IVA con Ingresos Brutos, tendríamos una tasa del 35%. Bienvenida la transparencia fiscal proyectada en la Ley Bases: cada consumidor debe saber cuánto contiene de impuestos aquello que adquiere. Sería bueno que, como lo establecía el proyecto original, se contemplasen no solo los impuestos nacionales, sino también los provinciales y las tasas municipales.
Muchos países alcanzan altos porcentuales de carga tributaria, pero los servicios que brindan a cambio, como seguridad, educación, salud y justicia justifican el peso de los impuestos.
El presidente de la Nación ha fijado como objetivo que la Argentina vuelva a tener una presión tributaria del 25%. Muchos serían los beneficios de llegar a lograrlo:
• Reducir la carga tributaria sobre los bienes y servicios que adquirimos y que hoy, en promedio, contienen un 50% de impuestos. Bajarlo al 30% aumentará el poder adquisitivo de la población.
• El sistema será menos regresivo. Con altísimos índices de pobreza, mucha gente destina la mitad de sus ingresos a impuestos y el resto a la compra de bienes y servicios. Altamente regresivo.
• Los de mayores ingresos pagan ese 50% solo sobre lo que consumen, no sobre lo que ahorran.
• Alcanzaríamos mayor competitividad a nivel internacional. Actualmente, lo que exportamos está fuertemente incidido por los impuestos: retenciones de exportación, incidencia en los costos de Ingresos Brutos, impuesto al cheque, impuesto PAIS y las tasas municipales. La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) calculó que los valores de exportación en la industria automotriz se gravan con entre un 21,7 y 24,7% de impuestos. Imposible competir con los países desarrollados, que no gravan la exportación y que, además, dan muchas facilidades para concretar los negocios.
• Menor costo administrativo para el Estado y para los contribuyentes. Hoy muchas empresas cuentan con un departamento especializado en la gestión de esta pesada carga.
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