La Justicia condenó a la Municipalidad a pagarles 80 millones de pesos a los dos hijos menores del hombre fallecido. El argumento de defensa de las autoridades fue que ese día, el 19 de febrero de 2016, había alerta meteorológico y se recomendaba no salir de las casas
19 de febrero de 2016. El árbol caído en bulevar Seguí al 5300, que causó la muerte de un hombre.
La Justicia condenó a la Municipalidad y tendrá que pagarle $80.000.000 a los dos hijos menores de edad de la víctima. A la mujer que mantenía una relación sentimental no le reconocieron resarcimiento económico porque no se demostró la convivencia.
La demanda sostuvo que el ejemplar se cayó producto de las condiciones de abandono y falta de mantenimiento de los árboles del Polideportivo Deliot. Consideró que fue responsabilidad del municipio la omisión de su deber jurídico de controlar, cuidar y mantener el buen estado de los espacios verdes de la ciudad.
La respuesta de la Municipalidad
En su respuesta, el municipio destacó que la tormenta desatada fue un hecho que aunque previsto, no pudo ser evitado provocando la caída de árboles que en condiciones normales y sin ráfagas extraordinarias no se hubiesen caído.
Por otra parte, indicó que desde temprano regía una alerta meteorológica y las autoridades recomendaban no transitar y que los rosarinos permanezcan en sus casas. Sin embargo, el hombre decidió circular en bicicleta igual en un predio arbolado sin ninguna urgencia aparente ni obligaciones que cumplir a las cinco de la mañana.
Qué dijo la Justicia
Por su parte, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2 afirmó que «la atribución a la Municipalidad por los daños derivados a raíz de la caída de un árbol o parte de él surge porque el árbol se encuentra emplazado en la vía pública representa un accesorio del dominio público, pudiendo sindicarse al ente municipal en el carácter de dueño o guardián, siendo aquella, entonces, quien debe tomar las precauciones que resulten necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y cosas que podrían resultar dañadas por bienes que pertenecen o son accesorios del dominio público».
Agregaron los jueces Edgardo Bonomelli, Jorgelina Entrocasi y Nicolás Villa “en virtud de lo estatuido por la Ley provincial Nro. 9.004 (reglamentada por Decreto 763/1983), y la Ordenanza 5.982/1995, que dejan en claro que la Municipalidad de Rosario resulta organismo de aplicación con poder de policía sobre el arbolado público situado en el ejido municipal, debiendo además considerarse su carácter de guardián”.
Señalaron que “el municipio es dueño y a la vez guardián de esos árboles, por lo cual no cabe dudar del poder efectivo de vigilancia, gobierno y control sobre la cosa que en definitiva causó el daño”.
Los magistrados agregaron que «inclusive se ha avanzado diciendo también que la responsabilidad del Estado por el mantenimiento de los árboles no solo recae sobre la arboleda denominada pública por encontrarse en lugares de esparcimiento destinados al uso común, sino que también es responsable por cualquier árbol, aunque se encuentre en terreno privado, habida cuenta que su obligación no queda excluida por el hecho de que esté en zona de servidumbre, pues la administración no puede permanecer inerme ante la inactividad del propietario«.
Puntualizaron que “debe colegirse que la falta de cuidado y atención de los árboles por parte del municipio lo torna responsable de los daños ocasionados por su caída”.
Por último, los jueces destacaron que “lo que la experiencia indica es que, con alarmante frecuencia, cuando acaecen tormentas o ráfagas de viento de regular intensidad, se produce la caída de árboles cuyo cuidado y custodia se encuentra a cargo del ente municipal, lo cual excluye la existencia del caso fortuito en supuestos de las características del que aquí se debate, porque, por lo general, las tormentas producen las caídas de aquellos árboles que por su estado no resisten a las inclemencias climáticas, hecho que no resulta, en principio, imprevisible ni imposible de evitar por parte de la demandada”. La condena contra la Municipalidad de Rosario no se encuentra firme