El informe en cuestión clasifica provincias, Estados y países según el grado en que los factores de políticas públicas alientan o desalientan la inversión. En la última edición, el estudio especifica que “las jurisdicciones eliminadas de este año incluyen seis en Argentina (Catamarca, Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz)”.
Aparte, hubo una respuesta llamativa en la encuesta: el presidente de una consultora opinó que “el requisito obligatorio de contratar servicios con operadores locales cercanos o afiliados al Gobierno local muestra una falta de transparencia y disuade la inversión”