EN FIAMBALÁ
Desde la oposición, y hasta un legislador oficialista, apuntaron contra el Ministerio de Trabajo por la falta de controles para con los emprendimientos. Por reincidencia, pidieron sanciones a Zijin.
La cuestión minera tuvo un eje preponderante en lo que fue el primer plenario de la Cámara baja para definir el día y hora de las sesiones ordinarias (serán los miércoles a las 9.00). En este sentido, fueron dos los hechos con los que se apuntó contra la Provincia: por una parte, y con mayor peso por lo reciente, los trabajadores mineros de la empresa litífera china Zijin, que quedaron varados en Fiambalá, donde se lleva adelante un paro total de actividades.
Por la otra, la posición del oficialismo sobre la Ley Bases, que tuvo media sanción con la inclusión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El diputado del peronismo disidente Hugo Ávila fue el encargado de abrir los cuestionamientos hacia el Gobierno. Para el caso, recordó el discurso del mandatario Raúl Jalil durante el primero de mayo, donde “a través de su relato, expuso la idealización de la política minera que lleva adelante el Gobierno de la Provincia y, según lo que él planteaba en ese discurso, la política minera estaría brindando a Catamarca importantes recursos económicos, generando cadena de valor local, generando empleo para los catamarqueños y condiciones dignas de trabajo”.
Esa introducción le sirvió para sostener que “hoy la realidad mata el relato. Hay paro en los campamentos mineros en la cordillera de Fiambalá producto del incumplimiento laboral de la empresa que lleva adelante la explotación de litio”. En este sentido, remarcó: “Esto no es algo nuevo, se viene reiterando a lo largo del tiempo y los primeros días de enero”, cuando hubo reclamos por “trabajadores precarizados con condiciones laborales por fuera de lo que establecen los convenios, quejas sobre la comida, sobre el protocolo de traslados y también sobre las condiciones del agua en el campamento”.
Ávila no dudó en poner el foco en el Ministerio de Trabajo, señalando que “está pintado, no está obligándola a la empresa a que cumpla con lo que establece el convenio”. Sobre este eje, recordó: “Desde un Gobierno que se dice ser peronista se creó el Ministerio de Trabajo, aduciendo que iba a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en la Provincia y evidentemente eso no se está cumpliendo”. Así, el opositor consideró necesario que se convoque a la ministra Verónica Soria “a darnos explicaciones”.
Por su parte, el presidente de la bancada radical, Alfredo Marchioli, mencionó que lo sucedido durante el fin de semana no fue “un hecho casual, la empresa reincide, por tercera o cuarta vez, en el incumplimiento de normas de seguridad”. Esgrimiendo la frase “para que no quede en relato”, el radical leyó un email de personal de seguridad de la empresa al Gerente de Seguridad advirtiendo “el riesgo de hacer el traslado de personal bajo las condiciones climáticas existentes”. Según indicó el legislador, en el correo electrónico se indicaba: “Estamos asumiendo una situación con alto potencial de riesgo, debido a que los choferes no poseen el carné nacional habilitante para el transporte de pasajeros. Otro tema, es la exposición de los choferes que trabajan 12 horas y luego continúan trabajando como choferes en el cambio de turno, lo que implica una exposición de 16 horas continuas de trabajo, ocasionando fatiga y somnolencia”.
“¿Dónde están el Ministerio de Minería y el Ministerio de Trabajo?”, indagó Marchioli, para rescatar otro extracto del correo electrónico de la empresa donde se “hace hasta un pedido de por favor. Yo felicito al supervisor porque expresa su desacuerdo en este tipo de movimiento logístico de alto potencial de riesgo”. “Acá nos pasamos horas hablando de los derechos”, deslizó para consultar “si los derechos de los mineros fiambalenses no existen” para el bloque oficialista del Frente de Todos.
“Espero que me respondan”, lanzó. Sin perjuicio de ello, le pidió al oficialismo que “reclamen al Gobierno que controle la empresa, que la sumarie como pedimos cuando fue el incidente anterior y no se hizo nada”. “La empresa tiene que atravesar un proceso de sumario y sanción para evitar que en la próxima se pierdan vidas”, disparó el correligionario.
Por su parte, el justicialista Juan Denett atinó a “adherir a los reclamos sobre el Ministerio de Trabajo en los controles que tiene que hacer sobre la calidad de la labor que hacen, no solo los trabajadores en proyectos mineros, sino también en los emprendimientos olivícolas”.
Oficislista contra el RIGI
En otro momento, la oficialista Adriana Díaz eligió apuntar a nivel nacional contra la Ley Bases, particularmente por el RIGI. “Es realmente preocupante, con toda honestidad intelectual y política, más allá de cualquier tipo de especulación”, indicó anhelando que los representantes por Catamarca en el Senado de la Nación tengan “en cuenta y consideren las dimensiones negativas del régimen porque será absolutamente perjudicial para nuestro pueblo”