Así surge de un relevamiento realizado sobre los juicios que se iniciaron durante la gestión libertaria; gobernadores buscan ampliar la negociación con la Casa Rosada por las vacantes del Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares.
Así se desprende de un relevamiento realizado por LA NACION sobre la información pública del sitio web del Poder Judicial referida a las causas que tramitan en la Secretaría de Juicios Originarios desde que Javier Milei asumió el gobierno.
Mientras la Casa Rosada dialoga con los gobernadores en busca de un acuerdo para la votación de la nueva versión de la ley ómnibus con las reformas del Estado que pretende el oficialismo, los mandatarios provinciales presentan en tribunales sus demandas por los recortes de gastos que vienen sufriendo.
La mayoría de las demandas iniciadas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo. Nada presagia una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional, pero los casos no están paralizados.
Este relevamiento global incluye un muestreo anterior realizado por LA NACION, que arrojaba un cifra de reclamo equivalente a 600.000 millones de pesos. Hoy, los reclamos totales por estas causas suman 944.660.601.582 de pesos. Casi un billón de pesos. Esta suma no incluye los 500.000 millones de pesos que le reclama la ciudad de Buenos Aires a la Nación por coparticipación federal. Según fuentes del gobierno porteño, la cifra asciende a 1,2 billones de pesos cuando se actualiza por intereses.
Los reclamos son variopintos: la ciudad de Buenos Aires reclama los fondos de coparticipación federal que le recortó Alberto Fernández, pero esa negociación está en manos de la política. En otra demanda, le reclama al Estado nacional lugar para los presos alojados en comisarías.
Chaco, por su parte, le pidió a la Corte la inconstitucionalidad del decreto que modificó el impuesto a las ganancias y le reclama al Estado nacional casi 116.000 millones de pesos.
Chubut le reclama 400 millones de pesos por el fondo del compensador del transporte, que le quitó la Nación; por el decreto que modificó ganancias demanda otros 37.000 millones de pesos y por la retención de su coparticipación federal exige unos 10.500 millones de pesos.
Córdoba le reclama a la Nación por fondos retenidos de la caja previsional no transferida unos 130.000 millones de pesos en tres causas, mientras que Corrientes le reclama por incumplimiento en el Consenso Fiscal 2017 y 2021 unos 24.000 millones de pesos. Por los cambios en Ganancias, además, le pide 68.000 millones de pesos. Formosa le reclama al Estado nacional fondos previsionales por 25.000 millones de pesos.
También hay reclamos de Jujuy por Ganancias, de La Pampa por el fondo del transporte y de la La Rioja por la quita de su coparticipación federal y la quita del fondo de incentivo docente, además de la nulidad del DNU 70/23 que presentó ante la Corte.
Misiones y Río Negro plantearon reclamos por el recorte de fondos docentes, la provincia de Buenos Aires hizo lo propio por el fondo de fortalecimiento fiscal, Santiago del Estero presentó otro planteo por los subsidios al transporte y Santa Fe, por la caja previsional.
El monto de las demandas toma relevancia en un momento de tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema. El Gobierno pretende de la Corte que dicte fallos que le allanen el camino: por ejemplo, que convalide la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que plantea una reforma del Estado, o que rechace los planteos provinciales contra el recorte de fondos nacionales.
La máxima disconformidad de Milei estalló luego de que el Senado rechazó la validez del DNU 70/23 el 14 de marzo pasado. El 20 de marzo, el Presidente contestó con la postulación a la Corte del juez federal Ariel Lijo, que levantó una oleada de críticas de asociaciones de empresarios, juristas y abogados y de legisladores.
Algunos gobernadores ven en la postulación de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla una invitación a negociar en un tablero más amplio, no solo la vacante que dejó la jueza Elena Highton en la Corte y la que se producirá el 29 de diciembre cuando Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años.
Los mandatarios miran una lista más grande: la de las vacantes que existen en todo el Poder Judicial federal y nacional, en particular en la Cámara en lo Penal Económico (cuatro cargos vacantes), ya que allí tramitan las causas de contrabando y de contrabando de estupefacientes que ingresan por la frontera.
De todos modos, observan con interés también las tres vacantes de la Cámara Federal de Casación, la de cuatro juzgados federales de primera instancia en Comodoro Py 2002, la de dos vacantes en la Cámara Federal porteña, sumados los cargos estratégicos en los juzgados federales de sus provincias. Por ejemplo, faltan dos jueces de tribunal oral federal en Catamarca; un juez federal electoral y dos camaristas federales en Chaco; otro juez federal en Chubut, más un camarista y dos jueces de tribunal oral federal.
En Córdoba hay que cubrir dos vacantes en la Cámara Federal, una de un tribunal oral, pero el cargo estratégico es el de juez federal con competencia electoral. Lo mismo sucede en Corrientes y en Jujuy, donde también hay que designar a un juez federal. En Tucumán se busca juez federal electoral y en Mendoza ocurre algo similar, pues está vacante el juzgado federal con competencia electoral y hay tres asientos libres en la Cámara Federal.
Así ocurre en todas las provincias de norte a sur, incluida Santa Fe, donde hace falta un camarista federal y dos jueces federales. Todo esto sin contar los 85 pliegos que tiene el Poder Ejecutivo en su poder. Fueron retirados del Senado cuando ganó Milei y ahora debe volver a enviarlos. Debe elegir a un postulante de la terna que elevó el Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura.
De esa forma están planteadas las cosas en dos tableros: el de la política, donde los gobernadores negocian la ley ómnibus, el proyecto para reponer la cuarta categoría de Ganancias y un nuevo acuerdo fiscal de cara al “Pacto de Mayo”, mientras juegan sus fichas en el otro tablero, el judicial, donde se acumulan las demandas contra el Estado nacional.