Minería, y el negocio inmobiliario que quiere destruir el gobierno mendocino.
De acuerdo a lo consignado en el diario mendocino MDZ, en el 2008 el Estado mendocino concesionó áreas petroleras por primera vez. Hubo promesas de inversión con muchas de esas concesiones que nunca se cumplieron y los adjudicatarios terminaron negociando con otras empresas que se convirtieron en operadores. Hubo “ganadores” que nunca invirtieron y obtuvieron rédito sin que las áreas petroleras prosperaran. Cornejo quiere evitar que pase lo mismo en la minería.
Es decir, en Mendoza se han dado cuenta que la actual legislación propicia el “negocio Inmobiliario”, y quieren desarticularlo antes de lanzarse al ruedo. De acuerdo a la publicación, las fuentes del ejecutivo dijeron que tienen intención de “preparar el terreno” administrativo y político para las inversiones.
¿Qué pasa en San Juan?
La Constitución nacional determina que son las provincias las propietarias y encargadas de concesiones para explotar los recursos mineros. En San Juan se creó en 1989 el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) cuya función es adquirir los derechos mineros conforme lo determina el Código de Minas e inscribir los mismos a su nombre con la finalidad de convenir su exploración y explotación mediante contratos celebrados con terceros. Así es como periódicamente realiza licitaciones de áreas mineras para captar operadores que invierten en exploración y que, eventualmente; los impulsen a convertirse en minas productivas.
Es cierto que la minera es una actividad de riesgo y a largo plazo. Pero en San Juan hay una larga experiencias de proyectos que se han vuelto eternos en manos de los operadores que tienen las concesiones, sin dar ningún beneficio a la provincia.
Años atrás el gobierno provincial tuvo esporádicos intentos de modificar esta realidad, sin haber logrado hasta ahora su cometido. En el 2019 durante la gestión uñaquista, el entonces ministro de minería, Alberto Hensel, intentó ajustar las tuercas a los operadores del histórico proyecto Pachón. “No queremos las minas en papeles”, dijo Hensel en una oportunidad, al señalar al proyecto calingastino de cobre como un activo de la provincia que estaba en manos privadas que lo utilizaba como parte de su estado contable, sin dejar aparejado ningún beneficio en materia de empleo o inversión a la provincia.
Otro ejemplo es Fortescue, que posee desde 2018 las concesiones de Calderón, Calderoncito y Rincón de Araya, en San Juan y viene anunciando ocasionalmente inversiones para ampliar la actividad, sin que se vean resultados. Lo mismo sucede con un extenso portfolio de áreas que tiene San Juan en concesión de privados: La Ortiga (Barrick) Amarillo III, Despoblados y ZAAT (Minera del Carmen); Jagüelito (Mexplort); Del Carmen (Minera del Carmen); Santa Bárbara (Aurora Mining); Manantiales (Casposo); Río Cenicero (Aldebarán Resources); Ayen (Golden Mining) son algunas de ellas. Pese a los años que llevan en exploración, Veladero es la única área del IPEEM que está en producción. El empresariado minero dice que al ser inversiones de riesgo, son de largo aliento.
La gestión del gobernador Marcelo Orrego no ha dado pistas sobre qué piensa hacer respecto a este tema.
Para el referente minero Mario Capello, ideólogo del plan minero de la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, es algo para estudiar “detenidamente”, y que requiere cambios en San Juan. “Los códigos de procedimientos provinciales pueden desburocratizar y controlar procedimientos y tiempos. Creo que es un capítulo del Código de Minería requiere una modificación importante. Las exigencias para tener una mina datan de 1887”, señaló.
Tiempo