Residuos de Vaca Muerta
La Fiscalía Ambiental de Neuquén acusó a los responsables de la planta por acopiar y abandonar residuos peligrosos desde 2014 en adelante. También por emitir certificados y cobrar tratamientos nunca realizados. Además de embargarle las cuentas personales se les prohibió salir del país
La Fiscalía Ambiental de Neuquén imputó a los responsables de Comarsa, la planta de residuos petroleros de Vaca Muerta, en el marco de la investigación penal por delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta.
La causa se inicio a finales de 2020 a partir de una denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas que, junto a la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén se constituyeron como querellantes particulares.
Según la acusación formulada por la Fiscalía de Delitos Ambientales, la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales SA (Comarsa) acopió y abandonó residuos peligrosos sin tratarlos desde 2014 en adelante, con lo que generó ganancias y dejó un pasivo ambiental de envergadura en la planta de Parque Industrial de Neuquén Oeste (Pino) ubicada en la ciudad de Neuquén Capital.
El jueves pasado, el fiscal Maximiliano Breid Obeid imputó a Juan Manuel Luis (fundador y director de Comarsa SA) y a Héctor Basilotta (director suplente entre 2014 y 2021) como coautores de contaminación peligrosa para la salud pública en concurso real y administración fraudulenta. En tanto, a Federico Ponce (gerente general y responsable técnico de la firma entre 2013 y 2016) le achacó los mismos delitos en carácter de partícipe necesario.
El fiscal también consiguió que se dispongan embargos sobre la empresa, las cuentas personales de los acusados y la prohibición para salir del país. Además, por la complejidad de los delitos investigados, el fiscal adelantó que prevé ampliar la imputación a más personas en relación a la presunta connivencia de funcionarios de gobierno.
Según la Fiscalía, el pasivo ambiental que deja Comarsa supera los 7.350.000 dólares. La causa está centrada en la planta que tiene la empresa en la ciudad de Neuquén, no en la que posee en la localidad de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.
Otro de los puntos relevantes de la acusación es que el dueño de la firma, Juan Manuel Luis, tiene una fortuna millonaria y se estima que el enriquecimiento fue obtenido en Comarsa SA entre 2006 y 2007 con un monto de 2.300.000 dólares en concepto de ganancias y honorarios en su calidad de director.
La Fiscalía también dijo que la en la planta de Neuquén hay más de 200.000 metros cúbicos de residuos petroleros y que se necesitarían diez mil camiones para sacar todo lo acopiado.
Se trata de un enorme basurero visible a gran distancia junto a la ruta de circunvalación de Neuquén capital que viene juntando basura petrolera desde 2014, fecha en que comenzaron a denunciar irregularidades ya que la zona está rodeada de miles de personas que habitan el oeste neuquino.
En ese momento, la empresa se comprometió contractualmente con YPF SA, su principal cliente, a recibir y someter a tratamiento los residuos semisólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos mediante un horno de desorción térmica. Pero nunca lo cumplieron.
Según la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, los cargos contra dos empresarios y un encargado de operar la planta de residuos peligrosos se basan en que simularon ganancias a través de la realización de “tratamientos” que nunca se llevaron a cabo.
Al respecto dijeron que Comarsa SA recibió residuos por encima de su capacidad de tratamiento, lo que generó una acumulación de residuos en el predio. Y que al mismo tiempo, la empresa emitió certificados y cobró por tratamientos que no se realizaron, permitiéndoles disimular la situación real y seguir recibiendo residuos peligrosos, mantener sus contratos y justificar ganancias, mientras que obstaculizaban la supervisión de la empresa.
La planta se encuentra a menos de 500 metros de barrios densamente poblados de la ciudad de Neuquén que desde 2014 han llevado a cabo manifestaciones públicas debido a los malos olores y humo negro provenientes de los hornos de la empresa.
El mismo fiscal estimó que se necesitarían 10 mil camiones para remover las montañas de basura petrolera sin tratamiento acumulada a cielo abierto