Si las contradicciones derivadas de la crisis macroeconómica entran a afectar la producción doméstica de hidrocarburos, podemos volver al peor de los mundos: desabastecimiento interno y reducción de las exportaciones.
El pasado 17 de agosto, luego de las elecciones primarias, el Ministro de Economía y candidato a Presidente Sergio Massa, tras la devaluación del peso, anunció un acuerdo con la industria petrolera en el cual se fijaban los precios de los combustibles en surtidor al público hasta el 31 de octubre.
Esto, luego del último aumento de 12,5% que se acumuló al 4,5% de principios de ese mes. Para su implementación, y con el fin de hacer cumplir el acuerdo de precios al final de la cadena en un contexto de aumento del precio internacional por encima de los 80 dólares, las refinadoras pidieron bajar el precio del crudo Medanito en el mercado doméstico (el de mayor procesamiento interno) de 62 dólares por barril a 56.
Como el “barril criollo” queda cada vez más desalineado con las referencias internacionales, la descoordinación en la cadena de valor y el uso electoral de la medida (el acuerdo finaliza después de las elecciones) alteró las reglas que rigen el reparto y distribución de la renta petrolera aguas arriba.
Perdieron las provincias productoras (menores regalías) y perdieron los petroleros (rentabilidad). Por supuesto, con precios finales de los combustibles congelados, y un “barril criollo” cada vez más divorciado de las referencias internacionales, hubo demanda incremental para aprovechar los bienes baratos, y empezaba a insinuarse la ley de la gravedad que la mala política parece no entender: desabastecimiento interno.
Los productores querían exportar más para aprovechar los precios externos, los refinadores aprovisionarse de más crudo con subsidio económico a absorber por los productores, y los consumidores llenar los tanques.
En un contexto económico donde el sector petrolero es uno de los pocos aportantes de divisas frescas que quedan (un promedio de 260 millones de dólares por mes, donde el 70% proviene de Vaca Muerta) y donde empezaba a equilibrarse una balanza comercial deficitaria de 4.359 millones en 2022, el Gobierno decidió cancelar todos los permisos de exportación para obligar a los productores a vender crudo en el mercado interno.
Frente al desbarajuste inflacionario y la devaluación sin plan, se dio prioridad al congelamiento de los precios de los combustibles, pero olvidaron que también habían fijado el precio del dólar a una nueva paridad (de 350 pesos) y que estaban sin dólares para sostenerla en medio de una inflación mensual de dos dígitos. El martes 26 de septiembre, el ministro candidato, anunció entonces el “dólar Vaca Muerta”.
El nuevo tipo de cambio permitirá que, si se toma como referencia el valor actual del Contado con Liquidación (CCL), las petroleras reciban alrededor 460 pesos por cada dólar generado por la exportación de crudo durante octubre y noviembre. ¿Cómo, no era que los permisos de exportar estaban en el freezer para no desabastecer de barriles criollos el mercado doméstico?
Es que ahora la prioridad cortoplacista es conseguir unos USD 400 millones prefinanciando ventas para adelantar el cobro de exportaciones que de cualquier manera se hubieran hecho (en la industria petrolera no hay silo bolsa). Del temor a la escalada inflacionaria al miedo a la asfixia cambiaria sin solución de continuidad.
Si las contradicciones derivadas de la crisis macroeconómica entran a afectar la producción doméstica por caída de las inversiones (el negocio del crudo no convencional -minería petrolera- desarrolla rápidos anticuerpos contra el oportunismo político) podemos volver al peor de los mundos: desabastecimiento interno y reducción de las exportaciones.
Con una industria entrampada en el corto plazo, y una política reincidente en errores, adiós a los pronósticos optimistas de una balanza comercial energética superavitaria en varios miles de millones de dólares para fines de la década que anticipan algunos pronósticos.
Dos recomendaciones para que la energía se transforme en un capítulo de una estrategia de desarrollo, y para que Vaca Muerta desarrolle su potencial.
Primero: la industria petrolera debe asumir que no habrá una isla microeconómica que la blinde y preserve de los tsunamis de la macro economía.
Segundo: la política debe entender, de una vez por todas, que el desarrollo intensivo de este sector que entierra capital requiere: estabilidad macro, precios internos alineados con los internacionales, libre acceso al mercado de divisas (no más cepos), reglas de juego de largo plazo, y garantías institucionales que aseguren la estabilidad de los mecanismos que rigen la apropiación y distribución de la renta entre el Gobierno (nación y provincias) y las empresas.
Daniel Montamat es ex secretario de Energía y ex presidente de YPF.