La historia de la polémica expropiación de YPF, por la que Argentina deberá pagar U$S 16.000 millones

La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios argentinos en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.

La decisión fue anunciada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien llevó adelante el proceso que se inició en 2015. En marzo, Preska ya falló contra Argentina en este caso, pero había dejado pendiente determinar el monto que debería pagar.Al caso se sumó en 2016 como demandante Eton Park, fondo estadounidense que tenía el 2,9% de YPF.

QUIÉN ES EL DEMANDANTE

Burford Capital es un fondo de cobertura que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo. En este caso, la firma adquirió el proceso de quiebra de 2 empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía Inversora y Petersen Energía), que poseían acciones por el 25% de YPF.

Estas compañías compraron acciones a través de préstamos de bancos internacionales y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. Sin embargo, el pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol durante el Gobierno de Cristina Kirchner.

A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.

CÓMO FUE LA EXPROPIACIÓN DE YPF

En 2012, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner promovió un proyecto de ley para recuperar la conducción de la petrolera privatizada en 1999. El mayor promotor de la propuesta fue Axel Kicillof, quien por aquellos días se desempeñaba como viceministro de Economía.

El 16 de abril de ese año, Cristina Kirchner tomó un primer paso al establecer la intervención de la compañía y dejar su conducción en manos del ministro de Planificación, Julio de Vido, y de Kicillof. “El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental. No será manejada por un grupo empresario nacional ni internacional, sino por el Estado nacional”, justificó la jefa de Estado.

La iniciativa avanzó luego en el ámbito legislativo y el Congreso de la Nación aprobó, en mayo del mencionado año, la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, la cual permitió expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que hasta ese momento tenía la española Repsol.

LA CLAVE DEL CONFLICTO

“Los tarados son los que piensan que el Estado es estúpido y (se debe) comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”, lanzó Kicillof en aquel momento, al exponer en la Cámara de Senadores para defender la iniciativa kirchnerista.

En viceministro de Economía e interventor de la compañía petrolera rechazó las críticas de quienes advertían sobre los riesgos de no respetar las normas internas que se fijaron en YPF a partir de su privatización durante el menemismo. A saber, en el estatuto de YPF se determinó que, ante un intento de nacionalización, el Estado debía realizar una oferta pública de adquisición de todas las acciones Clase D a un precio predeterminado. Es decir, ofrecerle a todos los accionistas las mismas condiciones.

Sin embargo, la ley de expropiación que aprobó el Congreso contempló el pago de U$S 5.000 millones solamente para Repsol y que el mismo se materializaría a través de bonos públicos.

En 2013, la Argentina llegó a un acuerdo extrajudicial con Repsol, pero en 2015 aparecieron las demandas del resto de los grandes accionistas de la empresa, entre ellos los representantes de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Burford adquirió luego la potestad sobre el reclamo de estos últimos e invirtió 16,6 millones de dólares para financiar las demandas, tal como lo consignó la agencia espefializada en finanzas Bloomberg.

La jueza Preska avaló el reclamo de Burford contra el Estado nacional al considerar que no se respetaron los estatutos de YPF del año 1993.

Recientemente, el ex ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos Alfonso Prat Gay recordó aquella frase para responderle al actual gobernador de Buenos Aires: “Hoy ese Estado está condenado a pagar una multa de entre 1 y 3 veces el valor de la compañía expropiada ¿Quién fue el tarado y el estúpido al final?”, desafió poco después de que la Argentina asumiera ante la Justicia de Nueva York su responsabilidad para pagar multimillonarias compensaciones.

QUÉ DICE YPF SOBRE EL JUICIO

El presidente de YPF, Pablo González, reafirmó la expropiación la petrolera y aseguró que la volvería a repetir si fuera necesario. “Fue una buena decisión, y la volveríamos a tomar porque además lo podemos pagar. Es una sentencia absolutamente injusta que la podríamos pagar con un EBITDA anual”, afirmó.

“Primero hay que aclarar que la sentencia favorece a un fondo que no tuvo nada que ver con YPF, en la historia de la empresa, que nunca invirtió en YPF, y nunca le importo”, expresó González al respecto.

“Es una sentencia injusta donde hay un fondo buitre que no tuvo ningún daño, fue y compró una quiebra en España, dicen por 15 millones de dólares. Hay una industria de juicios, donde una jueza de Nueva York resuelve una expropiación en la Argentina, que es un hecho soberano, una norma de orden público, aplicando estatutos de YPF por encima de la ley y aplicando una ley argentina”, agregó el presidente de la petrolera.

Para González, si no se hubiera tomado la determinación de expropiar YPF, “Argentina habría perdido la oportunidad de alcanzar soberanía energética”.

Según señaló, la expropiación del 51% de YPF en 2012 permitió al país “retomar el control” sobre los recursos energéticos y, posteriormente, se dio lugar al desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional en el mundo.

“Vaca Muerta se desarrolla a partir de 2013 y fue el Estado, fue YPF quien tomó la bandera, quien invirtió en la curva de aprendizaje y por eso hoy tenemos los resultados que tenemos”, dijo.

YPF COMO MODELO PARA LA FRUSTADA EXPROPIACIÓN DE VICENTIN

En el arranque de su gobierno, el presidente Alberto Fernández había anunciado que comenzaría la expropiación de la cerealera santafesina, Vicentin, aunque luego de las multiples críticas realizadas por la oposición tuvo que desestimar el proyecto.

Su idea era impulsar en el Congreso de la Nación un plan para expropiar al quebrado grupo cerealero Vicentin, siguiendo con el modelo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

“Todo el mundo tiene que entender que lo de Vicentin es una medida absolutamente excepcional. Que no nos estamos quedando con una empresa próspera, que la salvamos por la incidencia que tiene en la economía nacional, en el mercado de granos. Sólo por eso”, había remarcado el Jefe de Estado.

“Lo empezamos a seguir de cerca no sólo porque éramos uno de los acreedores principales, el Estado, sino por lo que estratégicamente representa”, explicó el Jefe de Estado.

La deuda de Vicentin asciendía a 1.350 millones de dólares y el 76% por ciento de ese total estaba en manos de los bancos, fundamentalmente al Nación, donde el pasivo superaba los 18.000 millones de pesos. Y otra amenaza que el gobierno vislumbraba tenía que ver con la irrupción de una empresa extranjera que aproveche los precios de remate.

“A nosotros nos venía pareciendo que eso podía ser un problema que terminaría resolviéndose con una compra a bajo precio de parte de alguna empresa multinacional, algo que no nos gustaba porque significaba que la Argentina perdía un operador muy importante en manos de esa transnacionalización”, reconocía Fernández.

Pero el drama de Vicentin también era vista como una oportunidad para poner un pie en el mercado de la comercialización de granos y replicar la experiencia que el Estado logra con YPF en el sector de los hidrocarburos. Aunque las escalas no eran comparables, el potencial entusiasmaba en la Casa Rosada.

Por ello, la intención oficial era que la administración estatal de Vicentin quede en manos de un fideicomiso a cargo de YPF Agro, una de las unidades de negocios de la petrolera estatal.

“¿Qué es lo que nos motiva de esto? Que el Estado tome las riendas con una lógica que no es la lógica del Estado que expropia y pone un político al frente sino que sea una empresa gerenciada con las características que tiene una empresa como YPF, que es de capitales mixtos, donde confluyen el Estado con el sector privado, que tiene el rigor de una empresa de mercado, que cotiza en Nueva York, o sea que tiene muchas exigencias de financiamiento”, planteaba Fernández.

LA HISTORIA DE YPF

• 1907: Descubren petróleo en la zona de la ciudad de Comodoro Rivadavia
• 1910: Se crea la Dirección General de Explotación del Petróleo, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país a este fin
• 1922: Se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). A pocos días de que Alvear asuma la presidencia de la Nación Argentina, Enrique Mosconi fue nombrado director general de YPF
• 1923: La petrolera estatal YPF inauguró el primer surtidor de querosén
• 1941: Comenzó la explotación del yacimiento carbonífero de Río Turbio
• 1945: Farrell retomó la política energética, mediante la nacionalización de los hidrocarburos que quedó respaldada gracias al artículo 40 de la Constitución de 1949.
• 1947: Se firma un acuerdo entre YPF y la empresa petrolera estadounidense Drilexco, para la exploración de cuarenta pozos de petróleo, ya que los recursos que tenía el Estado para lograr el autoabastecimiento no eran suficientes
• 1955: Fueron atacados los tanques de combustible de la empresa en Mar del Plata
• 1976: La dictadura militar permite una intervención cada vez mayor de las empresas privadas en detrimento de YPF. Durante este período la deuda de la empresa aumentó un 16,13 % hasta llegar a los seis mil millones de dólares y despidió a 13 mil empleados.
• 1999: Durante el Gobierno de Carlos Saúl Menem, el Estado argentino vendió a Repsol un 14,99 % de las acciones de YPF.
• 2012: Durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el Estado expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

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