Desde hace varias décadas, Bolivia es uno de los mayores exportadores de gas natural de Sudamérica. Las abundantes reservas de gas del país empezaron a bombearse a gran escala en la década de 1970 y consolidaron el ascenso del popular ex presidente Evo Morales.
Fue quien aumentó drásticamente el control estatal sobre la industria tras asumir el cargo en 2006 y utilizó los ingresos para ampliar el Estado del bienestar boliviano.
Pero las exportaciones de gas boliviano disminuyeron en la última década, en parte porque la fuerte intervención estatal frenó las nuevas inversiones en el sector. Además, por culpa de lo que los analistas económicos califican de mala planificación gubernamental, las exportaciones de productos alternativos no han crecido a un ritmo que permita recuperar las pérdidas. El desplome afecta a la economía boliviana, limita las opciones de gasto del gobierno y genera inquietud en sus países clientes, como Argentina y Brasil.
Ahora, el mapa energético de Sudamérica comienza a cambiar. Argentina se está posicionando para ocupar parte del espacio que Bolivia está perdiendo, lo que le podría significar beneficios políticos y económicos (desde la óptica de Foreign Policy.)
Aunque ambos países atraen la atención geopolítica y las inversiones por sus amplias reservas de litio -y su potencial para abastecer la transición energética ecológica mundial-, los destinos divergentes del gas natural de Argentina y Bolivia demuestran que seguimos viviendo en una era marcada por los combustibles fósiles.
Con una rapidez inusitada, el Gobierno inauguró el gasoducto que conectará un enorme yacimiento de gas de esquisto en el centro-oeste del país con los consumidores de la provincia de Buenos Aires, que depende del gas natural licuado importado del extranjero durante parte del año. El gobierno dijo que espera que el gasoducto del yacimiento de petróleo y gas – Vaca Muerta- signifique un ahorro de US$ 1.700 millones en importaciones este año. Argentina bombea petróleo de Vaca Muerta desde 2011.
La rápida construcción del proyecto fue inusual a pesar de la grave crisis económica que atraviesa nuestro país, con una inflación anual superior al 110%. El gasoducto, previsto desde 2015, se construyó en 10 meses a partir de septiembre.
Un factor clave que contribuyó a acelerar el proyecto, según declaró a Foreign Policy el periodista argentino especializado en energía Nicolás Gandini, fue la llegada de un nuevo ministro de Economía hace exactamente un año, que dio prioridad al gasoducto y fue “visto como un interlocutor legítimo por el sector energético privado”, un atributo fundamental en medio de los problemas macroeconómicos del país.
El gasoducto se construyó mediante una asociación entre la empresa estatal Energía Argentina y tres empresas privadas; el ministro reunió una combinación de fuentes de financiación que incluía un crédito del banco de desarrollo latinoamericano CAF.
Este ministro de Economía, Sergio Massa, es el candidato presidencial de la coalición en el poder para las elecciones de octubre. (El actual Presidente, Alberto Fernández, ha renunciado a presentarse a la reelección). Las encuestas apuntan a una carrera difícil para Massa, pero si obtiene buenos resultados, su historial en materia de gas natural puede ser una de las razones.
Aunque las perforaciones y la fracturación hidráulica en Vaca Muerta han provocado protestas ecologistas e indígenas en Argentina a lo largo de los años, ningún candidato presidencial importante se opone hoy a esas actividades.
Además de Massa, el candidato anarco-capitalista Javier Milei y los candidatos de la coalición opositora de centro-derecha Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que se enfrentarán en las primarias de la oposición, son los favoritos para las elecciones de octubre.
Gandini, quien dirige la agencia de noticias sobre energía y minería EconoJournal y ha seguido de cerca a los asesores energéticos que trabajan con los principales candidatos presidenciales de Argentina, dijo que Milei y Bullrich se oponen más que Massa y Larreta a la intervención del Estado en la economía. Añadió que, aunque Larreta es más partidario del mercado que Massa, probablemente estaría dispuesto a movilizar recursos públicos si fuera necesario para impulsar las inversiones en gas.
Bullrich y Milei “tienen la ilusión de que pueden conseguir proyectos financiados en el mercado privado, lo que no es tan sencillo en un país tan complicado como Argentina”, dijo Gandini.
Buenos Aires convocará a una licitación para un contrato estatal de construcción de una nueva extensión del gasoducto a otra provincia este mes de septiembre -justo un mes antes de las elecciones- y ambiciona exportar gas a Brasil y Uruguay en el futuro. El potencial de exportación de gas de Argentina ha atraído incluso la atención del Canciller alemán Olaf Scholz, que trató el asunto en una visita bilateral en enero. (El Congreso argentino está en las primeras fases de discusión de un marco regulador que podría permitirle empezar a exportar gas natural licuado). Incluso antes de que se produzca cualquier exportación, la reducción de las importaciones de gas ayuda al gobierno argentino a conservar algo de los dólares que tanto necesita.
Pero las exportaciones de gas no pueden ser el salvavidas económico para siempre según avanza la transición energética mundial. La vecina Bolivia es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando un país no planifica su futuro económico más allá de la exportación de combustibles fósiles. La misma semana en que se completó el nuevo gasoducto, el gobierno publicó su estrategia de transición energética para 2030, que se centra en cómo el país transformará su red eléctrica, pero no en cómo transformará sus exportaciones.
Sin embargo, para un país sumido en la incertidumbre económica, 2030 parece muy lejano. “Ahora mismo, el Gobierno necesita mejorar su balanza comercial” y otras cuentas nacionales, “lo que exige exportar todo lo posible, no sólo gas natural, sino sobre todo petróleo”, especialmente a los precios internacionales actuales, dijo Gandini.
Revista Mercado