Página/12 – Catamarca/12.- El diputado nacional Carlos Alderte (FDT-PCR), autor del proyecto sobre el manejo del litio en Argentina, fue enfático: “Muchos están confundiendo el proyecto que presenté junto a otros 19 diputados nacionales del FDT. No hablamos de nacionalizar el litio, sino de nombrarlo recurso estratégico”.

En diálogo con Catamarca/12, Alderete indicó que esta “declaración del litio como recurso estratégico no va contra la Constitución nacional en su reforma del año´94, por lo que el litio seguiría siendo patrimonio de las provincias, y las regalías seguirían gestionadas (a favor de las provincias) por la Ley de Minería vigente”.

Juan Carlos Aldete (FdT- PCR) presentó en mayo pasado un proyecto de ley que se convirtió en punta de lanza de muchos sectores del oficialismo a nivel nacional para avanzar en el pedido de nombrar al mineral como recurso estratégico. A la par que unificó voces oficialistas y de la oposición en las provincias litíferas (Catamarca, Jujuy y Salta) en contra de lo que se leyó como una potencial nacionalización del litio, que hoy tanto en pertenencia como explotación es patrimonio de las provincias.

“Lo que esta ley propone es que haya desde la Nación una mínima regulación sobre lo que hacen estas mineras (de capitales extranjeros) con lo que extraen porque el litio es de interés estratégico para la Nación y su soberanía”, argumentó el diputado.

En parte del proyecto de ley se sostiene como importante “aprobar” que se declare de «interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados».

La propuesta busca que el Estado nacional recupere el control sobre la extracción y el comercio exterior del mineral que actualmente se encuentra en manos de empresas extranjeras. De esta manera, las ganancias que recibe Argentina están muy por debajo de lo que otros países reciben por las mismas condiciones de explotación, explicó.

En este sentido, en el artículo 5 del proyecto de Alderete se define que «el Estado Nacional tendrá la primera opción para adquirir el litio extraído en nuestro país». Un argumento que sostuvo la propia vicepresidenta Cristina Fernández cuando aseguró meses atrás que hay una «vocación de colonia» de quienes “se oponen a regular su administración en beneficio de la soberanía” del país.

Para Alderete es muy clara la importancia de esta protección porque, además, estamos en una coyuntura mundial de alta demanda de este mineral, y en medio de la puja entre potencias mundiales para su obtención. “Es por esto, como uno de los varios argumentos, que no podemos permitir que se haga lo que se quiera con el recurso”, argumentó.

Hasta ahora, desde las provincias litíferas nucleadas en la Mesa del Litio, y poseedores de más del 60 por ciento del mineral a nivel mundial, las voces de los propios gobernadores (Gustavo Jalil, Gustavo Sáenz y Gerardo Morales) fue considerar que el manejo del recurso, el control de las empresas, y la generación de valor agregado son patrimonio de las provincias propietarias.

Con la cuestión de las regalías, “las provincias van a seguir cobrando lo que cobran y esto también es un tema a debatir –dijo Alderete. Pero ese ya es otro tema, y este proyecto de ley no habla de eso”.

El diputado dijo que con su proyecto se abre la instancia de que «finalizada la opción de compra (del mineral extraído) por el Estado argentino», los permisionarios y concesionarios extranjeros «tendrán el derecho sobre el mineral excedente que extraigan y podrán comercializarlos». Un primer paso para la industrialización en Argentina como ya se puede ver de manera experimental “en el laboratorio en la Universidad de La Plata” para la generación de baterías, por ejemplo.

“Tenemos que industrializarlo para el país, darle un valor agregado a esa materia prima – explicó-. Y este el sentido del proyecto de ley que presenté para que el litio sea declarado recurso estratégico para el país.

Por otro lado, consideró que la cuestión de las regalías “necesita un debate aparte porque cómo puede ser que las mineras sólo pagan el 3 por ciento, el 3,8 por ciento en regalías. Es algo que debe cambiarse pero para eso, hace falta modificar la Ley de Minería que pone un límite ridículo del 3 por ciento o del 3,8 por ciento”.

“Si debatimos cambiar la Ley de Minería –señaló- nos metemos de lleno en hablar de las economías regionales porque las primeras beneficiarias también serían las provincias”.

Entre los fundamentos del proyecto, se destacó que «el litio es codiciado y disputado ferozmente por las potencias hegemónicas, y son precisamente estas potencias, a través de sus empresas monopólicas, las que saquean el litio en la Argentina y profundizan la dependencia de nuestro país”.

Para Alderete, promover la declaración del litio como recurso estratégico es central “en su espíritu de ley porque si el negocio está en lo que se extrae y vende tal como declaran las mineras ¿Cuál sería el problema de que parte de esa compra la haga el Estado nacional si se llevarían las mismas ganancias?”. “Salvo –consideró- que el negocio sea otro y no lo estén diciendo porque esta ley no pretende regular la extracción pero si poner reglas mínimas a esa extracción y sobre lo que se hace con el mineral una vez extraído”.

El diputado reiteró que esta medida “tampoco le quita a las provincias el poder de negociación con las provincias mineras sino que apunta a la industrialización y la gestión de valor agregado como ya se hace en el camino que comenzó la Universidad de La Plata porque este mineral no se queda en las baterías sino que se demanda en amplios rubros como la industria farmacéutica, en el sector aeroespacial y nosotros tenemos los espacios para esto, además con el acompañamiento de una secretaria estatal como es YPF- Litio”.

En este sentido, Alderete dijo que ante las críticas desde los sectores provinciales, y dirigenciales de diversos colores políticos, “no se entiende que algunos gobernantes, funcionarios y legisladores tengan un enojo similar al de las empresas mineras que no generan ningún valor agregado”.

“Hablamos de economías regionales, de construir puestos de trabajo, y también fundamentaciones políticas de la necesidad de cambiar la Ley de Minería heredada de la última dictadura, con reformas de Carlos Menem (que benefician a las empresas)”, afirmó.

“Hay muchas leyes que tenemos que modificar incluida la Ley de Medio Ambiente porque se trata de proteger los recursos, beneficiar al país y por eso no se entiende esta desinformación de parte de dirigentes y legisladores. Quiero creer que es porque no se leyó ni estudio el proyecto de ley que presenté”, concluyó.