Las empresas elaboradoras y la Secretaría de Energía acordaron para fijar el valor directamente; se implementará en noviembre
El Gobierno estableció la fórmula para el cálculo del precio del bioetanol de caña de azúcar y de maíz. Esta resolución, que le da un marco normativo a la ley de biocombustibles, llegó dos años después de su sanción.
La noticia la celebraron las empresas elaboradoras y el gobierno de Tucumán. Además, se definió que su implementación sea a partir del 1 de noviembre para evitar el impacto en los precios de los combustibles.
“Apruébanse los procedimientos para la determinación de los precios de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de maíz destinados a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640”, establece la Resolución 373/2023.
Al mismo tiempo, la autoridad de aplicación podrá efectuar modificaciones en los procedimientos para la determinación de los precios del bioetanol. El Gobierno podrá interceder en el caso de detectar desfasajes entre los valores resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos, o bien cuando dichos precios puedan generar distorsiones en los precios del combustible fósil en el pico del surtidor.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, comentó: “Trae previsibilidad al sector, seguridad objetiva y, seguramente, permitirá que los empresarios de la región hagan inversiones que dinamicen la economía y generen puestos de trabajo”, manifestó”. Sobre la modificación en los parámetros que constituye la fórmula, aseguró que esto va a motivar a los empresarios a producir la cantidad de alcohol asignada por cupo por la secretaría”.
Bioetanol
El Gobierno informó que la fórmula fue una construcción entre las partes y de consenso. También se guarda una posibilidad de intervenir en caso de que haya que morigerar los impactos que pudiera ocasionar.
“Resulta propicio estimular un marco de coincidencia con la política de desacople de los precios internacionales de los internos y con el objeto fundamental de proteger los ingresos de los argentinos y las argentinas y de mantener un nivel de costos energéticos compatibles con el desenvolvimiento del sector productivo y de servicios de nuestra economía nacional”, argumenta la resolución.