Un grupo de diputados nacionales kirchneristas reincidió esta semana en las intentonas de nacionalizar el litio, a través de un proyecto de ley cuya materialización tiene inconvenientes más insalvables que el conteo de voluntades parlamentarias en la coyuntura: el arrebato que proponen requeriría reformar la Constitución nacional, que otorga la propiedad de los recursos naturales a las provincias y la ley nacional de Inversiones Mineras.
“Es imprescindible que tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra soberanía, protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios. Esto no sólo es necesario, sino que es posible. Es el momento de romper con el modelo extractivista-exportador, modificar el Código Minero, modificar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía”, consignan los fundamentos de la iniciativa, un condensado de clichés.
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El proyecto sintoniza con otro presentado hace cinco años, también por legisladores del kirchnerismo y con conceptos vertidos recientemente por Parrilli en un artículo publicado en enero por el matutino Página 12 bajo el título “¿Vamos a regalar el litio?”.
El senador nacional alertó allí sobre el peligro que significa que “para el establishment internacional, de los tres países que conforman el famoso Triángulo del litio, nuestro marco normativo es el más atractivo para la inversión extranjera”.
“Para ellos sería un pecado modificarlo, ya que generaría ‘desconfianza’ en los inversionistas y sacaría a nuestro país de su ‘virtuoso sendero exportador’”, advirtió, con citas del Wall Street Journal y The Economist. El marco normativo argentino es a su criterio inconveniente para los intereses del país. Concluyó: “No se trata de obstaculizar la inversión extranjera, ni de impedir la participación del capital privado, ni de nacionalizar el litio porque los recursos son de las provincias. Se trata de ordenar la actividad para que las provincias y la Nación recauden lo que corresponde, se agregue valor en territorio nacional, se genere empleo y las empresas privadas tengan una ganancia razonable”.
Compártase o no el encuadre ideológico del legislador, llama la atención la cantidad de elementos que omitió para hacer que su razonamiento antiimperial cierre, empezando por la conformación, en la gestión de su propio Gobierno, de la Mesa del Litio que integran Catamarca, Jujuy, Salta y la Nación.
En Catamarca, de donde es oriunda la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, se produjeron en los últimos años acontecimientos que habilitan al menos dudas sobre el rumbo que a Parrilli le parece indefectible.
Se modificó, por ejemplo, la legislación minera provincial. Entre otras cosas, la reforma transfirió las facultades administrativas de otorgamiento y control sobre los pedimentos mineros del Juzgado Electoral y de Minas al Ministerio de Minería, de modo que el Estado provincial quedó en mejores condiciones para monitorear que los concesionarios de las áreas realicen las inversiones requeridas para retener sus derechos.
Esto abrió paso a una depuración del padrón minero, que estaba plagado de especuladores y permitió al Gobierno entregarle pedimentos que estaban en falta a la sociedad del Estado CAMYEN, en lo que fue una capitalización de hecho.
Finalmente, CAMYEN celebró dos convenios con YPF, que es del Estado nacional.
El primero en agosto, para explorar una superficie de 20 mil hectáreas en Fiambalá. El acuerdo fue calificado por la petrolera como «un hito para ambas compañías, ya que es el primer desarrollo de este tipo que van a llevar a cabo».
El otro en diciembre, con Y-TEC YPF, para montar en El Pantanillo una planta de fabricación de celdas, baterías de ion-litio y de material activo.
Es curioso que Parrilli no anotara estos convenios, sobre todo por los elogios que el gobernador Raúl Jalil dedicó a su jefa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por “crear hace 12 años Y-TEC para la independencia política” y “tomar una decisión de poder tener independencia y poder cambiar la matriz energética y que Catamarca aporte hacia el país es fundamental”.
Lo que falta
Prevenirse de la angurria metropolitana no implica ignorar los déficits de la política provincial y regional en lo que al fenómeno del litio se refiere.
La depuración del padrón minero, que permitió capitalizar a la CAMYEN con propiedades que estaban en manos de especuladores, no ha sido tan minuciosa como para aventar las sospechas de que continúan cocinándose estofados más bien hediondos con las concesiones.
La conducta del Estado provincial tampoco ha sido lo suficientemente enérgica con logreros como la Livent, que manipuló sus precios de exportación en detrimento del erario y salió librada con una devolución de 200 millones de pesos.
No es nada que no pueda revertirse, sin necesidad de que venga el esquema metropolitano, cuya lógica política ha sumido al país en la miseria, a arrebatar el patrimonio provincial al amparo de vetustas consignas antiimperialistas