El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, hizo lugar a la medida cautelar recientemente presentada por la municipalidad de Berazategui contra Edesur, a raíz de los prolongados y generalizados cortes de energía durante la última semana. El ejecutivo municipal reclamaba que «se garantice, en todo el ámbito del Partido de Berazategui, la eficiente, regular, continua, adecuada, y segura prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica, de manera que ello no obstruya en forma constante y perjudicial la prestación del servicio de distribución de agua de red que de forma efectiva presta este municipio».

El fallo sostiene que “la energía eléctrica es un servicio más que esencial, determinante e imprescindible para procurar satisfacer necesidades básicas, administradas por su mandante debido a que en el presente caso, la falta de energía eléctrica en Berazategui supone también la falta de acceso a agua de red y es allí donde su mandante sufre un latente y real perjuicio, puesto que no puede brindar el servicio de distribución de la misma”.

Y agrega, unos párrafos más adelante, respecto de la legitimidad del municipio para demandar, que “cabe señalar que la legitimación procesal es la capacidad o aptitud de una persona física o jurídica para intervenir en un proceso judicial, y en principio la regla general sostiene que los derechos sobre bienes individuales deben ser ejercidos por sus titulares, aunque existan gran cantidad de afectados en su misma situación, en el caso de autos la Municipalidad de Berazategui interpuso esta acción de amparo en virtud de su condición de titular y prestador del servicio de extracción y distribución a agua de red en el ámbito distrital, función que sólo puede ser regularmente prestada a partir del suministro regular y suficiente del servicio eléctrico”.

«En Berazategui, cada pozo tiene una bomba eléctrica. Se corta la luz y cesa el bombeo», informaron fuentes locales.

Casi en simultáneo, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza inició un procedimiento de oficio contra Edesur, que culminó con una multa de 200 millones de pesos más costas, como consecuencia de las constantes interrupciones y deficiencias del servicio, sumadas al incumplimiento por parte de la empresa en el deber de información y trato digno hacia los consumidores. La medida se llevó adelante a través de la Dirección General de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial local. La jueza de faltas, Anabella Galván, hizo hincapié en que la mayor parte de los afectados por los cortes son consumidores en especial situación de vulnerabilidad.

En Florencio Varela, la reacción del intendente Andrés Watson consistió en la intimación legal a la prestadora de servicios eléctricos, para que arbitrara las medidas de contingencia necesarias hasta el restablecimiento del servicio, y el envío al legislativo de un proyecto de declaración de emergencia energética, que fue aprobado el 8 de marzo pasado, con apoyo de la oposición.

Fernando Gray, de Esteban Echeverría, también denunció penalmente al presidente y al directorio de la empresa porque los cortes afectaron el funcionamiento del Hospital Municipal Sofía Terrero de Santamarina.Durante 48 horas, Edesur no proveyó el servicio de energía eléctrica al hospital y tampoco brindó asistencia en la emergencia, a pesar de haberse comprometido a proporcionar un generador. Fue entregado con 24 horas de demora y no funcionó por desperfectos en su batería.

La mala relación de los municipios del conurbano sur con EDESUR por la calidad del servicio no es nueva. Hace más de una década, el tema llegó a la Federación Argentina de Municipios (FAM), entonces encabezada por Julio Pereyra. El planteo era “si no son capaces de brindar el servicio como corresponde, que se vayan”.

Como informó recientemente Buenos Aires/12, de los 2,5 millones de titulares que tiene Edesur, 1.8  millones son bonaerenses residentes en Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Ezeiza, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela y también, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Quilmes y Berazategui, el corazón de la tercera sección electoral.

Por tal motivo, el jefe de gabinete, Martín Insaurralde, propuso que los municipios bonaerenses que están bajo el ala de EDESUR se hicieran cargo de la compañía. “Los municipios responsables de la zona de influencia de EDESUR creemos que llegó la hora de tomar cartas en el asunto”, tuiteó, y propuso “armar un consorcio y ofrecer, dentro de las reglas del mercado, hacernos cargo de la compañía pagando lo que vale.” Otro lomense, el abogado experto en derecho del consumidor Osvaldo Bassano, en conversación con Buenos Aires/12 alentó a «no dejarse correr con el cuco del CIADI».

Mientras se aguarda la reacción del gobierno nacional y arrecian las versiones de una posible estatización, las denuncias de los alcaldes, sus ordenanzas y reclamos públicos, cuyos primeros éxitos cosecharon en estas horas Juan José Mussi y Mayra Mendoza, están en evidente sintonía con el objetivo planteado por Insaurralde. Los intendentes, a menudo presentados como «primer mostrador de la política», son los receptores directos del malestar popular: o encuentran vías de acción que funcionen como válvulas de escape o, literalmente, la crisis les explota en las manos.

La irritación de los habitantes del Conurbano es tan intensa que Néstor Grindetti, de Lanús y del PRO, tuiteó contra la empresa y alentó a los lanusenses a realizar presentaciones judiciales, al tiempo que mostraba las medidas de contingencia desplegadas por su administración: reparto de agua envasada, entrega de generadores a electrodependientes y refrigeración de medicamentos.

La historia reciente de Berazategui está plagada de conflictos alrededor de la calidad y cantidad de agua suministrada, desde que en 2016 se produjeron algunos casos de gastroenterocolitis, que la oposición política y algunos los medios nacionales rápidamente atribuyeron al “problema del agua”. Sin evidencia que los avalara, muchos hablaron de napas contaminadas por contacto con líquidos cloacales. Aunque nunca se encontró evidencia de contaminación, una versión la atribuye a una escuela que habría omitido las limpiezas periódicas y obligatorias de sus tanques de agua. En consecuencia, el agua que ingresaba limpia, se habría contaminado al entrar en contacto con las bacterias del tanque. Sin embargo, el tema se mantuvo en agenda durante varias semanas, hasta lograr que el mismo juez Armella que ahora falla contra Edesur, acusado de integrar la denominada “gestapro” o “gestapo pro”, dictara una medida cautelar que interrumpió obras.