Tras el fracaso al inicio de la gestión, el gobernador Rodolfo Suarez apunta a impulsar en su último año la actividad minera, enmarcándose dentro de los lineamientos que impone la Ley 7722. Es por eso que un día antes de la Fiesta Nacional de la Vendimia, anunció la creación de “Impulsa Mendoza”, una empresa que apuntará a atraer inversiones privadas para proyectos vinculados a la actividad minera.

Sin embargo, esa no es la única SA que creó el Estado en los últimos años. También figuran otras en el listado, con objetivos similares de atraer inversionistas o bien algunas que funcionan para prestar servicios estatales.

Potasio Río Colorado SA

En noviembre de 2020, el mandatario se reunió con los representantes legales de la empresa Vale y firmaron la transferencia definitiva de la mina Potasio Río Colorado (PRC) a la provincia. Luego, en febrero de 2021, finalmente los activos de la empresa pasaron al patrimonio provincial.

De este modo, el Ejecutivo tomó el control de la mina con el objetivo de encontrar inversiones para desarrollar un proyecto en el sur provincial.

En esta etapa, el Ministerio de Economía está analizando tres ofertas y se espera que en el próximo trimestre haya novedades. Una vez que se adjudique, los activos de PRC, alrededor de 30 millones de dólares, pasarán a capitalizar Impulsa Mendoza.

Potasio Río Colorado es un proyecto muy importante para el país, puesto que podría aumentar 50% la totalidad de las exportaciones mineras de todo el territorio nacional”, explicó tiempo atrás el gerente de PRC, Emilio Guiñazú.

Hay que recordar que el proyecto de Vale quedó frenado en el año 2013, razón por la cual la actual administración buscó esta alternativa para poder desarrollar la actividad en el sur provincial.

Impulsa Mendoza SA

La nueva sociedad anónima impulsada por la administración de Suarez es una empresa que apunta a ser una “visibilizadora de proyectos”, emulando de algún modo la tarea que viene realizando la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) en el sector energético. La organización está liderada por Emilio Guiñazú.

En pos del objetivo anunciado por el gobernador, la semana que pasó el funcionario participó de la feria minera de Canadá donde llevó un paquete de casi 40 proyectos, la mayoría vinculados al cobre.

El principal crítico de esta nueva organización fue el diputado nacional Omar de Marchi (PRO), que disparó en las redes contra la administración radical. “Es fácil jugar a empresario con dinero de la gente”, lanzó.

En este contexto electoral, el que salió a responderle fue el senador radical, Marcelo Rubio, y afirmó que es “fácil ser candidato cuando se desinforma la gente”. Pero más allá de la chicana, con su publicación en las redes intentó despejar las dudas y explicó que Impulsa Mendoza no requiere ni decreto ni ley que la avale, ya que se realiza dentro de la Ley General de Sociedades.

“No se crea nada, Impulsa es el vehículo jurídico para la continuidad de PRC, quien recibirá las acciones que el inversionista le comparta a la Provincia y donde serán transferidos todos activos que no son considerados estratégicos para desarrollar el proyecto de sales de Potasio, en Malargüe”, explicó.

Además, añadió que la SA “no tendrá nuevos empleados ni recibirá fondos del Estado”.

Emesa

La Empresa Mendocina de Energía SA (Emesa) fue creada por ley en el 2013 por ley y en 2014 obtuvo la personería jurídica. El trabajo de la organización que comanda Pablo Magistocchi apunta a incrementar el “valor de los activos energéticos” transferidos por Mendoza para desarrollar proyectos de generación de energía.

El 90% de las acciones de la firma son del Estado, mientras que el 10% restante agrupa a los 18 municipios. En concreto, Emesa se encarga de los estudios y elaboración de los proyectos para que el privado pueda concretarlos y realizar las inversiones.

“La sociedad anónima es una herramienta para interactuar porque tenemos una lógica de mercado intervenido. De toda la cadena de energía, lo único de jurisdicción provincial es la distribución”, explicó el funcionario.

Hasta el momento la empresa lleva concretados 12 proyectos de generación de energía eléctrica desde el 2016 sumando así 157 megavatios nuevos. Desde la organización aseguran que se trata de 200 millones de dólares de inversión.

Sin dudas, que uno de sus proyectos más ambiciosos en los últimos años fue Portezuelo del Viento, que quedó trunco tras el laudo negativo del presidente Alberto Fernández.

Es por eso que los esfuerzos están puestos en la presa El Baqueano, para los que utilizarán parte de los fondos que viene depositando la Nación en el fideicomiso que se acordó para realizar obras hidroeléctricas, que está administrado por Emesa.

En la SA se jactan de haber sido los que consiguieron que el Estado nacional resarciera a la provincia con 1.023 millones de dólares por los perjuicios que tuvo Mendoza con la promoción industrial. “Emesa es el grupo económico que más fondos ha traído a la provincia: 1.500 millones de dólares”, concluyó Magistocchi

AEMSA

En la gestión del ex gobernador y actual candidato Alfredo Cornejo también se creó una SA. Se trata de Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA) con participación estatal mayoritaria; el 90% corresponde al Estado, mientras que el 10% es para que los municipios participen con capital accionario. Hasta el momento, solamente tiene participación General Alvear.

Entre los objetivos figura la prestación de servicios aeronáuticos, pudiendo desarrollar sus actividades por sí, por terceros, o asociada a terceros, incluso en carácter de sociedad inversora, según figura en la Ley 8987. Entre sus funciones principales se encuentra la lucha antigranizo y el combate de todas las plagas que afectan a los cultivos. Actualmente, la organización cuenta con 81 empleados.

“Se hace un contrato con la Dirección de Contingencias Climáticas y de ahí surge la erogación del Gobierno. También prestamos servicios a las empresas públicas como PRC, o nos encargamos de traslados sanitarios”, sostuvo presidente del directorio de AEMSA, Marcelo Japaz.

STM

En el 2017, también en la gestión de Cornejo, la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) fue transformada en una Sociedad Anónima Unipersonal. Según explicó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, pasó de tener 486 empleados a 150 y con el cambio realizado se apuntó a lograr una prestación del servicio más eficiente de parte del Estado, que tiene el 100% de la participación.

La empresa estatal tiene a su cargo la prestación del servicio troncal del Mendotran y cobra por kilómetro recorrido, al igual que las firmas privadas. Según detalló Mema, el Estado no destina fondos para gastos de la empresa.

“En el presupuesto lo que se le asigna es para la obra del metrotranvía, tiene asignación presupuestaria, pero es una empresa que se mantiene sola. Tenemos la visión del Estado dentro del sistema para poder tener un parámetro cuando damos las discusiones con el resto de las empresas.”, añadió el secretario de Servicios Públicos.

Aysam

Otro ejemplo de una empresa con participación del Estado es Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). En este caso se trata de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM); el 90% es de la provincia, mientras que en el 10% restante tiene participación el personal.

Según relató Mema, en el 2015 se le destinaban 100 millones de dólares (al valor blue) para gastos corrientes y en ese entonces no tenían tarifa.

“Estaba desmantelada, en el 2018 no recibimos un solo peso para gastos corrientes. Se hizo un trabajo de eficientización y se le dio tarifa para que pueda mantenerse”, explicó el funcionario.

Hay que recordar que Aysam fue creada en el 2010, se trató de una reestatización para reemplazar a la ex Obras Sanitarias Mendoza.

Impsa

La ex Pescarmona, IMPSA, es una empresa metalúrgica mendocina que en el 2021 fue capitalizada por el gobierno nacional. La Nación tuvo que rescatar a la firma para que pudiera recomponer su capital de trabajo.

En ese traspaso significó que el Estado nacional tiene ahora una participación accionaria, el 63,7%, mientras que la Provincia también participa de esa Sociedad Anónima y se quedó con el 21,2% de las acciones. En tanto, el 15,1% permanece en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora.