Virginia Benedetto
Imparable. El delito predatorio contra los cables de telefonía son incesantes y afectan el servicio.
El robo hormiga para reducir metales consagró a Rosario como la capital de la sustracción de cobre. A punto tal que las empresas de servicios atraviesan un costo adicional por reposición de ese material que manos anónimas se llevan de las calles de la ciudad. Un informe en base a datos oficiales de Telecom Argentina pone blanco sobre negro esta realidad. Rosario sufre 218 robos mensuales. Desde octubre del 2020 la compañía sufrió en esta ciudad casi 6 mil robos, un daño equivalente a 270 kilómetros de cable que fueron a parar a reducidores y a nutrir una cadena que las reiteradas denuncias en la Justicia parecen no ponerle fin.
Días atrás La Capital dio cuenta de datos sobre sustracción de cables neutros en la vía pública que sufre la Empresa Provincial de la Energía (EPE): un cable de baja tensión por día cuya reposición cuesta unos 80 mil pesos. Así, cerca de 160 mil kilos de cobre se esfumaron de las calles en los últimos meses.
En cuanto a Litoral Gas, el año pasado se denunció que se roban a razón de cuatro o más flexibles de cobre por día de los medidores domiciliarios. El consejo es reemplazar el caño de cobre por un caño rígido de gas común, que no tiene valor. Y si es necesario colocar un flexible, que el caño de cobre sea lo más pequeño posible.
En los casos de los medidores de agua lo mismo. El robo de estos elementos produce una peérdida de dos millones de pesos al año.
Entre el costo de reponer el aparato robado más todo lo asociado a la reactivación del servicio, materiales y mano de obra, se calcula entre 20 mil y 25 mil pesos la reposición por cada conexión. Ahora, Aguas Santafesinas tras sufrir picos de robos de 100 medidores en un fin de semana, optó por invertir 300 mil dólares y reemplazar esos elementos por otros netamente de plástico.
El informe de la delegación regional de Telecom Argentina dimensiona ka problemática del robo de cables.
Desde octubre del 2020 en Rosario hubo unos 5.900 robos. En promedio, unos 218 por mes. Esto implica unos 271.000 metros lineales de cable, cifra equivalente a más de 270 kilómetros de cableado. Puesto sobre una balanza: unas 154 toneladas de cobre.
Las zonas más calientes
Lo más preocupante, entre otros ítems, es la reiteración de los robos por zona. En Uriburu al 2900 durante este tiempo hubo 24 robos. Una cantidad idéntica en Juan José Paso al 7100, y en Brown al 2700, 33 sustracciones. Todos estos incidentes tienen su correspondiente denuncia radicada en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
A la hora de comparar este fenómeno con la ciudad de Santa Fe, si bien la población es menor, la diferencia es abrumadora. La capital provincial sufre unos 12 robos mensuales contra 218 de Rosario. Es decir, 330 episodios desde 2020 contra 5.900 en Rosario.
En mayo del año pasado, Telecom participó de una audiencia pública en la Cámara de Diputados de Santa Fe para denunciar que Rosario es el epicentro del robo de cable de cobre de Argentina. Por ello, además de las reiteradas denuncias, se solicitó la conformación de una mesa de trabajo junto al resto de las empresas afectadas con el propósito de hacer fuerza en común para atenuar estos delitos predatorios.
Hacia noviembre del 2022, un informe de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor destacó que el robo de cables representó el segundo lugar en el ránking de quejas en la repartición en el periodo enero-octubre del año pasado. Y su impacto se tradujo en inconvenientes de servicio de telefonía e internet en más de 20 barrios rosarinos ubicados en cinco de los seis distritos de la ciudad. En el Distrito Norte: Parquefield, La Cerámica, Alberdi, Nuevo Alberdi y Casiano Casas. En el Noroeste: Fisherton, Antártida Argentina, Azcuénaga, Empalme Graneros, Ludueña, Industrial y Belgrano. En el Oeste afectó a los barrios Bella Vista, Triángulo, Godoy, Parque y Moderno. En el Sur, Tiro Suizo y Saladillo; mientras que en el Sudoeste: Puente Gallego, 25 de mayo e Itatí.
En la Legislatura, un proyecto del diputado Oscar Cachi Martínez, que cuenta con media sanción de la cámara Baja, propone un registro de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos. Deben asentarse datos de comprador y vendedor, habilitación comercial y pago al fisco. En todos los casos, deberá existir una exacta correspondencia entre el material descripto y las constancias de transporte, entre otros requisitos