Además de lidiar con los habituales problemas propios de la producción, como la sequía, o las retenciones y la brecha cambiaria que influyen desde lo económico, los productores tienen en mente otro tema no menor: la inseguridad rural. El abigeato, el robo de ganado, de agroquímicos, maquinaria agrícola y las roturas de silobolsas son los principales delitos que figuran en las estadísticas a nivel nacional y provincial que los mismos productores se encargan de difundir. Sin embargo, pese a esto, aún persiste la problemática y tiene impacto sobre la capacidad productiva del sector.

A raíz de esta situación, que se ha agudizado en las zonas aledañas a las áreas urbanas, las entidades del sector, como por ejemplo la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y la Federación Agraria Argentina (FAA), buscan llevar adelante un trabajo mancomunado con los gobiernos provinciales para encontrar soluciones con el fin de contener estos delitos que se han venido reportando. Es decir, la preocupación es tratar de lograr una baja sustancial. A la lista se han sumado también los incendios intencionales de campos, el robo de granos y el daño a alambrados en los establecimientos.

Por citar un ejemplo, según un informe de la Superintendencia de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires al que accedió LA NACION, el cuatrerismo considerado como delito rural, con el robo o hurto de ganado, entre 2021 y 2022 se mantuvo con una tendencia similar, de 336 y 333 casos, respectivamente. En ese tiempo también se esclarecieron 178 casos en 2021 y 98 en 2022. El año pasado, en tanto, hubo 943 animales sustraídos [robo sin violencia], es decir, 1548 menos que los 2491 que se habían reportado previamente.

“La patrulla rural viene trabajando bien, a veces compartimos ideas, otras que no. Se le ha puesto un techo a la patrulla rural: que tenga identidad propia, porque es una fuerza destinada para el campo y las zonas rurales. Se han tomado algunas medidas organizativas de las jerarquías que hace que muchas estén pidiendo algunas fuerzas, pero han cumplido con las pautas en este último tiempo”, dijo Roberto Igolnikow, coordinador de la Comisión de Seguridad Rural de Carbap a LA NACION.

Según sostuvo, desde que asumió Sergio Berni en la cartera de Seguridad de la provincia se comenzó a trabajar “bastante bien donde hay más problemas”, como en las regiones aledañas al Área Metropolitana (AMBA) con zonas rurales. La problemática incluye, además, los cazadores y galgueros que irrumpen en los campos provocando también una afectación. “Cuando asumió Berni surgió la idea de darle apoyo a los municipios. En ese sentido ha habido una gran inversión en móviles”, agregó.

“Nosotros tratamos de apoyar mucho el funcionamiento de la patrulla rural y tironear para que la administración pública les provea de elementos y materiales. Este año entraron como 1000 nuevos agentes en las patrullas rurales para la provincia”, contó. El año pasado, en un acto de formación de los primeros cadetes de la nueva policía rural de la provincia, el gobernador Axel Kicillof había destacado sobre esa iniciativa: “A pesar de que 100 de los 135 municipios de la provincia tienen carácter rural, nunca se había impulsado la creación de un cuerpo específico para la seguridad en esos ámbitos”. Los efectivos, había indicado el gobierno bonaerense, están “especializados en delitos y tipificaciones específicas establecidas en el Código de Contravención Rural, como el abigeato, la caza furtiva, el hurto de agroquímicos y la pesca ilegal”.

Pese a que, en alguna medida hay inversiones, apoyo y acompañamiento de las entidades ruralistas, en las organizaciones se encuentran con un tema no menor: muchos productores no denuncian los hechos, por lo que esto se ha convertido en uno de los impedimentos para combatirlos.

En las últimas semanas se han conocido, no obstante, casos que muestran una virulencia en los episodios, con ataques a viviendas rurales para robar electrodomésticos o herramientas. A Mabel Camisa, por ejemplo, le desvalijaron la casa que tiene en su establecimiento de Los Toldos (Buenos Aires). En tanto, a Elvio Guastelli, que tiene su campo a siete kilómetros de lo de Camisa, le entraron en un galpón y le sustrajeron una máquina para un molino.

Recientemente, cansado de que le faenen animales en su campo, en Coronel Pringles Santiago Bertolotto llevó las cabezas de dos terneros que habían dejado los delincuentes hasta la plaza principal del pueblo. Las colgó en el alambre de un mástil. “Estamos cansados porque la situación es desastrosa, faenan entre cuatro a cinco animales por semana en la zona”, dijo en su momento a este medio.

En agosto de 2021, Héctor Hernández Vieyra fundó, junto a una veintena de representantes del sector, el Foro de Seguridad Rural para darle contención y acompañamiento a los productores. “La sensación de inseguridad en los pueblos produce el incremento de la impunidad de los violentos y, por otra parte, genera una agresión severa sobre la convivencia, alterándose los lazos de la solidaridad y el compromiso. El productor que vive en el campo vive en una permanente sensación de inseguridad porque está en un lugar aislado, lejos de los centros poblados”, expresó.

Hernández Vieyra también mencionó que los delitos rurales repercuten de alguna manera en la seguridad pública nacional, ya que afectan los intereses de la gente. “Los delitos rurales son uno de los tantos limitantes a la capacidad productiva agropecuaria. El campo es el motor más importante de la economía nacional, ocupa más del 60% de la superficie nacional y el 70% de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Las fuerzas de seguridad carecen de eficacia esperada, por sus problemas de doctrina: capacitación, equipamiento, entrenamiento, carencia de recursos y bajas remuneraciones”, enumeró.

Reuniones

Fernando Islas Casares es coordinador de Seguridad de la SRA y contó que constantemente realizan reuniones de trabajo y comunicación con los distintos funcionarios del área, inclusive con el propio ministro de la provincia. De esta forma, dijo, logran por ejemplo una participación en la formación de la currícula de los nuevos efectivos para la creada escuela con especialidad rural. También les sirve el contacto para buscar respuestas y presencia de las patrullas rurales.

“Se realizan reuniones permanentes con productores donde se les informa la importancia de realizar las denuncias y el poder realizarlas a través de la aplicación Mi Seguridad. La prevención en el campo está, es visible y comprobable. La formación y capacitación de la policía rural es permanente por parte del Ministerio de Seguridad”, añadió Islas Casares, quien explicó que es necesaria una prevención tanto diurna como nocturna.

Desde la SRA aclararon que en toda la provincia de Buenos Aires y en el resto del país están los directores y delegados que tienen directrices expresas del presidente de la entidad, Nicolás Pino, sobre el tema.

Islas Casares consideró como materia pendiente generar la sinergia que se está dando en la provincia en el resto del país. “Para eso estamos trabajando, a fin de generar una reunión con Seguridad de la Nación”, precisó. Desde hace 18 años la Rural integra una mesa de prevención de delitos rurales junto a una dependencia del Ministerio de Seguridad que buscaba en su momento impulsar el uso de las patrullas y jerarquizar los delitos en el campo.

En este contexto, Igolnikow añadió que, si bien en el transcurso de los últimos dos años vieron que se hizo una fuerte inversión en móviles en la provincia -que van en torno de los 500 vehículos-, “sigue existiendo una limitación en el presupuesto” para “el combustible” para que esos móviles puedan salir a patrullar las zonas rurales.

“A las entidades gremiales se nos dificulta saber exactamente si la responsabilidad de abastecer correctamente a las patrullas corresponde a la provincia o a los municipios. Como ocurre con muchísimas áreas de gestión, la provincia dice que se le giran fondos a los municipios para determinado destino y el municipio dice que los fondos girados no son para afectar a ese destino”, detalló.

En medio de una problemática general que continúa, Hernández Vieyra remarcó que cuando la delincuencia invade los campos y atemoriza a la familia rural se pierde la libertad y el futuro. “Mientras no se revisen los planes de capacitación, reentrenamiento, la coordinación interprovincial en todo el país, la creación de centrales de análisis criminológico y de anticipación regionalizando áreas territoriales para controlar y prevenir de modo de realizar trabajos predictivos conjuntos, todo seguirá como hasta ahora: cada uno con su problema puntual, preocupándose solo por la coyuntura, que tampoco la resuelven satisfactoriamente”, resumió.