Luego de aceptar recortes y topes que no estaban en el proyecto original, el oficialismo logró ayer que el Concejo apruebe la reforma tributaria municipal por la cual el intendente Gustavo Gennuso debió esperar casi dos meses, ya que su propósito inicial era tenerla en diciembre pasado, cuando se aprobó el presupuesto 2023.

Con una mayoría estricta de ocho votos, el oficialismo consiguió finalmente el apoyo para sancionar la ordenanza que actualiza las tasas y otros gravámenes, aunque los aumentos serán inferiores a la inflación.

La concejal del Frente de Todos Julieta Wallace advirtió que un informe contable del propio Concejo dio cuenta de aumentos mucho mayores a los anunciados por Hacienda. Y propuso fijar en el mismo texto un tope por el cual ningún contribuyente de la tasa de Servicios reciba una suba mayor al 65%.

Ese monto es el que había declarado el Ejecutivo como pretensión de máxima, y de hecho se aplicó en otros tributos, derechos y multas, contenidos en el mismo paquete. Pero las “simulaciones” de facturación -aplicadas todas las variables- demostraron que muchos inmuebles recibirían incrementos mayores, de hasta el 180%, con algún caso extremo que superaba el 500%.

Finalmente el bloque de JSRN aceptó establecer el techo del 65% de aumento y lo incluyó en la ordenanza, pero con la salvedad de que no correrá esa regla para las parcelas cuya tasación fiscal haya aumentado por obras nuevas, por declaración de sus propietarios o por determinaciones de oficio.

A la hora de votar Wallace se pronunció en contra porque no acordó con esa excepción. También Pablo Chamatrópulos (Podemos) votó por la negativa, con duras críticas a la gestión Gennuso.

El oficialismo de todos modos cumplió el objetivo porque a los cinco votos propios se sumaron los de Ariel Cárdenas (UCR), Gerardo del Río (partido PUL) y también el de Marcelo Casas (Frente de Todos), quien proviene del Soyem.

Justamente el sindicato de trabajadores municipales tenía especial interés en que el municipio se asegure una mejora en sus ingresos, porque el gobierno lo pone como condición antes de cualquier negociación paritaria por aumento de salarios.

En años anteriores la actualización de tasas y gravámenes solía aprobarse en diciembre, junto al presupuesto anual, pero esta vez el oficialismo retiró el proyecto en la última sesión del año porque no tenía los votos para conseguir la mayoría especial que le exige la Carta Orgánica.

La negociación continuó durante varias semanas y los concejales solo aceptaron avanzar recién cuando tuvieron las nuevas valuaciones fiscales de los inmuebles, que aporta la provincia, y que recién llegaron en enero. Esa variable es clave para la determinación de la tasa de Servicios.

Podas y modificaciones

Pero el nuevo esquema fiscal y tarifario que había diseñado Hacienda perdió varias piezas por el camino. Además del techo del 65% incluido ayer para que los contribuyentes no se lleven sorpresas, el gobierno de Gennuso también debió resignar la introducción de una nueva tasa por uso de espacio aéreo para el cableado eléctrico, por el que esperaba recaudar unos 200 millones de pesos anuales, y un régimen especial para incluir a los monotributistas como contribuyentes de la tasa comercial.

Otra modificación que no pasó el filtro de la oposición fue un nuevo mapa de mínimos por zona, que hubiera alterado la tasa de Servicios en numerosos barrios. Lo mismo ocurrió con una nueva categoría intermedia entre lotes baldíos y construidos.

El concejal Carlos Sánchez, presidente del bloque de JSRN, dijo que durante el año piensan insistir con esas iniciativas en forma individual.

Tribuna política

El proyecto fiscal de JSRN fue descalificado durante la sesión de ayer por el concejal Chamatrópulos, quien dijo que votaría en contra para no darle más recursos a una gestión que es responsable “de un festival de contrataciones directas”. Cuestionó el dispendio en el gasto y apuntó contra el intendente por aceptar viajes de empresas “en una violación grosera de la ley de ética pública”. También denunció la contratación de una consultora por 20 millones de pesos “solo para elaborar el pliego de licitación del basural”.

Dijo que el 70% de la recaudación se va en gastos corrientes mientras no se resuelven “los problemas estructurales gravísimos” que arrastra la ciudad, entre los que mencionó la carencia de asfalto, la situación del vertedero de basura y del transporte público,

Chamatrópulos aseguró que votaría en contra para que la limitación de fondos obligue al gobierno “a utilizar las colocaciones financieras, a viajar menos, hacer menos publicidad y ser más austeros”.

Julieta Wallace también atacó al Ejecutivo por “mentirle a las vecinas y vecinos” en relación con el aumento de tasas incluido en el proyecto. Aludió a los numerosos los casos en los que la estimación real de aumento al aplicar la base de cálculo, excede del 65% declarado por el secretario de Hacienda, Diego Quintana. Señaló que esa suba es “desmedida y desproporcionada”. Propuso fijar un tope, como ya se hizo en 2014 cuando el partido de Gennuso era oposición y defendió ese criterio.

Wallace también esgrimió críticas puntuales sobre el abultado gasto en publicidad y marketing que realiza el municipio. Dijo que publica sin pausa “contenidos patrocinados, con fondos públicos” en algunos medios y calificó esa práctica de “abusiva”.

Dio que solo en el verano el municipio tiene previsto invertir 35 millones de pesos en Comunicación. “Pareciera que somos tontos y no vemos en qué gasta la plata”, se quejó la concejal.

A pesar de esas dos expresiones de rechazos, el resto de los concejales votaron positivo, sin fundamentar, y el Ejecutivo cuenta ya con el instrumento que necesitaba para facturar las tasas con el aumento y lanzar la convocatoria al pago anual adelantado, como lo hace todos los años para esta época.