La cámara empresarial que representa a esa actividad en Salta propone que se disminuyan las cargas estatales para poder afrontar las nuevas obligaciones con los trabajadores.
Tras el reciente acuerdo paritario nacional para los empleados de comercio, los dueños de negocios deberán afrontar incrementos que llevarán al sueldo mínimo de sus trabajadores a $182.700, a partir de marzo. Lejos de discutir esa cifra, que es la que el descalabro inflacionario impone, la dirigencia de los comerciantes salteños apunta a que sea el Estado (nacional, provincial y municipal) el que también haga un esfuerzo y ayude a «subsistir» a la actividad con una baja en la carga tributaria y en los servicios como de luz y gas.
«Los comerciantes nunca vamos a estar en contra de que los empleados ganen lo que tienen que ganar, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que nos bajen los impuestos», dijo en diálogo con El Tribuno el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera.
El planteo surge a pocos días de que en Capital Federal se haya cerrado la negociación salarial del período abril 2022-marzo 2023 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las tres cámaras patronales del sector en una suba total del 101%. Es decir que el haber de un trabajador que recién inicia en la actividad pasará de los $139.000 actuales a $182.700 (incluido presentismo). El aumento se hará efectivo en dos tramos: 13% a partir de los sueldos correspondientes a febrero y 9,9% con los de marzo.
Aunque la realidad marca que no es lo mismo el costo de vida de una persona en Buenos Aires, por ejemplo, que en Salta, el salario del empleado de comercio es el mismo. Del mismo modo, en general, no se manejan los mismos ingresos en los locales comerciales salteños que en los de otras jurisdicciones con mayor nivel económico.
«Por ahí se puede plantear que la situación no es la misma, pero la negociación paritaria es una sola», dijo al respecto el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, Ángel Ortiz.
Recordó que la legislación laboral expresa que «a igual trabajo, igual remuneración».
«Siempre vamos a defender lo que por derecho se ha expresado. Un cajero de supermercado en Salta no puede ganar menos que uno que en Capital Federal.
No deja de ser una tarea igual o similar a la que se presta en cualquier otro lugar del país», insistió el dirigente sindical a este diario.
Permanecer, al menos
La ecuación es simple para los comerciantes: pueden hacer frente a sus obligaciones (que no son únicamente salariales, de impuestos y servicios) si venden lo suficiente. Pero hasta eso es más complicado en estas latitudes. Una de las razones es la gran competencia desleal que existe con el comercio informal, que está liberado de las cargas tributarias, entre otras, y puede ofrecer productos más baratos que el negocio legal.
La situación afecta también a los trabajadores, ya que en Salta alrededor de la mitad de los empleados comerciales están en negro, con la precariedad que conlleva.
«En el área metropolitana, de acuerdo a la información oficial, tenemos alrededor de un 40 por ciento de empleados informales. Y lamentablemente para el resto de la provincia, aumenta», explicó Ortiz.
Advirtió que esa informalidad también va de la mano, en muchos casos, en que los trabajadores que entran a la actividad comercial no quieren perder sus planes sociales y pactan con el empleador cobrar menos y no ser registrados.
«Hay una necesidad de mucha gente que se presta a no denunciar su situación de irregularidad porque tiene planes sociales, entonces acuerdan un salario con el empleador para que no se den de baja sus beneficios», alertó el gremialista.
Ante esa irregularidad, es muy poco lo que se puede controlar desde la Secretaría de Trabajo provincial.
«El control que se hace está al nivel de su operatividad», señaló el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio.
«Por eso planteamos que la capacidad de control de legalidad laboral no tendría que estar solamente sujeta a una policía de trabajo sino a también a otros, como la AFIP, pero este organismo mientras reciba las liquidaciones nunca va a controlar un negocio», propuso Ortiz
Pablo Ferrer – El Tribuno de Salta