El dirigente socialista de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Meillard, accedió a un documento que expone como el gobierno de Entre Ríos, firmó un acuerdo para que la universidad de La Plata, realicé un estudio de impacto ambiental por «un monto superlativo».
Después de haber sido condenados por la Justicia, e intimados a la presentación de un estudio de impacto ambiental acumulativo con respecto a la actividad de extracción de arena en el sur provincial, producto del amparo ambiental presentado por la organización CAUCE y AGMER contra el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Ibicuy, y la empresa YPF, el gobernador Gustavo Bordet decidió contratar a la Universidad Nacional de La Plata por un monto de 92 mil dólares para la realización del estudio exigido tras el fallo judicial.
Según expresó el referente socialista: “El gobernador definió no cumplir con nuestra propia legislación: el decreto 4977/09 que regula el impacto ambiental en la provincia y establece que los consultores ambientales responsables de los mismos deben estar registrados ante la Secretaria de Ambiente, formalizado esta exigencia a través de su artículo 47º: «Se crea en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia el REGISTRO DE CONSULTORES EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, en el cual constará: 1.- La nómina de consultores individuales o firmas consultoras habilitados para suscribir Estudios de Impacto Ambiental y auditorías ambientales, antecedentes en éstas áreas».
Además, explicó que, en ese registro, figuran profesionales idóneos matriculados de Entre Ríos, así como también universidades locales: pero no existe registro alguno de la Universidad Nacional de La Plata, por lo que la entidad no tiene legitimación para realizar dichos estudios.
“Es todavía más sorprendente el desarrollo de este convenio, cuando el propio Estado provincial dispone de un conjunto de profesionales a los que puede requerir que participen en un estudio de estas características, entendiendo que los funcionarios públicos debieran involucrarse en la tarea entendiéndola como de carácter de carga publica dentro de lo que se refiere a sus funciones.
Así mismo, según el artículo 27º del mencionado decreto, el Estado provincial puede recurrir a los consultores ambientales registrados, sin olvidar que es potestad del gobierno solicitar a los colegios profesionales para que participen en estas actividades designando a profesionales con experiencia dentro de la actividad en nuestra jurisdicción y recibiendo su correspondiente compensación”, precisó Meillard.
Por último, indicó: “Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, observo una enorme falta de eficacia a la hora de administrar los recursos humanos del Estado, siendo más atractivo para el gobierno actual el gasto de grandes sumas de dinero en organizaciones estatales ajenas a la propia gestión, evadiendo así sus obligaciones y propiciando negocios poco claros, de altísimos costos y que carecen de pretensiones de legitimidad”
– Análisis Digital