El giro del presidente Fernández de acatar el fallo del máximo tribunal de justicia respecto a fondos para la CABA es una actitud coherente, aunque genere dudas sobre su implementación.
Después de expresar en los días previos a Nochebuena su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la devolución de fondos coparticipables recortados a la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en el 2020, el presidente Alberto Fernández cambió de actitud y anunció después de Navidad que hará la devolución correspondiente, pero no con dinero circulante sino con un bono del Tesoro identificado como el TX31. Sin duda que la medida no ha dejado satisfechas a las autoridades del Gobierno porteño, pero es a lo que Fernández recurrió para no caer en la desobediencia al máximo tribunal de justicia, lo que le hubiese traído muchos más problemas de los que tiene actualmente. Con esta decisión, el mandatario ha conseguido frenar el juicio político que ya habían anticipado que le harían los diputados de las UCR y establecer un plan de pago de, al menos, 90 días, a la espera del fallo definitivo de la Corte o de una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes.
El camino seguido por el Presidente ha sido el más coherente ya que ha evitado poner en peligro la institucionalidad del país, dejando de lado una actitud que además de generar un mal antecedente iba a traer serias consecuencias al sistema republicano de la nación, al ponerse de manifiesto un conflicto de poderes de complicada resolución.
La situación a la que se ha tenido que enfrentar Fernández tiene sus orígenes en 2016 cuando el expresidente Mauricio Macri elevó la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 1,40% al 3,75% por el traslado al ámbito porteño de la Policía Federal que hasta entonces estaba bajo la órbita del Estado nacional.
De acuerdo a esos valores se ha determinado que la Nación necesita alrededor de 110.000 millones de pesos extras para restituir a la CABA durante el 2023, que es el equivalente al 2,95% de la masa de fondos definida en la ley 23.548 dispuesto por la Corte Suprema.
El giro realizado por el presidente Fernández en torno a su decisión inicial de desobedecer el fallo de la Justicia a favor de la CABA ha resultado llamativo ya que en los días previos había convocado a los 14 gobernadores oficialistas para acordar una estrategia en relación a esa disposición judicial. Esto implicaba que los gobernadores estaban involucrados en la desobediencia, pero el nuevo camino que tomaron los acontecimientos ha evitado vincularlos con cualquier situación comprometida en este sentido.
El vínculo entre la Nación y la CABA no ha quedado en muy buenos términos ya que Horacio Rodríguez Larreta seguirá insistiendo en el incumplimiento del fallo, en tanto Fernández avanzará con una revocatoria de resolución y una recusación a los miembros del alto tribunal de justicia, prolongando el conflicto al menos por un tiempo más
– Diario de Cuyo