Advirtieron que la decisión del Presidente genera un conflicto de poderes y es un “atentado contra el orden democrático”.
Alberto Fernández encabezó la reunión con los gobernadores peronistas.
La decisión de Alberto Fernández de recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, fue duramente criticada por abogados constitucionalistas.
El Presidente adelantó que no acatará el fallo, lo que para los especialistas “es causal de juicio político”.
“Alberto Fernández, desde el punto de vista del derecho penal, es como un delincuente porque está claramente cometiendo delitos de desobediencia, abuso de los deberes de funcionario público y otros delitos que se suman, y que hacen de él un reo”, opinó el abogado Daniel Sabsay en declaraciones a LN+.
Por su parte, el abogado Diego Armesto expresó al mismo medio: “Lo que está sucediendo es que uno de los poderes del Estado desconoce el cumplimiento que tiene que llevar a cabo de una sentencia que está firme”, analizó. Además, inscribió la medida del Gobierno como un “atentado contra el orden democrático”.
Mientras que Roberto Gargarella consideró que el fallo de la Corte de reponerle recursos coparticipables a la Ciudad “no es de imposible cumplimiento”.
El Gobierno recusará a los jueces de la Corte
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.
Posteriormente, el mandatario reiteró en declaraciones al canal C5N que el fallo es “muy singular” y de “imposible cumplimiento”.
Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso “se deben cumplir” y añadió que la norma en cuestión “no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad”.
El mandatario señaló que la Corte estableció que Nación debe asignar 2,95% de transferencia a la Ciudad pero que el Gobierno “no tiene la menor idea” de por qué “llegaron a ese cálculo” en el máximo tribunal, al advertir que “ese dinero no está en el presupuesto nacional”.
También consideró que con el fallo se asiste a un “choque de poderes” porque el máximo tribunal “logró lo increíble”, en referencia al hecho de que una resolución “contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo”.
El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye “un fallo político, de cara al año electoral” y advirtió que, con esa decisión, “la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”.
El Presidente señaló en su diálogo con C5N que los gobernadores con los que se reunió para analizar el fallo “lo primero que vieron es que los que están perdiendo son ellos”.
“La teoría de que el dinero sale de Nación y no afecta a las provincias es falso, porque el dinero que tiene el Estado nacional lo utiliza en favor de las provincias”, expresó.
Reunión con gobernadores
El Presidente tomó la decisión de recusar a los jueces de la Corte Suprema tras una reunión que mantuvo con gobernadores peronistas en la Casa Rosada, en un encuentro convocado para analizar las consecuencias de lo dispuesto por el alto tribunal, que suspendió la aplicación de una ley del Congreso y modificó de 2,30% a 2,95% el porcentaje coparticipable para el distrito gestionado por Horacio Rodríguez Larreta.
El documento lleva las firmas de los gobernadores y gobernadoras de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.
La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas” en la ciudad.
En 2020, ya durante el Gobierno de Alberto Fernández, se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.
El máximo tribunal -si bien no resolvió la cuestión de fondo- avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% deban ser realizados “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y quede suspendida la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%
– El Sol