A la ofensiva para que el agro venda la cosecha, se sumó la posibilidad de un canon por el uso de semillas y más exigencias de información.
Cuando el gasto no tiene control, no hay ingresos que alcancen. Esa es la razón por la cual al Gobierno nacional le fueron insuficientes los más de 19 mil millones de dólares (cifra histórica) que el agro liquidó en el primer semestre del año y por la que ahora presiona para que el sector liquide –lo más pronto posible– una cifra similar.
La decisión de fijar hasta el 31 de agosto un tipo de cambio diferencial, que en la práctica representa alrededor de 20 dólares (MEP) más por tonelada, según el economista Juan Manuel Garzón, es el incentivo a través del cual el Banco Central de la República Argentina (BCRA) buscará hacerse de divisas.
Sin embargo, la alquimia que significa la operatoria (30% de los pesos obtenidos por la venta de los granos se puede destinar a comprar dólares solidarios y el resto a conformar un depósito a dólar linked), no termina de seducir a los productores que, ante la incertidumbre económica, prefieren conservar los granos como resguardo de valor.
Mientras crece la presión para que el agro venda lo que aún conserva de la cosecha, y más ahora con una medida que para el Gobierno “incentiva” y “justifica” a hacerlo, se abre otro frente de posible conflicto con el sector. Es la decisión del Ministerio de Agricultura de la Nación de implementar un canon para todos los productores, que sería equivalente al 1,5% del valor de las ventas, en concepto de uso propio de las semillas de soja y de trigo.
Si bien la necesidad de actualizar la Ley de Semillas, vigente desde 1973, es una materia pendiente que ha quitado incentivos a quienes las obtienen y a las empresas de biotecnología para desarrollar nuevos materiales genéticos, la forma en que se haría –a través de un decreto– le quitaría representatividad a sus fundamentos.
Más allá del convencimiento que existe a lo largo de toda la cadena de valor de que el uso de la tecnología aplicada en una semilla se debe pagar, la adecuación de la norma a los tiempos modernos requiere de un debate más amplio.
DECRETO POR LEY
El lugar correcto para ello sería el Congreso nacional, aunque también hay que reconocer que hace más de una década que las negociaciones en ese ámbito nunca prosperaron.
La histórica reciente cuenta que en 2012 el Gobierno nacional anunció por primera vez su intención de modificar la legislación que regula el uso de las semillas en el país. Sin embargo, luego de algunas reuniones entre los diferentes eslabones de la cadena, el proyecto oficial nunca llegó al Congreso.
Cuatro años después, un primer proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria llega a la Cámara de Diputados. Más allá de los intentos por impulsar su contenido, la iniciativa nunca logró dictamen.
El último intento fue en 2018, cuando el diputado Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), en ese momento presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, organizó cuatro jornadas con más de 100 expositores que se pronunciaron a favor y en contra de la reforma de la norma, recuerda la Fundación Barbechando.
De ese debate surgió un anteproyecto de ley que obtuvo dictamen a finales de ese año.
Sin embargo, el tema no encontró nunca consenso para convertirse en ley, hasta que el 10 de diciembre de 2019, cuando se produjo el recambio en el Congreso, perdió estado parlamentario.
Los defensores de la medida que ahora impulsa Agricultura sostienen que los fondos recaudados por la contribución que harán los productores de soja y de maíz, y que se repartirá entre los propietarios de la genética, será un incentivo para la inversión de la industria semillera.
Los críticos, por su parte, sostienen que la resolución representa un mayor costo financiero para quienes compran semilla fiscalizada, aunque son los menos. “Deberán certificar que adquirieron la tecnología para que el fisco les devuelva el 1,5% del canon retenido en la venta”, admiten.
El control que el Estado impone sobre el sector también creció en los últimos días por iniciativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Fue a través de dos nuevos regímenes de información y de fiscalización para el transporte de productos, que acentúan la lupa sobre el desempeño de la actividad
Alejandro Rollán – La Voz del Interior