Hay aniversarios que es mejor no festejar, aunque sí son fechas para recordar lo que no está bien. En el caso del agro, varios analistas y especialistas de la actividad destacaron que este año se cumplen dos décadas del aumento desproporcionado de los derechos de exportación.
Como se recordará, y como explican los expertos, nunca fueron eliminados, ni siquiera en la década de los años noventa, que fueron llevados a cero por ciento, salvo para sostener los tres puntos de diferencial arancelario entre el poroto y la harina y el aceite de soja. La diferencia entre dejarlos en 0% y eliminarlos no es apenas semántica. Habla de un Estado que siempre tuvo a mano ese recurso para enfrentar sus recurrentes crisis en la balanza de pagos. Aun en la década de los años noventa, que hubo tipo de cambio unificado, desregulación de la economía y retenciones cero, que contribuyeron notablemente a la expansión de la producción, los derechos de exportación no se extinguieron. “Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, dice el cuento más corto del mundo, escrito por el hondureño Augusto Monterroso.
Tras el estallido de la convertibilidad, los derechos de exportación (DEX) fueron llevados a 20% por el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002 en el contexto de la devaluación del peso. Los dirigentes rurales de entonces no opusieron resistencia dada la crisis social que se enfrentaba. Sin embargo, el mecanismo se transformó en una verdadera adicción para el Estado, que salvo para algunos cultivos entre 2015 y 2018, en la administración Macri, nunca dejaron de estar vigentes.
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Según una nota de Gabriela Origlia de esta semana publicada en Campo, de LA NACION, la Bolsa de Cereales de Córdoba estimó que los recursos que obtuvo el Estado en ese lapso fueron de US$112.000 millones. A su vez, la Fundación Mediterránea calculó que si eso se extiende a todos los bienes y servicios, la suma ascendería a US$147.000 millones, lo que triplica los US$45.000 millones que el FMI le dio a la Argentina en 2019.
Hay otras formas de comparar qué hubiera ocurrido si el Estado no le manoteaba al sector privado esos recursos o si los hubiera destinado a fines concretos o específicos como infraestructura.
“Gran parte (de esos recursos) hubieran ido a desarrollar nuevas áreas productivas, mejores semillas, más fertilizantes, mejorar los sistemas de riego para encarar proyectos agroindustriales o hacer más ganadería”, señaló David Miazzo, economista de FADA.
En tanto, el economista y especialista en agronegocios Iván Ordoñez escribió en la revista Seúl que “si pasamos la recaudación en pesos de la AFIP a dólares de cada mes en que se cobraron, llegamos contando la estimación de 2022 a 187.000 millones de dólares”. Esos recursos, recordó, “fueron todos a gasto corriente que no amplió la capacidad productiva: universalización de jubilaciones que quebró la Anses, un crecimiento exponencial del empleo estatal provincial, subsidios de tarifas de servicios públicos, reestatizaciones como Aerolíneas Argentinas y el sistema ferroviario (ambos muy deficitarios) o la compra de YPF (que se aseguró que sería gratis y luego costó una fortuna que no se corresponde con su valor de mercado actual). Apenas una parte no muy significativa se destinó a su razón original: los planes sociales”.
La evidencia empírica demuestra también que tampoco sirvieron para “desacoplar” los precios internacionales de los granos de los valores de los alimentos locales, como les gusta teorizar a los economistas de diversas tendencias ideológicas. En los países vecinos, que no tienen DEX, los alimentos no cuestan más caros que aquí.
Desde otro ángulo, se podría comprobar que la extracción de recursos del Estado al sector privado tiene un carácter claramente unitario. Lo recaudado por los DEX no vuelve a las regiones donde se origina el ingreso por exportaciones.
Si esos US$112.000 millones hubieran quedado en manos del sector privado, seguramente se hubieran multiplicado en oportunidades de inversión y generación de empleo en las provincias. En momentos en que el país se apresta a concretar un nuevo censo de población, que seguramente revelará la macrocefalia del área metropolitana de Buenos Aires respecto del resto del país, como la definió el docente e investigador Jorge Ossona, habría que recordar que las retenciones al agro son también uno de los factores que explican el atraso argentino.
Cristian Mira
Cristian Mira – LA NACIÓN Campo