GASOIL. La falta del combustible para la producción agropecuaria encierra la falta de una política oficial en materia de incentivo a la producción de energías. El desabastecimiento de gasoil en el inicio de la cosecha ratifica la ausencia de una política de desarrollo de la matriz energética nacional. Ninguna de las fuentes de energía está en condiciones de crecer.
Desde que comenzó a generar energía eléctrica en 2010, la Central Térmica Bicentenario, ubicada en Pilar, al este de la capital provincial, siempre funcionó a gas cada mes de febrero. Este año, debido a la falta del hidrocarburo, lo hizo por primera vez con gasoil, que encima era importado a un costo superior al del mercado doméstico.
A 420 kilómetros de ahí, en Huinca Renancó (al sur de la provincia) Fernando sólo puede cargar el 30 por ciento del tanque de su cosechadora para la recolección de los maíces tempranos, debido a la cuotificación impuesta a las estaciones de servicio en la región, ante la falta del combustible.
La idea acuñada a comienzos de este siglo, de que Argentina avanzaría hacia una matriz energética con más protagonismo de energía renovable, hoy está puesta en duda.
Mientras los fósiles son deficitarios para abastecer la demanda doméstica, debido a la falta de inversiones y a los retrasos tarifarios, las fuentes renovables no terminan de despegar.
En muchos casos, es el propio Gobierno nacional el que desalienta su desarrollo. Como ocurre con el etanol de maíz, del cual Córdoba es la principal productora nacional.
Con un precio fijado por la Secretaría de Energía de la Nación de 65,42 pesos por litro, las empresas productoras que entregan a las petroleras para el corte obligatorio con las naftas al 12 por ciento no están cubriendo ni siquiera los costos industriales que superan los 80 pesos por litro.
Lo sorprendente es que si el Gobierno aplicara como corresponde la actualización del precio dispuesta por la fórmula de referencia, contenida en la resolución oficial 87/2018, el valor debería ser de 96 pesos por litro.
CASTIGO A LA MATERIA PRIMA
¿El resultado? La amenaza por escrito por parte de las empresas de que van a dejar de producir si no hay una recomposición del precio mayorista.
Por el lado del biodiésel –combustible producido sobre la base de soja y que se mezcla con el gasoil–, la situación de crisis es similar. La posibilidad de compensar el faltante de gasoil con un mayor porcentaje de corte del combustible renovable es, en la práctica, imposible.
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) identifican dos decisiones oficiales clave que perjudicaron a la industria nacional del biodiésel.
En forma cronológica, la primera fue el año pasado, cuando se modificó el esquema regulatorio de la industria de biocombustibles que fijó menores tasas de corte con el gasoil; y la más reciente, la suba de las retenciones para el complejo soja, que le agregó más presión impositiva.
“Eso termina afectando fundamentalmente a la ya alicaída producción de soja en Argentina y el volumen de materia prima factible de disponer para la industria de crushing (molienda) y biocombustibles”, advierten en un informe los economistas de la entidad rosarina Bruno Ferrari, Julio Calzada y Claudio Molina.
Debido a ello, en una coyuntura que muestra el corte con el gasoil en el mercado interno en el orden del tres por ciento al cuatro por ciento, y con una disponibilidad de soja que no logra un crecimiento sostenido (todo lo contrario), desde la BCR ven como difícil que se pueda pensar en un gran crecimiento de la producción de biocombustibles en los próximos años.
Es que el incentivo por transformar más soja y maíz en biocombustibles dejó de ser una política de Estado en menos de 10 años.
La discrecionalidad oficial con la que se estimula o se castiga a la producción de granos (su materia prima) hace peligrar la consolidación del actual modelo agrícola.
El nuevo paradigma de la agricultura tiene al maíz como abanderado. Son cada vez más los usos y los productos que se pueden fabricar sobre la base del cereal. El bioetanol es uno de ellos.
Convertido en el cultivo más federal, que se extiende desde Salta hasta Chubut, su potencial para el agregado de valor es un llamador para las inversiones.
Pero para ello se deben generar las condiciones de seguridad jurídica; con castigos será imposible
Alejandro Rollán – La Voz del Interior