La sentencia judicial fue sobre la suba de derechos de exportación al maíz en 2008 y reaviva el debate sobre las facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La Justicia avaló el reclamo de la empresa agroexportadora Bunge Argentina sobre un incremento del 20% al 28% en los derechos de exportación al maíz, efectuado por el Gobierno nacional en 2008.
Un fallo judicial que declaró nulo un aumento de retenciones agropecuarias despierta expectativas en dirigentes de la Mesa de Enlace y legisladores de la oposición. Aunque el veredicto se refiere a un incremento en los derechos de exportación sobre el maíz, realizado en 2008 (durante la primera etapa presidencial de Cristina Kirchner), el caso reaviva el debate político-legal sobre las facultades delegadas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El veredicto es de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, que avaló el reclamo de la empresa agroexportadora Bunge Argentina sobre un incremento del 20% al 28% en los derechos de exportación al maíz, en un momento en el que el Gobierno no tenía aval jurídico del Congreso de la Nación para hacerlo.
En ese sentido, los diputados nacionales Ricardo Buryaile y Pablo Torello, del bloque de Juntos por el Cambio, coincidieron en que «el fallo ratificó que la facultad de legislar las retenciones la tiene el Congreso y no el Poder Ejecutivo».
“Es razonable y está en línea con otro fallo que hubo antes (en 2014), que es el de (la empresa) Camaronera”, señaló Buryaile, quien también fue vicepresidente de CRA y ministro de Agroindustria de la Nación.
En tanto, Torello no entiende “por qué la Justicia, que ya señaló que son un impuesto en el fallo Camaronera, acepta que haya un 33% de retenciones (a la soja). Independientemente de eso, este tribunal es el más importante, especializado en cuestiones impositivas y aduaneras, y dice en concreto que las retenciones son inconstitucionales sin pasar antes por el Congreso. Aunque la decisión puede ser revisada por instancias superiores”.
Sobre las cuestiones más técnicas de la resolución, Torello explicó que «el fallo dejó la puerta abierta para que los productores puedan accionar, porque establece un principio importante, al considerar que los exportadores son sujeto de derecho del gravamen y los agricultores sujetos de hecho. Por eso, si entre exportadores y productores se pusieran de acuerdo podrían reclamarle al Estado para que devuelva todos los derechos de exportación (DEX) que fueron puestos por decreto”.
Buryaile subrayó: “A la retención, Bunge la tendría que poder cobrar porque la pagó formalmente, pero se la descontó al productor, que es el perjudicado directo. Porque esto es un impuesto a la exportación, pero se puede demostrar perfectamente que termina pagando el que le vende al exportador”.
Torello advirtió que los últimos incrementos de las alícuotas, que pasaron del 30% al 33% durante 2019 en el caso de la soja, fueron puestas por ley, por lo que en ese caso no cabría la posibilidad de un reclamo legal. “Pero todo lo referido a cortarle el poder discrecional al Ejecutivo es muy importante, ya que de ahora en más tendrá que pasar por el Legislativo”.
Pero Buryaile interpreta que las actuales retenciones también carecerían de legitimidad, ya que esa norma le dio autorización por 2 años al Ejecutivo para fijarlas, por lo que el Congreso debe establecer un nuevo esquema para que se sigan cobrando con un respaldo legal. “La norma fue ratificada por un espacio de tiempo, pero hoy siguen vigentes, sin facultades del Ejecutivo para poder fijarlas”.
Desde la mesa de enlace piden terminar con el “abuso impositivo”
Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, celebró el fallo y afirmó: “Esto de establecer medidas con una lapicera desde una oficina, costumbre de éste y otros gobiernos, es una situación que ha puesto al campo de rodillas. Necesitamos que la Justicia tome protagonismo, vamos a apoyar esta decisión con toda la fuerza de la ley, impulsando una estrategia política, judicial y legislativa para terminar con este abuso impositivo”.
En tanto, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, dijo que se trata de “un fallo que esperábamos con mucha expectativa” y reflejó que están “averiguando con distintos estudios jurídicos, porque son los productores directamente los que deben llevar adelante estas acciones. Como en todo este tipo de situaciones, siempre hay dos bibliotecas y una cuestión económica de por medio. Estos trámites no son sencillos ni baratos, por lo que tampoco queremos lanzar a los productores a que asuman un costo sin tener algún tipo de garantía del resultado a obtener”
– Clarín Rural