Un análisis de la Sociedad Rural muestra el efecto de los derechos de exportación en empresas muy castigadas por la seca.
Desde el distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) indicaron que el Estado se lleva el 87% del “margen neto operativo” de la soja “antes de impuestos” en esa provincia. Asimismo, esa cifra llega al 122% en casos de caídas del rendimiento de hasta un 30% por la sequía, como sucede actualmente en distintos puntos del país.
En el caso del maíz, señalaron, las administraciones nacional y provincial se quedan con el 76% del “margen neto operativo antes de impuestos”. Mientras que ante el supuesto de una seca que afectara al 40% del rendimiento, como también ha ocurrido en esta campaña, el fisco termina absorbiendo en tributos “el 710% del margen neto operativo, llevando al productor a la quiebra total, por pagar los impuestos de una producción que no existió”.
“Esto es así porque el 60% del total de los impuestos que asume una hectárea de maíz son distorsivos, mientras que en el caso de la soja es del 80%”, indicaron. Asimismo, el informe recordó que, en la pasada campaña 2020/21, los productores de Entre Ríos transfirieron por derechos de exportación US$ 441 millones.
El objetivo de la entidad rural, tomando como caso testigo a Entre Ríos, fue mostrar el “impacto impositivo en el marco de los fenómenos climáticos que están aconteciendo”. Sobre eso, explicaron: “Si a la asfixiante presión impositiva se le suma una seca, el resultado es un productor descapitalizado y una economía en peligro, mientras el Gobierno nacional y provincial continúan recaudando”.
La soja y el maíz pagan 19 impuestos en Entre Ríos
Para describir la “situación desesperante que atraviesa un alto porcentaje de los productores de todas las regiones afectadas”, se tomaron como referencia a la soja y el maíz en establecimientos de hasta 500 hectáreas, y se cuantificaron los impuestos que ingresan al fisco de lo producido por hectárea cultivada.
La Sociedad Rural detalló que la producción de ambos cultivos debe pagar, por campaña, 19 impuestos: 9 nacionales, como las retenciones, ganancias, ganancias por arrendamiento o el impuesto al cheque, entre otros, y 9 provinciales, como el inmobiliario rural, ingresos brutos, sellos al contrato de compra y venta entre. A todo eso, se le suma el costo financiero que incurre el productor por el sistema de reintegro y pago del IVA.
“Teniendo en cuenta los impuestos a afrontar, de lo que genera una hectárea agrícola en la provincia se observa que la presión tributaria ya es altísima en una situación normal y que esta se acentúa, hasta poner al productor en situación de quebranto ante fenómenos exógenos tales como eventos climáticos adversos o una caída de los precios internacionales”, remarcaron.
El foco en la supuesta inconstitucionalidad de las retenciones
Desde el distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural volvieron a poner el eje en un punto que ya ha sido tratado por la mesa de enlace y bloques opositores en el Congreso: la supuesta “falta de sustento legal” de las retenciones a la exportación tras el rechazo del Presupuesto 2022 que extendía por 2 años las facultades del Ejecutivo para fijarlas.
“En el marco de la presión impositiva asfixiante que sufre el sector agropecuario en nuestro país, cargas rígidas como las retenciones, que se han quedado sin sustento legal tras el vencimiento, el 31 de diciembre pasado, del plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública, sumadas a una sequía o incendios como los que azotaron y aún azotan a los cultivos de varias provincias en estos meses, generan un impacto que atenta contra la rentabilidad de la actividad, siendo el que recauda el único ganador”, analizó la entidad agropecuaria.
Al respecto, enfatizaron: “Todo esto, lejos de poder caminar hacia un sistema tributario más equitativo, no hace más que profundizar la rigidez y presión sobre un sector productivo que genera actividad económica en el interior, cuantiosas divisas para el país y numerosos puestos de trabajo directo e indirecto”.
El director de la SRA por esa provincia, Juan Diego Etchevehere, agregó: “Las retenciones y la batería de impuestos que paga la actividad demuestran que el Estado siempre recauda aunque no haya rentabilidad. Por esta razón, es que reclamamos una genuina reforma tributaria ante la emergencia que se está viviendo, solicitando la eliminación de los impuestos distorsivos en la provincia de Entre Ríos y a nivel nacional”.
“La actividad productiva presenta hoy un escenario complicado para todos los entrerrianos, puesto que la alta carga tributaria expone una situación de gran desequilibro en el sistema de producción y oferta de alimentos, y con ella una pronunciada inestabilidad en las variables macroeconómicas”, comunicó la SRA.
Por eso, los ruralistas señalaron que necesitan que se debata “un sistema impositivo nuevo y más simple, que evite las duplicaciones de la materia imponible y elimine los impuestos distorsivos con el objetivo de disminuir la presión tributaria en los productores”.
Fuente: TNCampo
– Clarín.com Rural – TNCampo