Desde el Concejo Deliberante de Coronel Suárez se aprobó una ordenanza que, por un lado, establece una zona de exclusión en lo que es la región periurbana, donde está prohibida la aplicación de agroquímicos. Por el otro, apunta a conseguir lo que se reclama desde hace años: predisposición de las empresas del área para que se movilicen, con sus depósitos, a zonas alejadas del casco urbano.
En diálogo con Sofía Ochoteco, una de las concejales del bloque Frente de Todos MPV que trabajó en el particular, La Nueva Radio Suárez ahondó en detalles del tema, tras que la entrevistada destacara que se trata de “un tema que requiere conciencia comunitaria, por lo que está bueno actualizarlo y seguir hablándolo”.
En principio resaltó el trabajo conjunto hecho por todo el cuerpo de concejales del recinto local: “Si bien considero que el Frente de Todos tuvo una gran iniciativa con éste tema cuando arrancamos la gestión, si o si tuvo que estar acompañado de otros actores” dijo, reconociendo a las organizaciones sociales que fueron partícipes haciendo asambleas y visibilizando la problemática.
“Esto tiene una historia de mucha gente que ha batallado para que el tema esté en la agenda pública y de ahí, empujar las decisiones políticas” resaltó Ochoteco; agregando un reconocimiento “al espacio Juntos por el Cambio, que tiene una representación en el sector agropecuario y ha hecho el esfuerzo de acompañar y de que éstos dictámenes hayan salido con dictamen único. Hemos encontrado acuerdos, más allá de las resistencias iniciales”.
Sobre las regulaciones, la concejal entrevistada aseguró que están contentos “porque la ordenanza de regulación de las aplicaciones creaba un Consejo Asesor, que recibe a los productores que piden la excepción de aplicar una vez por año y analizar esa situación”.
Al respecto, afirmó que “funciona muy bien porque hay un órgano de control compuesto por concejales, ejecutivos, miembros de organizaciones sociales”.
Se trata ese de un espacio concreto que recibe a los productores que así lo requieran para aplicar en las zonas de exclusión.
En relación a los envases, recordó la inauguración del Centro de Acopio Transitorio (CAT), aunque señaló que “la mayor dificultad tiene que ver con el lavado de los envases”. Es decir, que lleguen limpios y libres de los restos de producto que contienen, y ese es un trabajo que debe hacer el productor.
“El CAT necesita recibirlos después de ser lavados, porque se trata de residuos especiales que requieren de un tratamiento” explicó Ochoteco, al tiempo que refirió al tercero de los hechos que abordaron a lo largo de los últimos dos años referido a este trabajo: se trata de la regulación de los depósitos.
“Sabemos que hay depósitos en el casco urbano y lo que la ordenanza prevé es que hay un plazo de tres años para que se trasladen. Es decir, de aquí a tres años, no debería haber ningún depósito de agroquímicos más en el casco urbano” explicó Ochoteco, poniendo el foco en que, “pasado un año, para el 24 de Noviembre de 2022, el empresario ya tiene que haber empezado a construir el nuevo depósito. Es decir, los órganos de control tienen que dar un primer paso en el marco de un año”.
Tras eso, cada año, el productor deberá presentar un informe de avances. Es decir, no es que pasará el transcurso de tres años para ver qué sucede, sino que se estará trabajando y acompañando en los años consecutivos.
Consultada sobre qué sucede con la posibilidad de que, tras la inversión que deberán hacer productores, alguien construya una casa de vivienda en cercanías a ese espacio, la entrevistada contó que se trató ese de uno de los debates más importantes: “Había que proteger, desde la ordenanza, al productor, y también a la población y al que hace la inversión” explicó, sosteniendo que “definir un sector, en Coronel Suárez, para depósitos, y la prohibición de construir zonas residenciales en espacios aledaños” fueron las decisiones más difíciles de concretar.
Al preguntarle sobre si esas zonas ya están definidas, la funcionaria afirmó, profundizando que, “para el acopio, distribución, y expendio, la banda de ruta establece que se podrán ubicar sobre la ruta N° 67, desde la intersección con la ruta N° 85, en dirección a la ciudad de Pigüé. Sobre la ruta N° 85, a un mínimo de 600 metros de la intersección de la ruta con la rotonda de Alfonsina Storni y Teodosio Alaniz, en dirección a Pasman. Y sobre la ruta N° 85 en intersección la N° 67, hasta la rotonda de acceso a Santa María”.
En esa línea, sobre la elaboración, formulación, y fraccionamiento, Ochoteco aclaró que deberán instalarse en áreas complementarias o rurales: “Esto, que es lo más contaminante, debe estar más lejos, en lo que se conoce como áreas complementarias y rurales”. Es decir, la ordenanza establece que los depósitos deben estar en una zona rural, a 250 metros como mínimo de una zona residencial, de una Escuela, o de un centro recreativo: “En una zona rural no puede haber un depósito más cerca de los 250 metros de una Escuela” aclaró.
Se trata de una regulación que también depende de la actividad que se realice en cada depósito. Aunque es una situación diferente respecto de quienes ya están instalados en esas zonas que fueron delimitadas como prohibitivas para residentes.
Sobre ello, la concejal entrevistada dijo que “lo que hay que proteger ahí es que en los nuevos loteos que hay en Santa Trinidad, las nuevas casas que se construyan queden, como mínimo, a 250 metros de ese depósito”.
Así, se buscará que no se sigan construyendo viviendas, y se acercarán a quienes ya están instalados: “Hubo algunas reticencias, pero se ha hablado personalmente y con cada uno en particular” contó Ochoteco, agregando que “se entiende que es un planteo instalado en la sociedad y es imposible convivir con un depósito en el casco urbano”.
Consultada sobre cómo se resolvieron esos casos de resistencia, la entrevistada detalló que explicando el proyecto en reuniones particulares y dando la garantía de que, una vez hecha la inversión, “no va a haber ninguna contra ordenanza”.
Vale destacar que los órganos de control son: CASAFE, que ordena el marco normativo; mientras que a nivel municipal hay cuatro áreas involucradas: Bromatología, Inspección General, Medio Ambiente y Obras Públicas: “Hay un circuito de control municipal, y la ordenanza establece denuncias y sanciones, así como los requisitos para instalarse. Deja todo asentado a quienes vayan a hacer la instalación de aquí a los próximos tres años”
– La Nueva Radio Suárez 101.3